Autoridades de Andorra investigan cuentas en BPA y BPA Serveis Panamá de Albino Ferreras, director de una filial de PDVSA; Sarah Moya, directora gerente de PDVSA Gas-Colombia; Fidel Ramírez, hermano del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez y médico de Hugo Chávez; Miguel Ángel Gómez Núñez, exembajador de Venezuela en Nicaragua; Luis Mariano Rodríguez Cabello; primo de Diego Salazar, que a su vez es primo hermano de Rafael Ramírez, o Javier Alvarado, exviceministro de Energía y presidente de una filial de PDVSA.
Las autoridades judiciales del Principado investigan una gigantesca trama de blanqueo de dinero vinculada al núcleo duro del régimen venezolano que habría lavado más de 1.400 millones de euros a través de Banca Privada de Andorra (BPA) entre 2006 y 2012, según se pone de manifiesto en sendas comisiones rogatorias enviadas el pasado mes de mayo a Estados Unidos y a la propia Venezuela. En el epicentro de la red se sitúan altos responsables de la petrolera estatal PDVSA y de sus empresas filiales, así como importantes responsables políticos. BPA fue intervenida en marzo pasado después de que el Gobierno andorrano recibiera los datos de una investigación abierta a la entidad por el Departamento del Tesoro norteamericano.
El expresidente de la petrolera estatal venezolana y también exministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez Carreño, uno de los personajes más influyentes del chavismo –ahora es embajador de su país en la ONU–, no está entre las 24 personas físicas sobre las que se pide información, ni tampoco aparece detrás de ninguna de las decenas de cuentas ni de las 42 sociedades investigadas. No obstante, las fuentes consultadas por ABC consideran que es prácticamente imposible que las operaciones descubiertas se hicieran sin su conocimiento.
Comisión rogatoria a EE.UU.
La primera de las comisiones rogatorias citadas, a cuyo contenido ha tenido acceso ABC de España, está firmada el 15 de mayo por la Sección de Instrucción Especializada 1 de Andorra, en el marco de las diligencias previas 4103434/2012 en las que se investigan las actividades supuestamente irregulares de la entidad bancaria andorrana. «Durante la tramitación de un expediente disciplinario a la entidad –dice el documento– el intructor del procedimiento administrativo constata que desde BPA Serveis se han creado diversas sociedades instrumentales, y que desde las mismas las personas investigadas efectúan ingresos en cuentas que se abren en el mismo banco a funcionarios públicos o políticos, con cargos de responsabilidad, dependientes de PDVSA o sus filiales». Solo por este procedimiento hay ingresos en cuentas corrientes de BPA de más de 79.700.000 euros.
La comisión rogatoria hace especial hincapié en un acuerdo suscrito en noviembre de 2007 entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China para la constitución de un Fondo de Cooperación Binacional por el que este segundo país concedía un crédito al primero para inversiones. En 2010 se suscribió un nuevo convenio marco, que es conocido como El Gran Volumen.
Acuerdo China-Venezuela
En virtud de los acuerdos China prestó 20 millones de dólares, que gestionó el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. La condición era que debía contratarse a empresas de ese país para la construcción de grandes infraestructuras, mientras que otra parte sería para el suministro de material energético para la industria pública petrolera y eléctrica. La mitad del dinero –diez millones, más intereses–, debía devolverse en divisas chinas y el resto en petróleo, que entregaría el Estado venezolano.
En este contexto cinco empresas chinas pagaron más de 154 millones de euros a una sociedad instrumental creada por BPA Serveis y controlada por Diego Salazar, primo hermano del entonces ministro y presidente de PDVSA Rafael Ramírez. La razón formal de esos ingresos era el pago de los servicios de asesoramiento de Salazar, pero no hay una factura con el detalle del trabajo hecho y además el dinero abonado por cada empresa se corresponde con un porcentaje de entre el 10 y el 15 por ciento del contrato de obra adjudicada en el marco del citado plan Gran Volumen, siempre relacionada con la extracción de petróleo, un sector manejado de manera exclusiva por PDVSA. Por si fuera poco, el servicio contratado se prestó en Venezuela, pero se pagó en Andorra… En materia de seguros relacionados con estas infraestructuras se vulneró la ley venezolana, ya que los mismos fueron pagados a una empresa panameña cuando la ley prohíbe expresamente que quien se beneficie de esos contratos sea una sociedad extranjera.
«Cabe preguntarse –señala la comisión rogatoria– cómo pueden unos funcionarios de una empresa pública que contrata, supervisa, autoriza y paga más de 154 millones de dólares a una sola mercantil obviar esta circunstancia. Más aún, cuando el pago se hace fuera del circuito financiero nacional». Quizá una de las respuestas es que una de esas empleadas, Mariela Matheus Baptista, encargada de supervisar los abonos, también recibió en sus cuentas 500.000 euros desde cuentas controladas por Diego Salazar, el beneficiario del contrato de seguros a través de la sociedad panameña I.S.B Sociedad de Corretaje de Reaseguros, CA., registrada también en la Superintendencia de Seguros de Venezuela bajo el número SCR-66, con oficinas en la Torre Centro Sudamérica de El Rosal en Caracas.
Seis años
En la segunda comisión rogatoria, la enviada a Venezuela el 22 de mayo, también en relación con las diligencias previas ya citadas, se puede leer asimismo que «desde el año 2006 y hasta finales de 2012 se han detectado operaciones financieras entre personas físicas y jurídicas que están relacionadas por las investigaciones. Como denominador común –añade el documento–, las personas físicas que participan son de nacionalidad venezolana y las sociedades utilizadas para transferir los fondos desde el extranjero al Principado de Andorra o viceversa son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas». Para ello se utilizaron numerosas cuentas con el objetivo de que hacer opaco el origen del dinero, que se calcula en unos 1.350 millones de euros.
«El dinero que circula internacionalmente –precisa la comisión rogatoria– tendría presuntamente un origen delictivo de corrupción política y/o de funcionarios del Estado venezolano», y añade que «buena parte de los fondos procederían también presuntamente de contratos sobrevalorados en materia de seguros cuyos tenedores serían empresas públicas venezolanas».
Las personas físicas y jurídicas investigadas tenían cuentas abiertas en la BPA entre las que se detectan movimientos económicos muy importantes que se justifican de una forma «muy genérica, sin el soporte documental suficiente atendiendo a la importancia del volumen económico».
Entre los titulares de cuentas investigadas, además de los ya citados, hay personas tan relevantes en Venezuela como Albino Ferreras, director de una filial de PDVSA; Sarah Moya, directora gerente de PDVSA Gas-Colombia; Fidel Ramírez, hermano del expresidente de PDVSA Rafael Ramírez y médico de Hugo Chávez; Miguel Ángel Gómez Núñez, exembajador de Venezuela en Nicaragua; Luis Mariano Rodríguez Cabello; primo de Diego Salazar, que a su vez es primo hermano de Rafael Ramírez, o Javier Alvarado, exviceministro de Energía y presidente de una filial de PDVSA.
ABC
