El BPA, banco andorrano involucrado en los escándalos del ex comisario del Cicpc Norman Danilo Puerta Valera, de los supuestos asesores del gobierno con pasaportes diplomáticos Hernández Fernández y Gil Yánez, de los fondos congelados a Diego Salazar y cinco ex funcionarios y un empresario de seguros relacionados con el gobierno, todos investigados en algún momento por presunta legitimación de capitales, aspira a no ser multado por el Departamento del Tesoro de EEUU en base al informe que presentara la unidad de inteligencia financiera de esa institución (Fincen) hace un mes.
El gobierno de Andorra apoya en este sentido al tercer banco del Principado a lograr su objetivo y ha enviado a la directora del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas a Washington esta semana. El detalle: La misma trabajó anteriormente en la consultora KPMG, consultora que auditó a BPA en 2013 y que no detectó problemas en las cuentas del banco. María Cosán «no era la persona que firmaba las cuentas, pero sí dirigía la firma en el Principado». Cosas del fenómeno de «puertas giratorias» que tanto daño hace a la administración pública .
A continuación la nota de El Confidencial, medio digital español.
Andorra está pidiendo comprensión a Estados Unidos ante el caso Banca Privada de Andorra (BPA), en un intento de que se les rebaje la multa por blanqueo o que esta no se aplique, alegando que se han hecho los deberes con la entidad que se investiga por presuntas actividades de blanqueo, según explican fuentes financieras.
Así se entiende el viaje a Estados Unidos que entre ayer y hoy está llevando a cabo María Cosán, directora del Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), el organismo regulador andorrano. Está previsto que Cosán se reúna en este encuentro con responsables del FinCEN, el organismo del Tesoro norteamericano que elaboró su demoledor informe contra BPA, provocando la intervención de la entidad y de su filial española, Banco Madrid.
Cosán quiere poner sobre la mesa la mano dura con la que ha actuado el Gobierno andorrano. Así, se ha negado la libertad condicional al exconsejero delegado, Joan Miquel Prats, que sigue en prisión; se está a la greña con los hermanos Cierco, accionistas del banco, que incluso han impugnado la intervención; y se ha aplicado un corralito a los clientes por el que sólo pueden sacar 2.500 euros a la semana, a la espera de que el nuevo fondo de rescate andorrano trocee la entidad en una liquidación ordenada.
Escoger a Cosán para esta misión no ha parecido lo más acertado en algunos medios económicos andorranos. En especial, porque su primera reacción en esta crisis fue cuestionar el informe de FinCEN. Posteriormente, Cosán tuvo que rectificar. Y, de hecho, la presión sobre el conjunto de la banca andorrana era tan grande que no hubo más remedio que hacer justo lo que aquella dijo que no harían: anticiparse para intentar salvar el conjunto del sistema bancario del Principado.
Auditor de BPA
Además, cosas que pasan en los países pequeños, Cosán trabajaba en KPMG en Andorra, donde dirigía la oficina de esta firma antes de incorporarse como directora del INAF. ¿Y quién fue el auditor de BPA hasta 2013? Pues, KPMG, evidentemente, que jamás detectó problemas en las cuentas del banco. María Cosán no era la persona que firmaba las cuentas, pero sí dirigía la firma en el Principado.
KPMG también validaba la auditoría de prevención de blanqueo de BPA, donde nunca se incluyeron ni temas “sustanciales” ni de fondo susceptibles de renuncia a su firma por parte del auditor. Tampoco se hizo denuncia alguna. Las auditorías sólo apuntaban recomendaciones de mejora, que eran incorporadas al banco cada año.
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo que en Andorra vigila la lucha contra el blanqueo, emitía certificados en los que aseguraba que “el banco cumplía rigurosamente con los preceptos legales contenidos en la ley, habiendo sido objeto además de sucesivas auditorías externas que certifican no sólo los anteriores, sino también poseer los mecanismos necesarios en materia de formación y de prevención”.
El INAF no es un banco
Hay que aclarar que el INAF no es un banco ni, desde luego, un banco central por mucho que Andorra sea un país soberano. Los andorranos se sienten orgullosos de no pagar impuestos, así que ahora que hay problemas no existe ninguna entidad pública que pueda hacer frente a un rescate bancario.
En esta tesitura, el grueso del plan es que los recursos propios de BPA –238 millones, más los 24 millones que ganó en 2014– sirvan para poder cubrir la multa. Todo lo que exceda en esa cuantía debería ser abonado por terceros. El Gobierno andorrano quiere que sea la banca del país la que asuma este cargo, mientras que los bancos del Principado pretenden que se cargue al patrimonio de los hermanos Cierco. Por tanto, cuanto más consiga Cosán reducir la sanción en Estados Unidos, menos problema para el Principado.
La forma en la que se gestione la crisis de BPA es clave. Porque un solo error puede provocar que los tres bancos que quedan de capital andorrano pasen a ser filiales de bancos españoles y franceses en muy poco tiempo.
