La administración del presidente Donald Trump ha revocado la licencia que permitía a Trinidad y Tobago operar junto a Venezuela en campos gasíferos ubicados en aguas del Caribe, una decisión que afecta directamente los acuerdos de explotación energética suscritos con las transnacionales BP y Shell. Así lo anunció el primer ministro trinitense, Stuart Young, quien confirmó que fue notificado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sobre la anulación del permiso otorgado en diciembre de 2023. Con información de AFP.
La medida, que se suma a acciones recientes contra empresas como Chevron, Repsol y Maurel & Prom, marca un nuevo endurecimiento de las sanciones impuestas contra el régimen de Nicolás Maduro. En su regreso a la Casa Blanca, Trump ha retomado su estrategia de presión máxima, desmantelando las flexibilidades temporales implementadas durante el mandato de Joe Biden, en un contexto de crisis energética global.
“Solicité una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, para abordar esta decisión. No tengo más detalles, pero estamos en contacto con nuestros abogados en Washington”, expresó Young durante una rueda de prensa.
La revocatoria de la licencia pone en pausa proyectos clave para Trinidad y Tobago, el segundo mayor productor de gas del Caribe. Entre ellos, destacan los acuerdos para desarrollar los campos Cocuina-Manakin en la Plataforma Deltana —zona fronteriza con vastas reservas estimadas en un billón de pies cúbicos de gas natural— y el yacimiento Dragón, al noreste de Venezuela, que contiene unos 120 millones de metros cúbicos de gas.
El convenio suscrito por la estatal trinitense NGC con la venezolana PDVSA y la participación de BP buscaba aprovechar el potencial energético de Cocuina-Manakin, mientras que el contrato con Shell en el campo Dragón permitiría a ambos países impulsar la exportación de gas desde territorio venezolano. Trinidad y Tobago incluso había revelado que pagaba más de un millón de dólares anuales en impuestos a Venezuela como parte de estos acuerdos.
Ahora, la decisión de Washington representa un golpe para la estrategia energética del país caribeño y refleja el nuevo rumbo de la política estadounidense hacia Venezuela bajo la administración Trump. En este contexto, el futuro de los proyectos energéticos binacionales queda en suspenso, a la espera de una eventual renegociación diplomática o una flexibilización de las sanciones.
