CuentasClarasDigital. | Cada vez que estalla un escándalo financiero en el mundo, aparecen cuentas de venezolanos involucradas en operaciones sospechosas. Todavía el país no había asimilado las confusas e incompletas explicaciones de Rodolfo Marco Torres, ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública sobre los supuestos fondos del gobierno colocados en un banco de inversión en Suiza (HSBC), cuando revienta el caso de la Banca Privada de Andorra (BPA) con $4.2 billones atribuidos a altos funcionarios del régimen asociados a la corrupción de Pdvsa – dijo Carlos Tablante, coautor junto con Marco Tarre del libro Estado Delincuente: Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela (Hoja del Norte, 2013) durante entrevista radial con César Miguel Rondón y el periodista Víctor Salmerón.Desde 2011 BPA (Banca Privada de Andorra) -apunta Tablante- uno de los cinco bancos que operan en ese ex paraíso fiscal, era investigado por el Departamento del Tesoro de EEUU por operaciones sospechosas realizadas por el banco andorrano a través de los bancos corresponsales de ese país. En 2013 el FBI y la policía española se suman a la investigación de varios clientes del BPA por lavado de dinero. Uno de ellos era Diego Salazar Carreño, dueño de las empresas aseguradoras y reaseguradoras que llevan los seguros de Pdvsa y primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, presidente de la petrolera estatal. En esa oportunidad, como parte de las investigaciones, le fueron congelados $300 millones de un total no especificado de depósitos que mantenía en BPA.
El 6 de marzo pasado, las autoridades del Departamento del Tesoro de EEUU hicieron público un informe donde declaraban al BPA como “una entidad financiera de alto riesgo para la integridad del sistema financiero estadounidense por estar siendo utilizada por la delincuencia organizada internacional para lavar dinero proveniente de la corrupción, tráfico de personas y fraude”. Con esta decisión, generaron un terremoto financiero en el principado de Andorra y sus relacionados.
La investigación señala a miembros de la mafia china y rusa (ya detenidos en España) y a altos funcionarios del gobierno de Venezuela relacionados con Pdvsa. Estos últimos, en complicidad con gerentes del banco, habrían lavado a través de cuentas personales en el BPA un total de $4.2 billones (cinco veces el monto que están solicitando los importadores de alimentos para pagar deudas a proveedores, equivalente al 19% de las reservas del país). Para ello, el dueño o los dueños beneficiarios de las cuentas y sus asesores dentro del BPA utilizaron una red de cientos de empresas de maletín panameñas con las que fingieron operaciones de comercio para justificar transferencias y ocultar así el origen y propiedad de los fondos.
A diferencia del caso del HSBC, ningún vocero de Pdvsa o de ninguna otra instancia de gobierno, ha desmentido que la institución tenga algo que ver con el escándalo en el principado de Andorra, a pesar que el nombre de la petrolera aparece en todos los titulares de los medios internacionales asociado a este grave delito.
A quién protege el silencio de las autoridades venezolanas? Por qué el gobierno se niega sistemáticamente a investigar los casos de corrupción más grandes?, se pregunta Tablante.
La quiebra del Banco Stanford, el caso Illaramendi, los escándalos con bonos del Bandes, las notas estructuradas del Ministerio de Finanzas, las oscuras operaciones con el pago de la deuda externa del país de la Oficina Nacional del Tesoro con Carmen Meléndez, Alejandro Andrade y Claudia Díaz, la pérdida de depósitos millonarios de Pdvsa en el Banco Espiritu Santo, las oscuras cuentas del régimen descubiertas en el HSBC, entre muchos otros, son casos donde la República ha perdido incalculables cantidades de fondos y el actual gobierno, en algunas ocasiones se ha negado abiertamente a investigar y en otros no ha concluido los procesos iniciados, dejando a los imputados en libertad y hasta devolviéndoles bienes y empresa incautadas, como es el caso de los banqueros responsables del megafraude financiero de 2009-2011.
Tablante atribuye la impunidad reinante a la acción delictiva de “la casta boliburguesa que se alió con altos funcionarios corruptos para saquear al país”. Recuerda que ya en el libro Estado Delincuente se hacía mención a esta red y específicamente a los turbios negocios de Diego Salazar y Baldo Sansó – cuñado de Rafael Ramírez- con las finanzas de Pdvsa. “Nosotros le enviamos el libro a Nicolás Maduro y a la Fiscal General Luisa Ortega y no ha pasado absolutamente nada”.
Pdvsa, bajo la administración de Rafael Ramírez dejó de ser una empresa que produce petróleo para convertirse en un gigante operador financiero que realizó oscuras y milmillonarias operaciones de ingeniería financiera con la complicidad de la banca internacional para generar obscenas ganancias a su entorno de familiares y relacionados, todo ello en base a negocios especulativos e ilegales con el diferencial cambiario del dólar. “Este nuevo escándalo, una vez más destapado en el exterior, pudiera estar relacionado con estos oscuros negociados en los cuales, obviamente, Diego Salazar no actuó solo”, puntualizó Tablante.
Por todo ello, el ex parlamentario exigió a Rafael Ramírez que responda por su gestión en Pdvsa y al gobierno que investigue para dar respuesta a las interrogantes que tienen los venezolanos: Si las cuentas señaladasen el escándalo de Andorra no son de Pdvsa, de quién o de quiénes son? Acaso de particulares o de funcionarios del gobierno? De proveedores, contratistas o relacionados con el gobierno? De familiares de funcionarios o ex funcionarios del gobierno? Es deber del gobierno investigar este caso, identificar a los culpables y recuperar los fondos robados a la nación para lo cual rexisten las instancias y las herramientas legales, nacionales e internacionales. Sólo falta la voluntad política
