La Audiencia Nacional de España investiga las operaciones irregulares de la sucursal de Banca Privada de Andorra en España: Banco Madrid. Este lunes se presentaron a atestiguar el ex presidente del mismo Josè Pèrez y la ex directora general del Tesoro y miembro del Consejo de Administración de la entidad, Soledad Núñez. Ambos niegan alguna acción ilegal a pesar de haber tenido entre sus clientes a connotados miembros de la mafia china, rusa y a varios altos ex funcionarios chavistas bajo investigación por corrupción en EEUU.
Aquí la nota completa de El Español:
El ex presidente de Banco Madrid, José Pérez, niega de manera tajante y rotunda que haya participado ni colaborado de alguna manera en posibles blanqueos de capitales de clientes suyos utilizando la entidad para ello. Es más, según ha asegurado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, antes de aceptar el cargo en el banco puso como condición fortalecer todo el trabajo de ‘compliance’ y de lucha contra el blanqueo de la entidad. Sin embargo, el servicio de inteligencia financiera española detectó operaciones y clientes sospechosos durante su mandato.
Aun así, él mantuvo ante el juez que su compromiso para acabar con ese tipo de actuaciones quedó reflejado en el fichaje de un hombre de su plena confianza, Ricard Clement, quien quedó encargado de controlar un posible blanqueo dentro del banco. Ambos, junto al resto de miembros del Consejo de Administración, se encuentran imputados por un delito de blanqueo de capitales tras la querella interpuesta por un cliente del banco.
El escándalo estalló por una denuncia de Estados Unidos, que alertó de que la banca Privada de Andorra (BPA) y su filial en España, Banco Madrid, habrían colaborado con dirigentes chavistas para blanquear dinero de origen delictivo, así como con miembros de la mafia china o rusa.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes presentes en el interrogatorio, Pérez defendió la labor del banco, que en el momento de la intervención por parte del Banco de España se encontraba con superávit y fue precisamente esa medida intervencionista lo que les obligó a presentar un concurso de acreedores ante el temor de que todos los clientes sacaran su dinero tras la denuncia de Estados Unidos.
En la misma línea declaró, también como imputada, la ex directora general del Tesoro y miembro del Consejo de Administración de la entidad, Soledad Núñez. Fue fichada a finales de 2014 y, por tanto, tan solo participó en tres reuniones antes de que saltara el escándalo. Es más, todas las operativas analizadas por el Servicio de Blanqueo de Capitales (Sepblac) son anteriores a su incorporación en el banco. De esta manera, sostuvo ante el magistrado que su imputación debe tratarse de un error.
Justo después del informe estadounidense, el servicio de inteligencia financiera, Sepblac, dependiente del Ministerio de Economía, elaboró un documento remitido a la Fiscalía Anticorrupción en el que se alertaba de varios clientes del Banco Madrid que, a su parecer, la entidad no tenía que haber aceptado. Entre ellos se encontraba el presunto cabecilla de una organización criminal rusa, Andrei Petrov, recientemente condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña e imputado en la Audiencia Nacional. También se señalaba al ex viceministro de Energía venezolano, Nervis Gerardo Villalobos; al ex viceministro de desarrollo eléctrico de este mismo país, Javier Alvarado; a un antiguo capitán del ejército chavista, Carlos Luis Aguilera o al empresario Omar Jesús Farías, quien parece, según recoge el Sepblac en su informe, que podría estar acusado de corrupción en Venezuela.
Durante su interrogatorio, Núñez explicó que, al contrario de lo que se sospecha, ella fue nombrada miembro del Consejo de Administración para fortalecer la lucha contra el blanqueo dentro del banco, dado que se trataba de una filial de una entidad andorrana, país en el que durante años se ha tenido más manga ancha con la procedencia del dinero de sus clientes. A su juicio, fue por su trayectoria en la lucha contra el blanqueo que desarrolló en el Tesoro por lo que fue elegida.
La entidad, según estos testimonios, tenía interés en fortalecer su punto más débil y es por eso hizo estos fichajes de renombre que controlaran la entrada de cierto capital en la entidad.
Lo ocurrido con la cúpula de Banco Madrid llamó mucho la atención porque tanto Pérez como Núñez habían estado vinculados a instituciones de especial relevancia como es el Banco de España. En el caso de Pérez, fue director general de Inspección con Luis Ángel Rojo como gobernador del Banco de España y asesor externo durante la crisis del sucesor en el organismo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En el caso de Núñez, como directora general del Tesoro formó parte del consejo del Banco de España que en 2011 autorizó que que el BPA se hiciera a través de Banco Madrid con ficha bancaria en España. Tres años después, fue fichada por Pérez como consejera de la entidad.
Entre los miembros del Consejo de Administración también están Joan Pau Miquel Prats, Ricard Clement y Rodrigo Achirica. Los dos últimos serán interrogados este martes mientras que Prats, también consejero delegado de BPA, no acudirá a la Audiencia al encontrarse preso en Andorra desde que fue detenido tras la intervención del banco bajo la sospecha de que habría ingresado comisiones de la mafia china a cambio de centrifugar los importes provenientes de la trata de personas. También declararán, pero por videoconferencia, Higini y Ramón Cierco, accionistas mayoritarios de Banco Madrid y de la central Banca Privada de Andorra.
En esta investigación únicamente están imputados los miembros del Consejo de Administración pero ningún cliente blanqueador. La querella que provocó la apertura de la investigación iba dirigida contra el Consejo de Administración por un delito de blanqueo de capitales. Sin embargo, el objeto del escrito era denunciar que la intervención del banco les había dejado bloqueado su capital.
De esta manera, la Fiscalía Anticorrupción considera que el objeto de la investigación se centra en un delito de insolvencia punible. Sin embargo, la incorporación de un informe procedente del Juzgado de lo Mercantil que lleva el concurso de acreedores de la entidad hace difícil la continuación del proceso. En ese documento, se acredita que en el momento de la intervención, el banco tenía un superávit patrimonial de 42 millones de euros y, por tanto, una vez que se satisfaga a todos los acreedores, la insolvencia no podrá confirmarse.
Fuente: El Español
