Un policaracas tiene la oreja izquierda quemada por las esquirlas de una granada; una oficial también recibió esquirlas en el muslo derecho y presenta latigazo cervical. Otro funcionario tiene una lesión leve en el ojo por el estallido del explosivo y heridas por el paso de un proyectil en el intercostal izquierdo y en el muslo izquierdo. Otro policía tiene un orificio de bala en la pantorrilla izquierda y otro más resultó con esguince en la mano izquierda y excoriaciones en las piernas; a un agente le quedaron laceraciones en el cuerpo por haberse lanzado a un barranco para evitar ser alcanzado por una granada y otro tiene fractura en el pie derecho, expone el reportaje de Angelica Lugo, publicado este domingo en El Nacional
Contusiones, quemaduras y heridas de bala figuran en el parte médico de los siete funcionarios de Policaracas que resultaron lesionados el viernes 5 de junio en el enfrentamiento con bandas criminales en la Cota 905, hecho que mantuvo el sector en tensión por varias horas. El ataque no tuvo origen en una incursión policial. Ese día, dos funcionarios que se desplazaban en una patrulla fueron atacados desde la parte alta del cerro y dos comisiones de Policaracas llegaron para apoyarlos en la emboscada.
“Dos de nuestros compañeros iban a la sede de Policaracas en la unidad 0198. Cuando llegaron al sector La Invasión, que es su área de servicio, fueron emboscados desde la parte alta y el vehículo recibió cuatro impactos de bala. Los funcionarios se bajaron para resguardarse y pidieron refuerzo. Posteriormente llegaron 21 compañeros y, mucho después, se presentaron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana y del Sebin”, relató un agente de Policaracas.
Esa es la versión de lo ocurrido de los oficiales que resultaron heridos. El ataque tendría una explicación: el corredor que forman los barrios Moscú, Las Brisas, El Naranjal y Las Quintas, este último en la parte alta del cerro, es una área donde la policía no puede entrar, no solo por la ley que imponen las bandas, sino por órdenes de sus superiores. La Cota 905 estaría operando como una “zona de paz”, denominados así por el Ejecutivo que se refiere a un proceso de negociación con bandas delictivas para promover el desarme voluntario y la reinserción de los jóvenes delincuentes, al tiempo que restringe la acción de los cuerpos de seguridad sobre esos grupos.
A 20 funcionarios de Policaracas les abrieron un proceso de sanción y posible destitución por haber ingresado a la Cota 905 sin notificarles a sus superiores. Los 7 oficiales que resultaron lesionados también son investigados. “La Cota 905 es una zona de paz y el director de Policaracas (general de brigada de la GNB, Eduardo Serrano) nos llamó la atención por haber ingresado sin notificación previa. Hay compañeros que fueron amenazados verbalmente por él de ser despedidos. Es algo inusual que a unos funcionarios los quieran despedir o sancionar por ingresar a una zona dominada por la delincuencia”, señaló el funcionario.
El viernes 5 de junio las bandas que operan en la Cota 905 no sólo demostraron su poder de fuego con armas de guerra, como fusiles y granadas, con las que amenazaron con atacar el helicoptero de la PNB que intentó intervenir en el rescate de los policaracas. También mostraron su coordinación con las agrupaciones delictivas que están asentadas en El Valle y El Cementerio, a través de las comunicaciones que hicieron con radiotransmisores, cuya frecuencia es escuchada y monitoreada por la policía. Bandas de esos sectores se aliaron, en una especie de pacto de no agresión en relación al negocio de las plazas de drogas para controlar más territorio y enfrentar ataques de quienes consideran enemigos: policías y colectivos.
“Los delincuentes sacaban los cargadores de unos tobos. Logramos colectar más de 1.500 cartuchos de fal y AR-15. A través de los radios llamaron a sus aliados. Contactaron a la banda de El 70 y a la del Primero de Mayo, que mantienen el control en El Valle, y a la del “Gaspe” y a la del “Coqui”, que operan en El Cementerio. En estas zonas los grupos se pueden desplazar fácilmente. Lo hace la banda del Sanjón que opera en El Cementerio y se mueve por la Cota 905, y también la del “Coqui”, señalada por el asesinato de un PNB, que también opera en El Cementerio y ahora se desplaza por el barrio Las Quintas”, relató un oficial de Policaracas.
Atajos y uniones. Los delincuentes de esa zona levantaron una trocha por la parte alta de las Torres de La Vega que comunica con la parte alta de El Valle, Las Quintas y la Cota 905, señaló el funcionario. Vecinos de El Valle, El Cementerio y la Cota 905 y funcionarios de Policaracas han modificado su rutina desde que en estos tres sectores del sur de Caracas los grupos delictivos lograron una coordinación. “En el barrio hay códigos impuestos por los delincuentes que los vecinos hemos tenido que asumir. Si un jeep sube por los barrios de El Valle y no hace cambio de luces las bandas saben que no es de la zona y se ponen alerta”, contó un vecino de la calle 18.
En el barrio San Andrés de El Valle, 10 bandas se unieron para coordinar la venta de drogas, informaron fuentes policiales. Cada grupo acordó respetar sus territorios que están marcados con graffitis, pero se unen frente a las amenazas externas.
Además del ataque que recibió la comisión de Policaracas, en dos meses han sido asesinados dos policías en la Cota 905 y en El Cementerio. En el sector Cerro Grande de El Valle fue atacado a tiros un módulo de Policaracas hace un año y desde hace cuatro meses los oficiales de esa delegación no ingresan a los barrios ubicados en la parte alta del sector porque es “zona de paz”. “Estamos de manos atadas. Varios de nuestros compañeros fueron remitidos a otras sedes desde que eso es zona de paz”, dijo un agente.
El pacto. Desde principios de año se habla de pactos entre bandas de Caracas. Al este de la ciudad, los grupos de los barrios 24 de Marzo y Bolívar, en Petare, lograron un acuerdo que zanjaron con una fiesta en el campo de beisbol que separa las comunidades. Los habitantes desconocen las motivaciones y condiciones, pero en la práctica ya no hay zonas vedadas. Todos pueden circular por ambos barrios.
En el caso de la alianza de las bandas de la Cota 905, El Cementerio y El Valle, vecinos y policías refieren que el pacto se habría logrado con la intermediación de personalidades públicas insertadas en el Movimiento Por la Paz y la Vida y de funcionarios como José Vicente Rangel Ávalos, quien desarrolla el programa de “zonas de paz” desde septiembre de 2013 y esta semana fue nombrado viceministro de Asuntos para la Paz, un nuevo despacho adscrito a la Presidencia.
De acuerdo con la información publicada en la Gaceta Oficial 40680 este organismo está encargado de la “articulación, integración, formulación e impulso de políticas y acciones de prevención, abordaje, rescate y reinserción de los ciudadanos en la sociedad para instaurar una cultura de paz en todo el territorio nacional”.
Se repite el principio de las “zonas de paz” que se han instaurado en caseríos y barrios de Barlovento y Valles del Tuy, y en algunos sectores de los estados Aragua, Falcón y Sucre. En el caso de Miranda, la policía regional ha denunciado que esos sectores se han convertido en territorios para delinquir abiertamente, sin control del Estado. Tal como estaría ocurriendo ahora en la capital.
Actualmente, Rangel Ávalos ejerce el cargo de diputado activo en la Asamblea Nacional cuando se incorporó para sustituir a Marleny Contreras, actual ministra de Turismo. Hasta este mes fue viceministro de Relaciones Interiores. El Nacional intentó comunicarse con su asistente para pedirle una entrevista sobre el plan, pero no fue posible contactarlo.
En febrero de este año, en una entrevista dada al portal Contrapunto, el funcionario se refirió al programa: “Tengo una mano en el Plan Patria Segura y la otra es una mano amiga. No puedo irrumpir en ningún sitio obligando a nadie a hacer la paz. Eso no es obligado. Entro a esos sitios si el grupo quiere que yo entre. Si ellos quieren, podemos ayudarlos a cumplir sus presentaciones (ante tribunales), a trabajar los problemas legales que tengan, a encaminar los proyectos socio-productivos”.
Microestados en la ciudad
El abogado y criminólogo Fermín Mármol García define los espacios como las “zonas de paz” o los controlados por grupos armados como microestados. “Hoy más que nunca las autoridades del sistema integrado de seguridad ciudadana han cedido mucho territorio. Nunca habíamos llegado a un nivel de pérdida de tanta territorialidad. La mezcla de las repúblicas de los pranes, colectivos, de los pseudosindicatos de la construcción, de las zonas de paz, esa mezcolanza de acciones de hecho y de derecho ha puesto a la familia venezolana en una situación de minusvalía. El crimen se siente muy confiado y el Estado no quiere pagar el costo político de enfrentar el crimen”, considera el especialista.
Mármol García agregó que de acuerdo con las proyecciones que han revelado indicadores de impunidad del Ministerio Público, a las bandas desarticuladas por el Cicpc y a cifras que maneja la Comisión de Seguridad de la Mesa de Unidad Democrática en el país hay aproximadamente 72.000 personas que escogieron el delito como oficio: “De manera muy conservadora calculamos que hay unas 18.000 bandas criminales con por lo menos 4 integrantes”. De esas, 30% operarían en la región capital.
