Mientras crece el hacinamiento y la desesperación dentro de centros como el de Krome, en Florida, un negocio multimillonario se afianza en la sombra: la industria privada de la detención migratoria. Según reportes recientes, el gobierno de Donald Trump ha redoblado los arrestos de inmigrantes sin presentar aún un plan concreto para las deportaciones masivas que prometió durante su campaña. Sin embargo, sí ha dejado clara una estrategia: expandir la infraestructura carcelaria para alojar a decenas de miles de personas, lo que beneficia directamente a contratistas federales como Akima Global Services. Con información de AP.
Con una capacidad oficial de 600 personas, el centro de Krome alberga hoy cerca de 1.700 migrantes en condiciones descritas como inhumanas: falta de alimentos, agua potable, atención médica y espacios de descanso. Videos filtrados y testimonios directos revelan hacinamiento extremo, insalubridad y aislamiento prolongado. “Estamos prácticamente secuestrados”, decía Osiris Vázquez en un video viral grabado dentro del centro.
Frente a esta crisis, la administración Trump ha cerrado oficinas clave de supervisión y ha emitido una solicitud de licitación por 45 mil millones de dólares para ampliar su red de detención a 100 mil camas. Empresas privadas —como Akima Global Services, que ya recibe contratos por más de 2 mil millones de dólares— se preparan para una expansión acelerada, a pesar de que muchos de estos centros sufren desde hace años una escasez crónica de personal.
La política migratoria, lejos de estar centrada en soluciones humanitarias o legales, está convirtiéndose en una industria lucrativa. Los arrestos aumentan, pero las deportaciones se estancan. Mientras tanto, cientos de personas son trasladadas sin garantías ni atención médica adecuada. Solo en lo que va de año, tres detenidos han muerto bajo custodia del ICE, dos de ellos en Krome.
El caso de Maksym Chernyak, un ciudadano ucraniano que murió tras ser internado en Krome, evidencia la negligencia sistemática. Sufría de hipertensión, y a pesar de sus quejas y el evidente deterioro físico, apenas recibió atención médica. La autopsia reveló que murió por complicaciones de un derrame cerebral agravado por la falta de tratamiento.
Defensores de derechos humanos, como Michelle Brané —última Defensora del Pueblo durante la administración Biden—, han advertido que sin mecanismos de supervisión, las muertes y abusos seguirán aumentando. “Es una receta para el desastre”, sentenció.
Aunque los operadores federales afirman que ajustan sus operaciones para garantizar condiciones dignas, los testimonios de migrantes deportados contradicen esa versión. Huber Argueta-Pérez, un guatemalteco detenido tras dejar a sus hijas en la escuela en Miami, relata cómo pasó nueve días enfermo, durmiendo en el suelo sin atención médica: “Cuanto más nos quejábamos, peor era el castigo”.
Pese a las denuncias, las licitaciones siguen abiertas, las empresas siguen facturando y los migrantes siguen llegando. El negocio de las cárceles migratorias avanza, impulsado por un discurso político que reduce a seres humanos a cifras, y a sus cuerpos, a mercancía.
