La investigación sobre el origen de los fondos que funcionarios del gobierno venezolano mantuvieron en Banca Privada D´Andorra no es reciente. De hecho, el 30 de noviembre de 2012, a petición de la Fiscalía del principado, en cooperación con las autoridades de Estados Unidos, las cuentas fueron bloqueadas por el presunto delito de legitimación de capitales (lavado de dinero) . Pero no ha sido nada fácil, para el sistema judicial de Andorra, determinar el origen de los fondos, debido a la maraña de empresas en Panamá e Islas Vírgenes, Ante la falta de pruebas, el el 13 de mayo de 2013 las cuentas fueron desbloquedas, por decisión tribunalicia.
En su edición de este martes 31 de marzo, el diario El Mundo publica una información con detalles sobre las cuentas de funcionarios chavistas., a continuación
El Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizó hace 10 meses a jerarcas del régimen venezolano de Hugo Chávez a retirar fondos multimillonarios por falta de pruebas, según una sentencia que no es pública y a la que ha tenido acceso EL MUNDO. Esta sentencia permitió desbloquear cientos de millones de euros que poseían ex dirigentes venezolanos en Banca Privada d’Andorra (BPA), la matriz de Banco Madrid.
El fallo judicial está fechado hace 10, el 13 de mayo de 2013, y contradice a la propia Fiscalía andorrana, a la unidad de delitos financieros de Estados Unidos, FinCEN y al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que han lanzado una investigación sin precedentes sobre BPA y Banco Madrid con la presencia de clientes chavistas como uno de los principales hitos del escándalo.
De hecho, la fiscalía andorrana se opuso a la sentencia del tribunal penal andorrano hasta que fue inapelable en desbloquear el dinero venezolano.
Estos fondos habían sido bloqueados el 30 de noviembre de 2012 a petición de la Fiscalía de Andorra en cooperación con las autoridades de EEUU por presunto delito de blanqueo de dinero. Se sospechó que estos jerarcas venezolanos lavaban en Andorra dinero procedente de sobornos internacionales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos por parte del Gobierno de Chávez.
Sin embargo, tras año y medio de embargo, los abogados de los venezolanos lograron que la titular del Tribunal de Corts, Anna Estragués, ordenara el desbloqueo de su patrimonio. Esta instancia judicial se pronunció en apelación en contra del criterio de la Fiscalía, que sostenía que había indicios suficientes e investigación en curso como para mantener el bloqueo de cuentas como medida cautelar imprescindible. «Todos estos elementos no son obviamente actuales, ha transcurrido ya casi año y medio desde la adopción de la medida cautelar, un tiempo suficiente para sustentarla, pero no se han aportado otros elementos de entidad suficientes o indicios del delito original del presunto blanqueo realizado en el Principado, por lo que procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el levantamiento de las medidas preventivas», sentencia el Tribunal de Corts.
Fuentes próximas a la investigación aseguran a este diario que los beneficiados por la sentencia andorrana que pudieron retirar su dinero del BPA son algunos de los nombres que figuran en el informe del Sepblac, porque también eran clientes de Banco Madrid. Estos incluyen, como ya reveló EL MUNDO el pasado día 16, ex altos cargos del régimen de Chávez que firmaron contratos con empresas españolas para «asesorarlas» en la adjudicación de contratos multimillonarios.
Este diario también publicó el pasado día 21 el caso de Diego Salazar, primo hermano del ex ministro de Chávez y del embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez, al que le habían bloqueado 200 millones en BPA a finales de 2012, según un informe policial remitido a la Audiencia Nacional. En una grabación que consta en la investigación policial de la llamada Operación Clotilde, el representante de Salazar en BPA aseguraba al directivo de esta entidad financiera que su cliente se proponía sobornar a las autoridades andorranas para que le desbloquearan su dinero. «Diego [Salazar] quería hacer lo mismo [que había hecho en el pasado con la policía venezolana], o sea, sobornar a las autoridades andorranas para que zanjasen el bloqueo judicial». En su informe de alerta contra BPA, la FinCEN sospecha de un blanqueo de 2.000 millones de dólares procedentes de la petrolera venezolana PVDSA, presidida por el primo de Salazar.
La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en, entre otros factores, que la propia policía andorrana no ha descubierto el origen de los fondos, movidos a través de una compleja red con empresas en Panamá e Islas Vírgenes, y la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados.
