Se trataría del Coronel Juan Carlos Luján Tovar, ex presidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), quien ejerciera el cargo desde 2013 hasta noviembre del año pasado cuando Nicolás Maduro lo sustituyó por el Tcnel. José de Freitas Jardim.
El nombre de Luján Tovar habría salido a relucir en la investigación que adelantan autoridades financieras de EEUU con relación a un esquema fraudulento llevado a cabo a través del BIV en base a operaciones cambiarias.
Por medio de la compra y venta de bonos de Pdvsa y en base a la manipulación del diferencial cambiario, bancos privados de Venezuela, cercanos al gobierno, habrían realizado operaciones internacionales, a través del BIV y empresas financieras asociadas, que generaron millonarias ganancias ilícitas a los operadores involucrados.
Pdvsa habría vendido bonos a la tasa oficial al Banco Occidental de Descuento (BOD), FondoComún (BFC), Banplus, Banco Caroní y Banco Guayana a cambio de obtener los bolívares necesarios para cumplir con sus compromiso nacionales. Estos, a su vez, colocaron los papeles en el mercado internacional y obtuvieron dólares que luego, negociados en el mercado paralelo de la divisa estadounidense, generaron los bolívares para cubrir la compra de los bonos a Pdvsa, además de una ganancia descomunal repartida entre los operadores. En la investigación se menciona la utilización de una o varias cuentas de una financiadora de nombre Atlantis.
Este esquema delictivo no es nuevo para las autoridades de EEUU, como no lo son tampoco las operaciones, a las que vienen haciendo seguimiento desde 2012. Sin embargo, la investigación habría recibido un nuevo impulso luego de la deserción en diciembre pasado del Capitán de Corbeta Lemsy Salazar – ex jefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello- y de su esposa Anabel María Linares Leal, asimilada del Ejército. Ésta última ocupó posiciones claves en varios bancos del gobierno y llegó a ser asistente del actual Ministro para la Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Clemente Marco Torres.
Quién es Juan Carlos Luján Tovar
Juan Carlos Luján Tovar, quien tuviera a su cargo la seguridad de la familia de Hugo Chávez, se inició en la administración pública en 2012 como presidente de la Fundación Pueblo Soberano, un ente creado directamente por el jefe del Estado con el objetivo de “saldar las deudas sociales y la exclusión del pueblo”. En mayo de 2013 es colocado al frente del BIV en sustitución de Rodolfo Porro.
Durante la gestión de Luján Tovar los trabajadores de la entidad pública denunciaron despilfarro, contratos millonarios de asesores, nepotismo, así como los constantes e injustificados viajes de Luján a las sucursales de Curazao, La Habana, Miami y New York, en compañía de funcionarios reincorporados al banco luego de que la administración anterior los despidiera por “falta de probidad”.
En su oportunidad, los trabajadores también denunciaron sospechosas operaciones en dólares realizadas desde la sucursal de Curazao. Se presume que las mismas correspondan al esquema que actualmente investigan autoridades de EEUU.
Prisas por cerrar el BIV
El cierre definitivo del BIV parece ya una decisión tomada por el gobierno, que lo viene anunciando desde 2014,lo cual ha generado protestas de los empleados quienes alegan no entender las razones de liquidar una institución financiera que en este momento mantiene cifras en azul . Tampoco aceptan la supuesta reestructuración del sector bancario oficial como explicación.
En las últimas semanas, los rumores sobre el inminente cierre del banco, han arreciado. En especial, luego de los escándalos de las cuentas oficiales detectadas en la sucursal suiza del banco de inversiones HSBC y los fondos millonarios de ex funcionarios y asociados, expuestos por la unidad de inteligencia financiera del gobierno de EEUU en Banca Privada de Andorra y Banco Madrid.
El ente responsable de garantizar que el cierre del BIV se produzca apegado a la ley es la Superintendencia de las Instituciones del Sistema Bancario. Ello incluye la preservación de los archivos y expedientes del banco que, de abrirse una investigación por legitimación de capitales, deben estar disponibles para responder a los requerimientos de las autoridades por un lapso no menor de diez años.
