En un movimiento que podría redefinir la aplicación de la ley anticorrupción en Estados Unidos, el fiscal general de California, Rob Bonta, anunció que comenzará a aplicar las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) bajo la Ley de Competencia Desleal (UCL) del estado. La decisión llega tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 10 de febrero de 2025 que suspendió temporalmente la aplicación federal de la FCPA, lo que provocó la revisión, aplazamiento e incluso desestimación de casos relacionados por parte del Departamento de Justicia (DOJ). Con información de National Law Review.
A través de un aviso legal publicado el 2 de abril, la Fiscalía de California dejó claro que los actos de corrupción internacional no quedarán impunes dentro del territorio estatal, incluso si el gobierno federal detiene su persecución. En el documento, Bonta señala que las empresas con operaciones en California siguen sujetas a las obligaciones de la FCPA y que su incumplimiento puede ser sancionado como una práctica ilegal, injusta o fraudulenta según la UCL.
La puerta a un nuevo tipo de litigio
A diferencia del marco federal, la UCL permite tanto al Estado como a particulares presentar acciones legales contra empresas que incurran en mala conducta, siempre que puedan demostrar un perjuicio económico relacionado. Esto abre la posibilidad a un nuevo tipo de litigio civil, en el que los demandantes podrían utilizar violaciones a la FCPA como base para demandas estatales por competencia desleal.
El aviso de Bonta es una señal clara para el sector empresarial: aún con la suspensión federal, el cumplimiento de normas anticorrupción sigue siendo una obligación legal en California. Se espera que las compañías previamente involucradas en investigaciones federales —ahora pausadas o desestimadas— sean los objetivos inmediatos de esta nueva ofensiva.
¿Una tendencia nacional?
Aunque por ahora California lidera esta iniciativa, la pregunta clave es si otros estados seguirán el mismo camino. La mayoría cuenta con leyes similares a la UCL, conocidas como UDAP (Unfair and Deceptive Acts and Practices), que podrían servir de base legal para replicar el enfoque californiano. Fiscales generales estatales ya han demostrado ser actores activos cuando las prioridades federales se desvían de temas sensibles como la protección al consumidor o la integridad pública.
No obstante, los retos son considerables. Los fiscales estatales no cuentan con los recursos ni con la coordinación internacional del DOJ, lo que podría limitar la eficacia de sus investigaciones en casos complejos de soborno transnacional.
Nuevo panorama: entre la fragmentación y el reforzamiento
Mientras tanto, el propio Departamento de Justicia también ha modificado su política interna: ahora permite que cualquiera de las 94 Fiscalías Federales del país inicie procesos relacionados con la FCPA si pueden demostrar que los sobornos están vinculados a organizaciones criminales internacionales. Esta descentralización, sumada a la nueva ofensiva de California, podría generar un escenario legal fragmentado, con múltiples jurisdicciones actuando por separado, pero también más presión sobre las empresas para garantizar el cumplimiento.
Un llamado a la acción corporativa
En este contexto, los expertos advierten que las compañías que operan a nivel global deben revisar urgentemente sus programas de compliance anticorrupción. No solo deberán considerar los riesgos de la aplicación federal, sino también prepararse para investigaciones estatales, litigios civiles y demandas individuales basadas en leyes como la UCL.
La pausa federal no significa inmunidad. La aplicación de la FCPA ha encontrado una nueva vía en California —y quizás pronto en otros estados—, recordando a las empresas que la rendición de cuentas por prácticas corruptas puede venir desde distintos frentes.
