Casi 4.000 millones de dólares podrían perderse en los procesos judiciales abiertos en tribunales de Estados Unidos que involucran a funcionarios vinculados a los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de acuerdo con información de la organización Iniciativa Para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAV). Con información de El Pitazo.
Según INRAV, que rastrea órdenes de decomiso de fondos en cortes estadounidenses, hasta marzo de 2025 había 72 casos activos promovidos por el Departamento de Justicia, concentrados en Texas, Florida, Nueva York, Connecticut y Missouri. El monto total bajo orden de decomiso asciende a 3.999.833.385,33 dólares.
El caso más voluminoso es el relacionado con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), donde están implicados Álvaro Pulido, José Gregorio Vielma Mora, Enmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano y Ana Guillermo Luis. Solo en este expediente, las autoridades estadounidenses señalan un esquema de corrupción que movió 1.600 millones de dólares, de los cuales 180 millones habrían sido transferidos a cuentas bancarias en Estados Unidos.
Le sigue el caso de Alejandro Andrade Cedeño, extesorero nacional entre 2007 y 2010, quien admitió haber recibido sobornos por cerca de 1.000 millones de dólares, buena parte de los cuales ocultó en propiedades y cuentas en el sur de Florida. Andrade todavía mantiene pendiente obligaciones financieras que no han sido saldadas completamente.
Otros procesos involucran a figuras como Álex Saab y Álvaro Pulido —en otra causa vinculada al caso CLAP— por más de 362.6 millones de dólares; Claudia Díaz, extesorera de Hugo Chávez, por más de 136 millones de dólares; Luis Díaz y Luis Díaz Jr., por más de 100 millones de dólares en esquemas de corrupción en PDVSA; y más de 80 millones de dólares relacionados con el pago de sobornos en Telefónica Venezolana.
En el caso PDVSA-Citgo, iniciado en 2015 tras la detención de Roberto Rincón y Abraham Shiera, también figuran otros venezolanos como Luis Carlos de León y Gonzalo Morales-Divo, todos acusados de corrupción y lavado de activos. Solo en este entramado, los involucrados entregaron cerca de 300 millones de dólares.
Florida concentra el mayor número de casos: 32 expedientes y más de 3.500 millones de dólares, casi el 90 % del total bajo decomiso, seguida de Nueva York, que acumula 11 casos y más de 238 millones de dólares.
La evolución de estos casos puede seguirse a través del Venezuela Loot Tracker, una base de datos impulsada por INRAV en alianza con Transparencia Venezuela y el Corruptómetro, que recopila información sobre los activos decomisados en Estados Unidos vinculados a la corrupción venezolana.
Como parte de las estrategias para recuperar los fondos, INRAV impulsa la creación de un fondo especial que gestionaría al menos 1.000 millones de dólares del monto total. En 2023, el senador Ted Cruz introdujo la Ley PANA para apoyar este objetivo. No obstante, el Departamento de Justicia aún no ha divulgado con precisión cuánto dinero ha logrado recuperar, aunque se estima que alrededor de 400 millones de dólares provienen de subastas de bienes incautados a Alejandro Andrade.
Mientras tanto, Venezuela sigue figurando entre los países más afectados por la corrupción a nivel mundial. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, elaborado por Transparencia Internacional, el país se ubicó en el tercer lugar entre los peores del mundo, solo por detrás de Sudán del Sur y Somalia, con una puntuación de apenas 10 puntos, reflejando un empeoramiento respecto al año anterior.
