El nuevo mandato de Donald Trump ha revivido el temor entre millones de migrantes indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos. Con la promesa de ejecutar “el mayor operativo de deportación en la historia del país”, el expresidente ha puesto en la mira a más de 13 millones de personas, incluyendo a quienes llevan décadas en el país sin estatus legal y a los jóvenes que crecieron en suelo estadounidense sin otra patria que la que conocen. Con información de la BBC.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alrededor de 11 millones de migrantes vivían sin documentos en 2022. Organizaciones como el Migration Policy Institute estiman que esa cifra podría superar los 13 millones en 2025. El plan de Trump contempla deportar a un millón de personas al año, comenzando por aquellas con antecedentes penales. Pero los expertos advierten que su implementación sería caótica y costosa: el American Immigration Council calcula un gasto de hasta 88 mil millones de dólares anuales y más de una década de operativos para alcanzar esa meta.
La mayoría de estos migrantes han construido una vida en EE.UU.: el 79% lleva más de 12 años en el país, muchos tienen hijos nacidos en territorio estadounidense y forman parte esencial de sectores como la agricultura, la construcción o los servicios. Aun así, carecen de acceso a beneficios, viven bajo amenaza de separación familiar y son objeto de discursos políticos que los criminalizan.
Trump ha eliminado protecciones como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario para más de medio millón de personas provenientes de países como Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. Además, ha iniciado conversaciones con gobiernos de la región para forzar la recepción de deportados. En este contexto, muchas familias de estatus mixto —con algunos miembros ciudadanos y otros indocumentados— enfrentan el dilema de una posible ruptura.
El sistema migratorio estadounidense no ha sido reformado en casi 40 años. Las vías legales para regularizarse son limitadas y lentas: reunificación familiar, visas laborales, lotería de visas o solicitudes de asilo. Para millones, ninguna opción es viable.
A pesar de las amenazas, la mayoría de los migrantes no planea irse. Su vida, trabajo y familia están en Estados Unidos. Como afirma una joven mexicana indocumentada, graduada en la Universidad de Columbia: “Voy a aprender de leyes para cambiar el sistema desde adentro”.
La política de deportaciones masivas, lejos de ofrecer soluciones, amenaza con fracturar comunidades, destruir economías locales y provocar una crisis humanitaria a gran escala. Mientras tanto, millones de personas esperan una reforma que les dé la oportunidad de vivir sin miedo en el país que ya consideran su hogar.
