La minería ilegal de oro no solo devasta ecosistemas y pone en riesgo a comunidades indígenas en América Latina, también nutre redes financieras ilícitas que encuentran refugio en centros como Miami, Londres o las Islas Vírgenes Británicas. Así lo advierte Julia Yansura, directora del Programa sobre Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas de la organización estadounidense FACT Coalition. Con información de Mongabay.
En entrevista con Mongabay Latam, Yansura lamentó que su país funcione como un engranaje clave en el ciclo del lavado de dinero proveniente de delitos ambientales. “Lo que hemos observado en los últimos meses en Estados Unidos son cambios sistémicos que debilitan medidas antilavado. Esto permite que el dinero sucio entre sin que nos demos cuenta”, afirmó.
El fenómeno, según la experta, no es marginal. Los delitos ambientales —como la minería y tala ilegal— constituyen la tercera economía ilícita más grande del mundo, con ingresos que superan los 281 mil millones de dólares anuales. En países como Colombia y Perú, la minería ilegal ya supera en rentabilidad al narcotráfico, y el oro se ha convertido en la nueva vía preferida para lavar dinero: tiene alto valor, es fácil de transportar y en apariencia, completamente legal.
Yansura explica que los grupos criminales utilizan empresas fantasma o comercializadoras registradas formalmente para dar apariencia de legalidad al oro de origen ilícito. Una vez “blanqueado”, ese oro se exporta a mercados internacionales, y los ingresos derivados ingresan a circuitos financieros que incluyen el sector inmobiliario. “Hemos evidenciado cómo estos flujos ilícitos se canalizan en la compra de propiedades en zonas costeras o naturales, tanto en América Latina como en Estados Unidos”, dijo.
A pesar de los esfuerzos de algunos países de la región para implementar registros de beneficiarios finales —clave para identificar a los verdaderos propietarios de empresas usadas para el lavado— la administración Trump ha debilitado las medidas antilavado dentro de EE. UU., limitando su alcance a una ínfima parte del universo empresarial.
La especialista también alerta sobre el vínculo entre estos delitos y el financiamiento de grupos armados no estatales e incluso terroristas. “La minería ilegal está generando miles de millones de dólares para estas organizaciones. No es solo un tema ambiental, es un tema de seguridad regional”, señaló.
Frente a este escenario, Yansura insiste en que las acciones policiales aisladas en los territorios de extracción no son suficientes. “Destruir maquinaria en la selva no frena estas economías. La clave está en seguir la ruta del dinero y cortar las finanzas de estas organizaciones. Solo así podemos atacar de raíz este sistema criminal que fortalece el crimen organizado y erosiona las democracias de la región”.
