- … de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas necesarias para lograr dar apariencia de legalidad a los dineros producto de actividades ilícitas como el narcotráfico y corrupción oficial, que claramente en nada contribuyen a la integración de los pueblos sino muy por el contrario a la desintegración social. José Luis Rodríguez Linares.
Aunque durante 2014 se dieron a conocer algunas listas de personas jurídicas presuntamente involucradas en ilícitos cambiarios, no se ha precisado si forman parte del derrame de 20 mil millones de dólares que la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) autorizó a empresas de maletín, irregularidad denunciada inicialmente, en marzo de 2013, por el entonces ministro de planificación y finanzas, Jorge Gordani. Trascurrido casi dos años, abundan las promesas de investigación y divulgación de los autores de esta trama gigantesca de corrupción, legitimación de capitales e ilícitos cambiarios, mientras los informes siguen en las tinieblas y la justicia camina a pasos lentos.
El Presidente Nicolás Maduro prometió publicar el directorio de los responsables de estas sociedades ilícitas e incluso designó una comisión presidencial para investigar y determinar quiénes son los responsables de la conspiración cambiaria. Otros voceros gubernamentales han ofrecido lo mismo, pero las supuestas decisiones no se concretan.
El presidente de la citada comisión presidencial, el diputado Ricardo Sanguino, ha reiterado que Cadivi aprobó 20 mil millones de dólares para importaciones que nunca ingresaron al país. «La cifra es de una magnitud colosal. Basta con observar que representa 95% de las reservas internacionales que de acuerdo al Banco Central de Venezuela se ubican en 21 mil 091 millones de dólares al cierre del 22 de mayo (2014) y supera por mucho al atraso que tiene el Gobierno en el desembolso de dólares a empresas del sector privado que por falta de materia prima recortan la producción».
El 26 de noviembre de este año, el parlamentario anunció que el informe sería entregado, aquella semana. «“Lo que observamos en términos generales son asociaciones o vínculos entre empresas importadoras en Venezuela y las exportadoras en el exterior. Es uno de los hechos fundamentales (…) Son personas que tienen acciones en las importadoras y a la vez en las exportadoras, siendo nacionales. Hay vinculaciones que se establecen en el comercio internacional, aprobadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y aquí un grupo de empresarios violó esas normas”, explicó.
Las investigaciones
En una entrevista publicada por el diario Últimas Noticias, el 22 de junio de 2014, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, precisó que hay más de 1.490 investigaciones sobre empresas de maletín en la Dirección contra la Corrupción de la fiscalía, que involucran a personas naturales, y otras 779 contra personas jurídicas, éstas últimas implican a muchas personas en una sola investigación, y citó un caso – sin especificar cuál – donde hay 55 imputados, además, se han acusado a 43 personas y hay 15 condenas.
De acuerdo a las notas de prensa del ministerio Público, las decisiones judiciales más notorias, con relación a la creación de empresas de maletín, han sido:
- William Rojas Graterol, funcionario de Cadivi, y su hijo William José Rojas Godoy, condenados a cinco años de prisión. De acuerdo con la investigación, entre el 2010 y 2013, ayudaron a terceras personas a crear más de 30 «empresas fantasmas», con el propósito de solicitar divisas al Estado venezolano a precio preferencial.
- Teniente coronel Francisco Navas Lugo y su sobrino José Daniel Stekman Lugo, acusados por presuntamente incurrir en irregularidades en la tramitación de divisas, para lo cual habrían creado 154 empresas de maletín.
- Yamil Youssef Kawam y Jany Kawam Beilouneh, imputados por presuntamente incurrir en irregularidades para obtener divisas de manera fraudulenta, para 15 empresas de maletín.
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) convocó, el 20 de julio de 2014, a 1.059 empresas, con el propósito de demostrar si hicieron uso correcto de las divisas preferenciales autorizadas por Cadivi, entre el 28 de julio y el 30 de octubre de 2014.
Al finalizar el operativo, el Cencoex sancionó a 247 empresas que no asistieron al proceso de verificación de las divisas asignadas por Cadivi durante los años 2012, 2013 y 2014. Entre las sanciones impuestas están la revocación de la inscripción en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) y la no participación en las subastas del Sistema Complementario de Administración de Divisas ( Sicad 1). Además los respectivos expedientes fueron enviados al Ministerio Público, «ante la presunción de la comisión de algún ilícito cambiario».
Además del informe de la comisión presidencial, queda en espera el informe de la fiscal sobre las 247 empresas que no demostraron el uso correcto de las divisas autorizadas.(VER LISTA)
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz a principios del mes de agosto, informó sobre la remisión de una lista al Cencoex de 56 empresas que están siendo investigadas por el Ministerio Público, luego de un llamado de ese organismo para la verificación del correcto uso de las divisas. (LA LISTA).
Posteriormente, a través de su cuenta twitter @lortegadíaz, divulgó una segunda lista de otras 60 empresas que son investigadas por el Ministerio Público en virtud de un presunto uso irregular de las divisas otorgadas por parte de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex). Leer información
A mediados de agosto, la jefe del Ministerio Público reveló otra lista de 21 personas, representantes de 13 empresas, que fueron acusadas por el Ministerio Público por la presunta obtención fraudulenta de divisas otorgadas por parte de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Cadivi. (VER LISTA)
Una investigación de las periodistas Nicolle Yapur y Dulce María Rodríguez, publicada en el diario El Nacional, el 8 de agosto de 2014, a propósito de primera lista divulgada por la fiscal Luisa Ortega Diaz, expone que «Más de la mitad de las empresas investigadas por el Ministerio Público son importadores nuevos. La lista, remitida por la Fiscalía al Centro Nacional de Comercio Exterior, está compuesta por personas jurídicas que fueron llamadas al operativo de verificación sobre el uso correcto de divisas y que aparecen señaladas en procesos penales. De las 56 nombradas en el documento divulgado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, 29 (52%) empezaron a recibir divisas a partir de 2013».
Haciendo referencia a los 20 mil millones de dólares autorizados a empresas de maletín, situación ratificada por personeros del gobierno, manifiesta la información periodística que «a las empresas de la lista que sí aparecen en la data de Cadivi les aprobaron 1,22 millardos de dólares entre 2004 y 2012. El grueso de ese monto corresponde a adjudicaciones otorgadas a empresas del sector salud e importadores de alimentos”.
Las exportaciones ficticias en Ecuador
El enorme entramado de ilícitos cambiarios se ha extendido más allá de Venezuela. En el caso de Ecuador, se realizó una exhaustiva investigación de las exportaciones ficticias a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), creado el 26 de noviembre del 2008, en el marco de la III Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), realizada en Caracas. La intención original, según el documento suscrito, era establecer un sistema financiero « donde impere la solidaridad, la estabilidad para el desarrollo, en armonía con el planeta y la justicia social»
El Sucre también tuvo vínculos con Cadivi. Las empresas venezolanas pagaban en bolívares, a través de un banco, posteriormente los transferían al Banco Central de Venezuela. Seguidamente, el BCV realiza la conversión a Sucre y finalmente los transfiere al banco central del país donde se encuentran los exportadores y los productos a exportar.
Ocurre que con el Sucre se realizaron numerosas exportaciones ficticias a través de empresas de maletín. Pero a diferencia de Venezuela, en Ecuador si hubo una profunda investigación y se llegaron a decisiones judiciales, incluyendo condenas. Las investigaciones llevaron al cierre del Banco Territorial, el más antiguo de Ecuador, y la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Coopera, además de empresas como el Fondo Global de Construcción con redes en Venezuela y Colombia.
Supuestas empresas ecuatorianas, con la participación de venezolanos, usaban el Sucre para obtener dólares desde Venezuela, cuando lo recibían lo transferían a paraísos fiscales. El Fiscal General de Ecuador, Galo Chiriboga, reveló que se detectó «un exorbitante desbalance entre los bienes exportados por las compañías ficticias y los dineros recibidos a través del Sucre, desde Venezuela».
El Caso Coopera
La Fiscalía General de Ecuador inició el 6 de junio de 2013 las investigaciones sobre el llamado «Caso Coopera» (Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera) que se extendió durante un año. En ese tiempo, se detectaron doce cuentas de empresas abiertas con firmas falsificadas, además de otras 10 compañías constituidas con documentación falsa.
Las pruebas obtenidas por la Fiscalía ecuatoriana evidenciaron que en esta entidad financiera se cometieron delitos de peculado (corrupción) y de legitimación de capitales (lavado de activos), lo que condujo al cierre de Coopera en junio del 2013, cuando contaba con alrededor de 130.000 socios.
En el proceso por delito de peculado, la Fiscalía logró demostrar la culpabilidad de 7 altos directivos de la Cooperativa Coopera, quienes fueron sentenciados a ocho años de prisión, el 20 de mayo de 2014, por el Tribunal Segundo de Garantías Penales del Azuay
Para el juicio por legitimación de capitales, el proceso contaba con serias evidencias, además de las irregularidades en los registros de las empresas, todas con direcciones falsas, la fiscal del caso, Paola Molina, expuso sobre la ejecución de 84 transferencias inusuales e injustificadas, a las cuentas de estas empresas de «papel», por 35 millones de dólares, entre octubre del 2012 y mayo del 2013. El informe sobre esto datos se encuentra en el Banco Central del Ecuador.
¿Cómo era el modus operandi?
Las empresas de maletín recibieron las transferencias, por supuestas exportaciones que se realizaban a Venezuela, desde donde llegaban los dólares, mediante el Sucre. Una vez recibido el pago por los falsos envíos, el dinero era transferido a bancos offshore o paraísos fiscales. Desde estas pseudoempresas se montaban falsas exportaciones de maquinarias y productos químicos. Las sospechas comenzaron a plantearse, porque los productos no eran elaborados en Ecuador y también se detectaron sobrefacturaciones.
Un caso llamó la atención de los investigadores: Se encontraron con tres empresas que supuestamente exportaron químicos ecuatorianos a Venezuela, pero los habían adquirido en otro país, lo cual violaba una de las exigencias, es decir, el producto debía ser ecuatoriano. Para realizar esta exportación pagaron 400 mil dólares, pero Venezuela les canceló US$9 millones.
El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador comprobó que algunas de estas empresas no registraban exportaciones, no contaban con registros como empleadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no registraban clientes ni proveedores, mucho menos pagaban aportes al Servicios de Rentas Internas . Eran empresas de papel.
En la sentencia de la juez Carmita Campoverde , presidenta del Tribunal Segundo de Garantías Penales del Azuay, emitida por escrito, el 30 de junio del 2014, se expresa que Coopera permitió que se realizaran transferencias inusuales por empresas de «pantalla».
En la audiencia de juicio por lavado de activos, del 26 de junio del 2014, el fiscal del caso enfatizó que Coopera tenía la obligación controlar y reportar estas transferencias a la Unidad de Análisis Financiero, pero no lo hizo.
De los nueve procesados por el delito de legitimación de capitales en el Caso de La Coopera, tres son venezolanos, y se cree que se encuentran en Venezuela, donde las autoridades judiciales de Ecuador esperan que sean juzgados, debido a que no es posible su extradición. De los ecuatorianos, tres se encuentran prófugos de la justicia, dos fueron declarados culpables y uno inocente.
Algunas de las informaciones publicadas por CCD revelan investigaciones realizadas en Ecuador
Ecuador: Dos culpables por lavado de activos con fondos que salían de Venezuela
Julio 2 | Luego de una audiencia que se desarrolló durante tres días, la Fiscalía demostró la existencia de lavado de activos en la cooperativa cerrada Coopera, según el fallo emitido ayer por el Tribunal Segundo de Garantías Penales del Azuay. Como resultado, dos procesados fueron encontrados responsables del delito, de las nueve personas involucradas. Además, uno fue declarado inocente y seis están prófugos, entre ellos tres venezolanos y tres ecuatorianos.
Venezuela pagó US$ 35 millones a empresas de maletín creadas en Ecuador
Julio 8 | Las cuentas de 12 empresas que fueron abiertas en la cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, tenían firmas falsificadas. Además, 10 empresas se constituyeron con documentación falsa. Todas tenían direcciones erróneas, como se pudo constatar en una inspección en las ciudades de Quito y Guayaquil. Estas empresas recibían las transferencias por supuestas exportaciones que se que se realizaban a Venezuela, país del que llegaba el dinero, mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). Luego el dinero pasaba a paraísos fiscales
Prisión por lavado de activos a través del Sucre entre Venezuela y Ecuador
Julio 30| El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha impuso la pena modificada de 4 años de reclusión menor ordinaria a Byron E.B. y Rosalín M.A., en calidad de autores del presunto delito de lavado de activos. Este hecho se habría estado perpetrando a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), entre Ecuador y Venezuela.
La pena incluye la multa equivalente al duplo del monto de lavado de activos (13 millones de dólares), es decir, 26 millones de dólares e igualmente el decomiso de los bienes incautados y la extinción de tres compañías.
Prófugos tres venezolanos acusados por lavado de activos en Ecuador
Junio 28 | En este caso, la Fiscalía General de Ecuador investiga las presuntas transacciones inusuales e injustificadas que se realizaron dentro de la Cooperativa de Crédito y Ahorro Coopera, por un monto de USD 31.000.000, y que se hicieron desde Venezuela, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). El dinero correspondería al pago de exportaciones de productos químicos y agropecuarios, que realizaban 12 empresas presuntamente ficticias
El Fondo Global de Construcción
El Fondo Global de Construcción S.A. (conocido como Foglocons), constituido en Ecuador en septiembre del 2012, recibió transferencias por 159,9 millones de dólares, entre diciembre de 2012 y marzo del 2013, a través del Sucre.
Pero de ese total, según el informe del Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador, sólo se exportaron productos por 3.1 millones de dólares, es decir, hubo un desbalance entre lo que exportó y el pago que recibió desde Venezuela.
« Al no existir exportación y haber recibido volúmenes superiores a los 159 millones de dólares, el origen de ese activo es ilegal. Se han constituido compañías de fachada, se han simulado operaciones societarias, económicas, comerciales y de comercio exterior, esto es exportaciones ficticias y sobrevaloradas de bienes desde Ecuador a Venezuela”, enfatizó el fiscal del caso, José Luis Jaramillo,
Por este caso, el juez Álex Silva dictó la medida de prisión preventiva contra dos de los tres acusados, Luis Eduardo Sánchez Yánez, de nacionalidad venezolana; y Enrique Pulido Vargas, colombiano. Ambos, según el fiscal, figuran como accionistas de la compañía Fondo Global de Construcción (Fodocons s.a.).
Esta empresa, para justificar la compra de divisas en Venezuela, realizó desde Ecuador falsas exportaciones, para lo cual clonó facturas que justificaran las transacciones ilícitas. Igualmente, simuló pagos a falsos proveedores y clientes. La Fiscalía de Ecuador comprobó que esta empresa realizó varias transferencias a otros países que sumadas alcanzaron los 276 millones de dólares.
De acuerdo a los alegatos del fiscal de la causa, los volúmenes de exportación, a través del Sucre, tenían precios inferiores a las cantidades de dólares recibidas desde Venezuela «había graves distorsiones y procedimientos inusuales e injustificados».
El informe del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) de Ecuador realizó una comparación entre lo que la compañía supuestamente exportó (casas y partes de piezas) y lo que recibió, lo cual justificaría solo 3,1 millones de dólares del total recibido mediante transferencias.
El 17 de febrero de 2014, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz se refirió al convenio de asistencia mutua con Ecuador, y aseguró que tenía información sobre las empresas que operan desde y hacia Venezuela (con el Sucre) y para cual estaría trabajado conjuntamente con el Fiscal General de la nación ecuatoriana para poder castigar a los responsables de una acción que afecta las finanzas del país.
Venezuela espera decisiones judiciales contundentes sobre el derrame de dólares.
