El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos hace meses que investigaba las actividades presuntamente delictivas diseñadas desde Banca Privada d’Andorra . El equipo destacado en este cometido detectó cómo, desde la entidad bancaria andorrana, y a través de empresas ficticias creadas a tal efecto, se lavaba dinero de la delincuencia organizada y de personas, grupos o gobiernos, que «atentan contra la seguridad nacional de los EEUU».
Hasta ahora, y desde el pasado martes, se conoce que Banca Privada d’Andorra (BPA) facilitó las transacciones financieras ilícitas, dirigidas a depositar el producto de la corrupción pública en instituciones oficiales de Venezuela. Pero además de Andorra, hubo otros vínculos. Se trata del nudo establecido entre una red de legitimadores de capitales (lavadores de dinero) que presta servicios a personas y organizaciones involucradas con la delincuencia organizada, estrechamente vinculada con funcionarios de alto nivel del Gobierno de Venezuela, agentes residentes en Panamá y un abogado andorrano, para el establecimiento del enorme entramado de empresas fantasmas o de maletín, que abrieron las puertas a las transacciones ilícitas.
El esquema venezolano desarrollado por la red de legitimadores de capitales con el BPA, tuvo como fin depositar el producto de la corrupción pública, asegura el informe del FinCen. La red delictiva logró establecer cientos de empresas de maletín y participar en una amplia variedad de negocios para obtener ganancias ilícitas. Esta red conectada a altos funcionarios del gobierno se basó en diversos métodos para mover fondos, incluyendo contratos falsos, créditos caracterizados erróneamente, facturaciones inexistentes sobrefacturación, subfacturación, y otros esquemas de lavado de dinero basado en el comercio.
Los legitimadores de capitales que actuaban por cuenta de terceros (altos funcionarios venezolanos) tenían una relación directa con los gerentes A, B Y C D – Fincen no cita sus nombres- del BPA, a quienes presentaban los falsos contratos para apoyar las transacciones, que se hacían en nombre de instituciones públicas venezolanas, incluyendo Petróleos de Venezuela SA («PDVSA»), la empresa pública de petróleo de Venezuela.
El informe del Fincen enviado a Andorra destaca que la red creada para legitimar capitales producto de la corrupción pública en Venezuela, logró establecer un entramado de empresas fantasmas, contratos falsos y sofisticados préstamos, que permitieron el movimiento de 2.400 millones de dólares entre 2011 y 2013.
Según el FinCEN, en el año 2014, BPA continuó facilitando el movimiento de fondos relacionados con este esquema a través del sistema financiero de Estados Unidos. En general, Fincen señala que BPA facilitó el movimiento de 4 mil 200 millones en las transferencias relacionadas con el lavado de dinero de instituciones públicas venezolanas.
