CuentasClarasDigital | Los medios de comunicación social (MCS) más importantes de Venezuela han sido comprados por empresas extranjeras, con muy poco capital, pero realizan operaciones de millones de dólares o euros. Nadie sabe, en el país, quiénes son los nuevos propietarios ni de dónde proviene el dinero. Ningún regulador financiero, como la Unidad Nacional de Inteligencia financiera de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), tampoco la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) han realizado una investigación ni han establecido responsabilidades, ante hechos que podrían estar vinculados a los graves delitos de legitimación de capitales. y corrupción.
Este planteamiento corresponde a la editora de CuentasClarasDigital, Margarita Woyciechowsky de Tablante, al intervenir en el Conversatorio sobre Libertad de Expresión, organizado por el Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas (CDDA), donde también participaron la periodista Marianela Balbi, el editor y escritor, Sergio Dahbar y el abogado Ramón José Medina, bajo la dirección de Leopoldo J Martinez Nucete, Presidente del Centro.
CDDA es una organización global sin fines de lucro, dedicada a crear una plataforma para promover investigación y cooperación que facilite nuevas ideas y la formación de nuevos liderazgos, comprometidos con un cambio democrático y sostenible en la región.
Durante su exposición, Margarita Tablante afirmó que la venta de medios de comunicación social en Venezuela constituye una violación de acuerdos internacionales firmados por Venezuela, como el de Cartagena, concretamente las decisiones 291 y 292 de 1991, las cuales establecen la prohibición de comprar medios, por parte de empresas extranjeras. Hay varios ejemplos como Ultimas Noticias y Globovisión, en el 2013 y el más reciente es El Universal, el periódico más antiguo del país, por mencionar los más relevantes. La compra de medios no es sólo en Caracas, la boliburguesía – expresión creada por el periodista Juan Carlos Zapata para referirse a funcionarios y empresarios asociados al gobierno – , está comprando periódicos, estaciones de televisión, radios y medios digitales en todo el país.
“Todo indica que en lugar de cerrar medios de comunicación social, el gobierno decidió comprarlos a través de aliados y testaferros, después de todo pareciera que el dinero no es un problema para ello”, enfatiza la comunicadora social.
Argumenta que debido “a la forma oscura y secreta como han ocurrido estas negociaciones, cualquier observador o usuario está en el perfecto derecho de sospechar y asumir que el dinero en juego está relacionado, de alguna manera, con la red de corrupción que ha penetrado al estado venezolano, como nunca antes, para saquear los fondos públicos con total impunidad. La ausencia de controles, la prevalencia de la ilegalidad y la impunidad han facilitado a la delincuencia organizada financiera penetrar las instituciones públicas y establecer un Estado Delincuente”.
Al abarcar la situación de los funcionarios corruptos y empresarios del sector privado que han participado en transacciones ilegales, con base en el diferencial cambiario, expuso que estos incluyen, desde la colocación irregular de fondos públicos en bancos de altos riesgos, lo que produjo la macro estafa del 2009- 2011, donde se dieron transacciones ilegales con títulos valores, bonos, notas estructuradas, autopréstamos, hasta las empresas de maletín en el caso de Cadivi, hechos reconocidos por el propio gobierno, y las oscuras negociaciones con el pago de la deuda externa venezolana.
— También hay que reconocer — puntualiza — que estos delitos financieros no habrían sido posibles sin la complicidad de agentes y bancos internacionales.
Los nuevos propietarios de los medios de comunicación social en Venezuela están cambiando la política editorial por otras, exclusivamente pro gobierno, con poco espacio para las voces disidentes o noticias que pudieran afectar la imagen del gobierno “De manera que cada vez es más difícil conocer la realidad venezolana, sobre los homicidios, corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros, entre otros delitos, que, lamentablemente, han convertido a Venezuela en uno de los países más peligrosos del mundo».
Sospecha de legitimación de capitales
— Todo esto corrobora que la compra de medios por parte de boliburguesía va más allá de establecer una supremacía comunicacional, para apoyar a sus cómplices en el gobierno. Además de congraciarse con el régimen, con la eliminación de periódicos, estaciones de televisión y radios independientes, realizan operaciones de compras que les permiten legitimar capitales de origen desconocido, muy probablemente asociadas a temas de corrupción. El control de los medios les permite además de proteger sus propios intereses, ahora y en el futuro frente a otros gobiernos. Estamos hablando del negocio perfecto.
Límites a la libertad de expresión
Explica Margarita Tablante que tratar de imponer límites a la libertad de expresión es algo que los gobiernos autoritarios han tratado desde la antigüedad. “La situación no es diferente con los gobiernos neoautoritarios. En la dictadura hay censuras previas, también en los regímenes comunistas, porque no tienen mayores problemas de limitar la libertad de expresión, ya que todos los medios de comunicación pertenecen al Estado, y a su vez. son el partido y el pueblo, según la opinión de sus dirigentes. En la democracia, la situación es mucho más difícil, porque entran una serie de protagonistas, como los periódicos, los partidos políticos, los grupos de presión que generan conflictos. La situación es mucho más difícil en materia de libertad de expresión. Esta situación ha obligado a los neoautoritarios a utilizar nuevos mecanismos para limitar la libertad de expresión”.
Revela que en el caso venezolano, el gobierno ha diseñado un conjunto de estrategias, con el objetivo de lograr el control total de la opinión pública, sin tener que pagar el alto precio político de tomar medidas represivas, preservando su imagen democrática o de lo que ella queda a nivel internacional, que es una de sus máximas preocupaciones. “Todo comenzó con el fallecido Presidente Hugo Chávez y ha empeorado con el actual presidente Nicolás Maduro. El régimen ha proclamado abiertamente que se trata de imponer una hegemonía comunicacional, inspirada en Antonio Gramsci, político marxista italiano”.
Sobre las estrategias que el gobierno venezolano ha desarrollado para alcanzar la supremacía comunicacional cita: la coacción legal contra periodistas, propietarios de medios de comunicación social y editores, a través de demandas judiciales, multas multimillonarias, amenazas de cárcel, como es el caso del Diario Tal Cual, “ uno de lo más evidentes injustos”. Asimismo, el retiro de la publicidad oficial y el bloqueo a los medios privados de comunicación social en conferencias de prensa y en las informaciones de instituciones públicas, el fomento de la represión por parte de la Policía Nacional, grupos militares, milicias y colectivos en contra de periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos. Además, los programas presenciales en medios de comunicación social que son transmitidos obligatoriamente.”Cualquier excusa, incluso la más trivial, puede ser motivo para una cadena”.
Derecho Penal del Enemigo
Margarita Tablante reitera que en Venezuela el 80 por ciento de los jueces son provisionales, y cita el caso de la jueza Afiuni que fue destituida y encarcelada durante cuatro años, sin un juicio justo, solamente porque el presidente Chávez así lo exigió a través de los medios. No es difícil encontrar un magistrado dispuesto a complacer al gobierno, por lo tanto prosperan estas demandas”.
— Algunos académicos — resalta — definen esta guerra del gobierno venezolano contra los medios privados de comunicación, como la aplicación del Derecho Penal del Enemigo, es decir, se trata de castigar, no a quien haya cometido un delito, sino al sujeto que parezca sospechoso o pueda llegar a cometer el delito, es decir, contra un ciudadano que ellos consideran peligroso. Todo esto tiene como objetivo la construcción de un aparato oficial de medios de comunicación lleno de propagandas del régimen y apoyar lo que se ha denominado la presencia mediática, iniciada por Chávez y continuada por Maduro.
Se trata – argumenta – de un nuevo estilo presidencial, para comunicarse y gobernar, casi exclusivamente desde un set de televisión. “Desde el comienzo de su presidencia en el año 2013, Maduro ha utilizado más 300 horas de televisión y de radio, es decir casi un 25 por ciento más que Hugo Chávez durante su último año en el poder, a un costo de casi 2 mil millones de bolívares”.
Recuerda que este proceso de control mediático se inició con el llamado Nuevo Mapa Estratégico del gobierno del Presidente Chávez, El modelo fue reforzado en el 2007 con El Plan Nacional Simón Bolívar y sigue creciendo con el actual Plan de la Patria, a través del Sistema de Información Bolivariana.
Datos
Sindicatos y asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos revelan que el gobierno ha cometido un total de 1794 violaciones a la libertad de expresión, desde el año 1999, de los cuales 487 son ataques directos a los medios de comunicación, sus propietarios y periodistas, 418 son casos de censuras y 531 de intimidación, durante estos quince años de la llamada revolución bolivariana, reitera la editora de CCD.
— En los casos cuando la intimidación y censura fallan, la elite corrupta, asociada al régimen, es enviada a adquirir medios por parte de los boliburgueses. Se trata de contratista de obras del gobierno que se convirtieron en millonarios o aumentaron sus riquezas durante la administración de Chávez y Maduro. Esta burguesía bolivariana es la que está adquiriendo los medios de comunicación. Todas las negociaciones, realizadas recientemente, para comprar medios en Venezuela se han concretado fuera del país y aparentemente los pagos se han hecho en dólares y euros en transacciones muy opacas que no son del conocimiento público, en un país donde hay control de cambio. Si estas divisas se adquieren a través de dólares oficiales, estaríamos ante un negocio mucho mayor, con connotaciones que van más allá de la política.
