La investigación se realizará en Argentina, Chile, Perú, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y África, donde hicieron contratos compañías brasileñas que ahora son denunciadas por pagos de sobornos.
“En una primera fase, en cada país donde Transparencia tiene un capítulo y donde estas empresas han actuado, se solicitará a las autoridades todos los contratos que han tenido, al amparo de las leyes de acceso a la información”, señaló Ugaz a la prensa.
Ugaz sostuvo que después de la fase inicial se desarrollará una pesquisa básica en sociedad con periodistas de investigación “para ir determinando elementos”.
“La información que encontremos será enviada a las autoridades de cada país y en los que haya investigaciones abiertas, como en Perú, servirán de aporte, y donde no haya impulsaremos las investigaciones”, dijo el presidente del grupo.
Después de ello, Transparencia Internacional entregará a Brasil la información para solicitar una investigación a nivel global.
Las denuncias contra las grandes constructoras brasileñas parten de investigaciones realizadas por la Policía Federal y el Ministerio Público (Fiscalía) de Brasil.
El escándalo en la mayor empresa pública de Brasil estalló en marzo de 2014, cuando en el marco del operativo policial denominado Lava Jato fue desmantelada una gigantesca red de desvíos de fondos en la petrolera estatal.
Relatos de implicados en los fraudes, que colaboran con los investigadores, indican que las contratistas de Petrobras formaron un cartel para repartirse las licitaciones y obtener contratos inflados con el ente, que obtenían mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de Petrobras y políticos.
“Estamos hablando de un caso de gran corrupción a nivel global que requiere la acción conjunta que vamos a plantear a la Fiscalía de Brasil, al amparo de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y se inicie así una investigación global”, señaló Ugaz.
Entre los involucrados está el ex jefe de gabinete del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, José Dirceu, quien fue detenido el lunes por cargos de corrupción y lavado de dinero.
Dirceu, un referente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), ya cumplía arresto domiciliario por liderar una red de compra de votos durante el primer gobierno de Lula (2003-2007). En este caso, la Fiscalía lo acusa de haber ideado, ya en esa época, la trama de corrupción en Petrobras.
En Perú, el caso salpica al gobierno del ex presidente Alan García (2006-2011), pues Dirceu, según consta en un registro de visitas de Palacio de Gobierno, se reunió en 2007 con el entonces mandatario.
Según fuentes periodísticas, Dirceu llegó por última vez a Lima en 2009 para reunirse con el entonces ministro Javier Velásquez Quesquén e indicarle que la constructora brasileña Engevix, una de las firmas involucradas, estaba interesada en conseguir una alianza con Perú en el área de energía hidroeléctrica.
Cuando el ex jefe del gabinete brasileño llegó a Perú ya afrontaba denuncias por el pago de sobornos a congresistas.
Según la Fiscalía de Brasil, Dirceu fundó y operó la agencia de asesoría empresarial JD Consultoría, la cual sirvió como fachada para recibir el dinero proveniente de los sobornos. Las autoridades encontraron unos 10 millones de dólares en las cuentas de la empresa.
DPA