La posibilidad de que Haití se transforme en un narco-Estado plenamente consolidado ya no es una simple advertencia. Múltiples informes internacionales y testimonios recogidos por medios locales como Le Nouvelliste revelan una simbiosis alarmante entre el crimen organizado, actores políticos y redes transnacionales de narcotráfico que han capturado parte del aparato estatal. Con información de Diario Libre.
El control territorial de las pandillas se ha traducido en una peligrosa influencia política. En el centro de esta transformación se encuentran figuras como Jeff Larose, alias Jeff Canaan, integrante de la banda de Izo, quien participó en el asalto a la comuna de Saut-d’Eau en 2023, motivado por la recuperación de armas y cocaína. Hoy, Canaan controla esa localidad, y junto al también temido jefe de pandilla Lanmo San Jou, ha extendido su dominio a zonas como Mirebalais, donde se han registrado atrocidades como el uso de cráneos humanos para jugar fútbol.
En marzo de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que parte de la violencia en Haití está siendo financiada por el narcotráfico proveniente de la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Esta conexión ha permitido a las bandas haitianas recibir recursos y armamento a cambio de facilitar el tránsito de drogas hacia Estados Unidos.
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identifica a una élite político-militar haitiana vinculada al narcotráfico desde los años 80. Exmilitares, antiguos miembros de inteligencia, parlamentarios y empresarios han actuado como intermediarios logísticos para los carteles colombianos. Algunos de ellos han operado en Haití y EE. UU., y continúan activos hasta hoy.
Uno de los casos documentados involucra a un empresario condenado en 2004 por traficar 30 toneladas de cocaína entre Haití y Estados Unidos. Fue liberado y deportado a Haití en 2015, donde retomó sus actividades. La obtención de cargos públicos se ha convertido en una estrategia para garantizar impunidad, y tras las elecciones presidenciales de 2011 se reestructuró el aparato de inteligencia para ponerlo al servicio del narcotráfico. Policías corruptos fueron integrados como asesores en la Unidad de Seguridad del Palacio Nacional.
Uno de los expresidentes haitianos más recientes —descrito como exmúsico y sancionado por Canadá y Estados Unidos— ha sido acusado de facilitar operaciones de narcotráfico y proteger redes criminales desde su cargo. Se le señala de utilizar un hotel en Puerto Príncipe como centro de lavado de dinero para carteles colombianos.
Entre las estructuras criminales con mayor trayectoria se encuentra La Familia, un grupo activo desde los años 90, dedicado al tráfico aéreo de cocaína mediante vuelos comerciales. Sus vínculos con instituciones estatales y privadas permitieron montar una red que trasladaba droga desde Colombia hacia Estados Unidos con escala en Haití. Varios de sus miembros han sido sancionados por las autoridades estadounidenses y canadienses.
En este contexto, las fronteras entre el crimen y el poder en Haití son cada vez más difusas. Las pandillas financian campañas, asesoran a políticos y controlan territorios clave. La institucionalidad parece superada por la magnitud de la violencia, la corrupción y el flujo de dinero ilícito. Frente a este escenario, Haití ya no es un Estado en crisis: es un Estado capturado por las redes del crimen.
