Un secretario judicial ha sido arrestado por apropiarse de 17 millones de euros en criptomonedas que habían sido incautadas durante la Operación Geld, un exitoso operativo de la Policía Nacional contra un joven neerlandés de 24 años acusado de estafar a organizaciones criminales desde Marbella. Con información de El País.
La historia comenzó en septiembre de 2023, cuando las autoridades detuvieron al joven ciberestafador, quien amasó una fortuna engañando incluso a mafias internacionales. En ese momento, los investigadores lograron confiscar carteras digitales que contenían criptomonedas provenientes de diversos fraudes. Las claves de acceso y los monederos fueron resguardados bajo custodia judicial, primero en un sobre sellado y posteriormente en una cámara acorazada en Madrid, bajo estricta vigilancia.
Pero en enero de este año, cuando la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) intentó monetizar los activos por orden judicial, se toparon con una desagradable sorpresa: los monederos estaban vacíos. La investigación interna apuntó rápidamente hacia un sospechoso: un secretario judicial suplente que trabajaba en el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Marbella.
Según fuentes del caso, el funcionario, que se definía a sí mismo como “criptoinversor”, aprovechó su acceso al sobre con las claves, retrasó su traslado a Madrid y, en algún momento del proceso, extrajo los fondos digitales. Los investigadores descubrieron que había adquirido una billetera propia para almacenar criptomonedas y ocultó las frases de recuperación —clave para acceder a los fondos— en una bola de papel escondida tras el marco de una puerta.
Las criptomonedas fueron finalmente recuperadas y puestas de nuevo bajo custodia. El secretario judicial fue citado a declarar el pasado 9 de abril en el juzgado de guardia de Málaga, donde quedó en libertad provisional pero suspendido de sus funciones. Enfrenta cargos por malversación de caudales públicos y por infidelidad en la custodia de documentos oficiales. Además, se ha solicitado su expulsión definitiva de la bolsa de trabajo del Ministerio de Justicia.
El caso, ahora en manos del Juzgado de Instrucción N.º 4 de Marbella, ha dejado al descubierto un agujero preocupante en la seguridad de los activos incautados por el Estado y plantea nuevas preguntas sobre los mecanismos de control dentro del sistema judicial.
