La Comisión Europea impuso el lunes multas por un total de 700 millones de euros a las gigantes tecnológicas estadounidenses Apple y Meta por violaciones a la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), una normativa diseñada para limitar el poder de los grandes actores digitales. La sanción llega en un momento delicado en las relaciones transatlánticas, pese a que Bruselas insiste en que estas medidas no están vinculadas a las negociaciones arancelarias actualmente en curso con Washington. Con información de DW.
Apple recibió una multa de 500 millones de euros por imponer restricciones a los desarrolladores de aplicaciones, impidiéndoles informar a sus usuarios sobre ofertas más baratas fuera de la App Store. La Comisión concluyó que esta práctica vulnera directamente la DMA. Además, criticó el nuevo sistema de distribución de aplicaciones de Apple, señalando que las condiciones actuales para tiendas de terceros siguen siendo restrictivas y disuasorias, en particular por la introducción de una tarifa adicional para proveedores externos.
Por su parte, Meta fue sancionada con 200 millones de euros por su modelo de consentimiento impuesto a los usuarios de Facebook e Instagram. La opción de “aceptar el uso de datos o pagar” fue considerada por la Comisión como una medida que no garantiza una elección libre y genuina, violando los principios establecidos por la ley.
Las investigaciones no se limitan a estas dos empresas. Alphabet —matriz de Google— está siendo investigada por favorecer sus propios servicios en los resultados de búsqueda y por prácticas anticompetitivas en Google Play. También se mantiene bajo observación la plataforma X (antes Twitter), propiedad de Elon Musk, en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que regula la moderación de contenidos ilegales en línea.
Aunque Bruselas insiste en separar estas acciones regulatorias de las tensiones comerciales con Estados Unidos, algunos analistas advierten que, en ciertos sectores políticos europeos, estas herramientas legales comienzan a ser vistas como instrumentos de presión. Aun así, la Comisión insiste en que su objetivo es proteger los derechos digitales de los ciudadanos de la UE, no negociar principios democráticos en la mesa comercial.
En paralelo, vuelve al debate la posibilidad de una tasa digital a nivel europeo o global, que grave los beneficios de las big tech en los países donde operan. Aunque una propuesta previa fracasó en 2018, la OCDE ha retomado la discusión, lo que podría añadir una nueva capa de tensión al ya complejo escenario global de la economía digital.
