El abogado Rafael Tudares fue secuestrado por funcionarios encapuchados del régimen de Maduro el pasado 7 de enero, en Caracas. Su familia no tiene información oficial sobre su paradero y su integridad física. Estamos ante una desaparición forzada en pleno siglo XXI, hecho lamentable pero cada vez mas frecuente en la Venezuela controlada por Maduro.
Tudares fue interceptado en plena vía pública, en compañía de sus hijos menores. No hubo orden judicial. No hubo explicación. No hubo garantías. Su único “delito” es ser yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia.
Lo ocurrido con Tudares confirma un patrón ya establecido: la represión no distingue jerarquías, edades ni grados de participación política. Basta estar cerca del poder alternativo o de la disidencia democrática para convertirse en blanco de una maquinaria de persecución que opera grotescamente al margen de la Constitución. Ya no es solo la criminalización del pensamiento disidente; es también la criminalización del entorno, de la afinidad, del parentesco.
Como lo hemos venido denunciando desde hace años, en Venezuela se ha venido desmontando el Estado de derecho para sustituirlo por un Estado delincuente. Es decir, un Estado terrorista que persigue y reprime a quienes piensan distinto y ejercen la crítica como derecho constitucional.
Como tantas otras madres, esposas, hermanas e hijas , Mariana González, esposa de Tudares, ha recorrido centros de detención, tribunales y organismos de seguridad en busca de información. Ha recibido, en todos los casos, evasivas o el silencio como única respuesta. Su testimonio no solo nos conmueve, también nos interpela. ¿Qué dice de nosotros como sociedad el hecho de que cualquier ciudadano, y en este caso un abogado, por solo tener un parentesco con el presidente electo Edmundo González, pueda ser borrado del mapa por la acción represiva del autócrata Nicolás Maduro?
Los tratados internacionales firmados por Venezuela, incluida la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, obligan al Estado a investigar, informar y sancionar este tipo de delitos. Pero en regímenes donde el poder judicial ha sido cooptado, esas obligaciones se convierten en letra muerta. Por eso es fundamental que la comunidad internacional mantenga su presión y su vigilancia. No se trata de interferencia, sino de corresponsabilidad ante violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Por eso, ratificamos nuestra exigencia de que se libere a todos los presos políticos, que según el
último reporte de la Ong Foro Penal, son 903: 815 hombres y 88 mujeres, de los cuales 736 son civiles, y 167 militares.
También que se otorgue salvoconducto a quienes se encuentran retenidos en la embajada de Argentina, asediados y reprimidos ( sin agua, sin luz, sin alimentos) para que puedan salir del país.
Mientras escribo este artículo nos llega la información, aunque no oficial, de que Rafael Tudares podría estar en la cárcel de El Rodeo. Su integridad física debe ser garantizada y su libertad debe ser restituida inmediatamente.
El autócrata Nicolás Maduro debe responder por cada día de incertidumbre, por cada noche de angustia vivida por su familia, por cada principio constitucional vulnerado. Tanto en el caso de Rafael Tudares , como en el de todos los otros presos políticos.
Edmundo González ha sido reconocido por la mayoría de los países, el parlamento español y por el europeo, como el candidato que ganó la elecciones presidenciales venezolanas del pasado 28 de julio. Maduro no solo se ha robado descaradamente las elecciones sino que también ataca cobardemente a los familiares del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.
