CuentasClarasDigital | Enero 2016.- En Venezuela, como en otros países latinoamericanos la expresión “pasar agachado” significa rehuir las responsabilidades, es decir, evitar que que un hecho sea percibido. Esta es la situación de los grandes casos de corrupción, ocurridos en nuestro país, como la emergencia eléctrica, las empresas de maletín que recibieron altas sumas de dólares preferenciales, las importaciones simuladas, el fraude masivo de Francisco Illaramendi. Igualmente, los sobornos a funcionarios del Bandes y Banfoandes, investigados y sancionados en Estados Unidos, las cuentas o negocios ilícitos de funcionarios venezolanos en Andorra, Suiza, España, Panamá, Portugal, entre otros países, las oscuras cuentas de Petróleo de Venezuela, las exportaciones con la moneda virtual Sucre (con sentencias condenatorias en Ecuador).
En el mes de mayo, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional anunció que estaba investigando 116 denuncias sobre presuntos hechos de corrupción, cuyas conclusiones -en un 60% – estarían lista para mes de agosto, de acuerdo a la información de la diputada Nancy Ascencio, en una entrevista concedida al programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión.
No se conocieron los datos ofrecidos, lo que no es de extrañar, porque en el 2014, apenas en el 6% de los expedientes concluidos por los diputados de la Comisión Contraloría de la Asamblea Nacional se plantearon sanciones a los presuntos responsables de incurrir en hechos de corrupción, aunque en el informe de gestión correspondiente a 2014 califica como un éxito el análisis de 157 casos.
Por su parte, el Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, anunció que se aplicarían las sanciones correspondientes a los funcionarios que incurran en hechos de corrupción, “desde la multa mínima hasta la inhabilitación, sin distingo alguno”.
Pero, si analizamos las decisiones en materia de corrupción, además de distingos, existe un alto índice de impunidad. En materia judicial hubo algunas decisiones judiciales que recayeron sobre una ex ministra, dos alcaldes, dos ex gobernadores, dos directivos del Ministerio de petróleo y una del ministerio de planificación, pero también militares, policías y funcionarios públicos de rango medio.
El caso Rafael Isea
Un caso que se mantiene en investigación, de acuerdo a las notas de prensa del Ministerio Público es el correspondiente al ex gobernador de Aragua, Rafael Isea. Aunque es el actual mandatario regional. Tareck El Aissami, quien ha llevado la vocería informativa, como en los procedimientos de incautación de propiedades, que “eran usadas para la comisión de delitos de corrupción y extorsión”, según dijo.
A través de Venezolana de Televisión, Tareck El Aissami, en el mes de julio, precisó que entre las propiedades de Isea, incautadas por estar bajo la obtención ilícita de dinero del estado, se encuentran dos haciendas, tres quintas, un local comercial, dos apartamentos, y un carro.
Aseguró que teniente (r) Rafael Isea usó la Empresa Minas de Aragua (Minarsa), para obtener un crédito por 67 millones de bolívares otorgados en 2011 por Bandes. Ese monto, puntualizó, fue desviado para uso personal.
El gobernador de Aragua en ejercicio ha afirmado que tiene pruebas contra Isea y exigió su extradición, aunque también afirmó que es “agente al servicio del imperio norteamericano” y se sumó al programa de testigos protegidos de los Estados Unidos.
Pero lo que más llamó la atención – y evidencia una actitud favorable a la impunidad- fue la confesión de Tareck El Aissami, durante una asamblea regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Dijo que Rafael Isea es “bandido y traidor a la revolución bolivariana” y lo vinculó con presuntos actos de corrupción que silenció “por pedido del fallecido presidente Hugo Chávez.”.
“Yo quería hacer esta denuncia grave…. en dos años siempre me callé por respeto al pueblo y también me callé porque el comandante Chávez me dijo cuándo me envió para acá: “estoy sacando a un hijo mío por traidor, no me vayas a fallar tú que eres otro hijo
Ante la confesión del mandatario regional, el diputado Ismael García presentó una solicitud de investigación ante el Ministerio Público, pero la petición nos progresó.
La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, reiteró que el ex gobernador de Aragua, Rafael Isea, tiene orden de captura y se encuentra incorporado en el código rojo de la Organización Internacional de Policía (Interpol), debido a una investigación por presuntos hechos de corrupción entre 2011 y 2012.
Pero el diputado Ismael García reveló que en el año 2009 presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Rafael Isea, quien también fue ministro de finanzas y su socio Moris Beracha, por las negociaciones irregulares con las Notas Estructuradas.
Sin embargo, la jefa del Ministerio Público aclaró que el caso del ex gobernador de Aragua se fundamenta en una investigación iniciada en julio de 2013 y el 26 de agosto de ese mismo año se solicitaron medidas de bloqueo e inmovilización preventiva de cuentas bancarias. Asimismo, prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, por el caso Minarsa (Empresa Aragüeña de Minas).
Es decir, las presuntas negociaciones ilícitas con las Notas Estructuradas no han llegado ni siquiera al campo de la investigación.
Tres detenidos
A mediados del mes de noviembre 2015 , fueron detenidas tres ex funcionarios de la gestión de Rafael Isea: el ex secretario de infraestructura, teniente coronel del ejército, Jesús Pérez Rodríguez, la ex secretaria Sectorial del Poder Popular para el Desarrollo Urbanístico e Infraestructura, Alison Ledezma Hernández, y Elsa Adhali Guerrero Martínez, ex procuradora y registradora Primera Mercantil del estado Aragua, por encontrarse presuntamente vinculados a la comisión de los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir y destrucción de bienes declarados como bienes de interés cultural (caso Teatro de la Opera de Maracay).
El Tribunal tercero de control de Aragua, donde fueron imputados, les dictó medida cautelar con presentación cada 30 días ante el tribunal.
El ex gobernador de Guárico
En el mes de marzo, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz anunció que fue condenado a 18 años de prisión el ex gobernador del estado Guárico, Luis Enrique Gallardo, y cinco funcionarios de su equipo de gobierno, por hechos de corrupción cometidos durante su gestión, entre los años 2010 y 2012.
Además del ex mandatario regional, fueron condenados el ex presidente del Instituto Autónomo de la Vivienda, Leonardo Rodríguez; el ex secretario general de gobierno, Carlos Alfonzo Cerezo; ex presidente de la comisión de contrataciones de la gobernación, Ciro Pérez Pérez; ex consultor jurídico, Nemecio Cedeño; y el ex secretario de Infraestructura, Argel Barrios.
Estas seis personas, fueron condenadas por los delitos de peculado doloso propio, malversación específica de fondos públicos, concierto de funcionario público con contratista y evasión de procedimientos de contratación pública.
Francisco Illaramendi, condenado en EEUU…sobreseído en Venezuela
El 30 de enero de 2015, Francisco Illaramendi, quien fue asesor financiero del Ministerio de Finanzas y de Pdvsa, fue sentenciado en una Corte de Bridgeport, Connecticut, EEUU, a 13 años de prisión, casi cuatro años después de su confesión sobre un fraude masivo, con claros visos de corrupción, que involucró fondos de los trabajadores y jubilados de Petróleo de Venezuela (Pdvsa).
Illaramedi se declaró culpable en marzo de 2011 por varios cargos de fraude y conspiración para obstruir la justicia de Estados Unidos.
Como director de varios fondos, los fiscales afirmaron que Illarramendi mintió repetidamente a los inversores y acreedores, mientras trataba de cubrir las pérdidas de inversión superiores a 500 millones de dólares, utilizando para su propio beneficio US$ 20 millones, incluyendo 5 millones para construir una casa lujosa en New Canaan.
Aunque el administrador judicial recuperó gran parte del dinero del fraude masivo ejecutado por el financista venezolano, los fiscales del caso aseguraron que las pérdidas superaron los 200 millones.
El fraude comenzó como un intento de encubrir la pérdida de 5 millones de dólares en una transacción de bonos públicos de Venezuela que fracasó. Con el tiempo, según los fiscales, se disparó de manera exponencial y siguió una serie de transacciones”.
Los fiscales revelaron que Illarramendi reconoció el pago de millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno venezolano para recompensarlos por dirigir el dinero de la compañía petrolera a sus empresas de inversión, utilizadas para ocultar el fraude.
Su condena fue en Estados Unidos, pero otra cosa fue en Venezuela, El 22 de marzo de 2012, el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobreseyó a Francisco Illaramendi, por considerar ” que el hecho objeto del proceso no revestía carácter penal”, de acuerdo con lo expuesto en la causa 49ºC-16000-11.
Tampoco fue atendida la petición de los diputados a la Asamblea Nacional Ismael García, Hermes García, Jesús Paraqueima y Miguel Alejandro Pizarro, presentada el 23 de febrero de 2011 ante el Ministerio Público, donde solicitaron una investigación sobre el caso de los fraudes cometidos por Francisco Illaramendi..
Tampoco la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional investigó el caso, aunque el fraude masivo de Illaramendi afectaba los Fondos de los trabajadores y jubilados de Pdvsa.
Alcaldes
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, fue la encargada de anunciar que el alcalde del municipio Caroní del estado Bolívar, 
fue acusado por presuntamente haber incurrido en hechos de corrupción durante su gestión.
El alcalde José Ramón López fue detenido el 27 de septiembre por funcionarios del Sebin, en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público ante el Tribunal 5º de Control de Puerto Ordaz. Según la investigación preliminar, el gobernante municipal tendría vinculación con una empresa beneficiada con varios contratos adjudicados por la Alcaldía de Caroní, los cuales no cumplieron con las normas y procedimientos estipulados en la Ley de Contrataciones Públicas
En otra decisión, Fue condenado a seis años, siete meses y 22 días de prisión el ex alcalde de Maturín, Numo Rojas Velásquez (58), por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión entre los años 2004 y 2008.
Por este mismo caso fue condenada la ex presidenta de la Casa de la Mujer de la mencionada ciudad, Odilia Fernández Martínez, a tres años y seis meses de prisión por ser persona interpuesta respecto al ex burgomaestre.
En el juicio, los fiscales del caso ratificaron la acusación contra Numa Rojas y Fernández Martínez por la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración jurada de patrimonio, previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos.
Estos dos ex alcaldes fueron militantes del Psuv y según versiones los procedimientos judiciales habían sido por retaliaciones internas dentro del partido,
Casos de Militares y policías
Acusados tres militares de la Aviación por corrupción: El Ministerio Público acusó a los tenientes y al sargento de la Aviación Militar, Freddy Figuera Araujo (25), Alexis Márquez Hernández (28) y José Guerrero Ortega (28), respectivamente, quienes habrían solicitado dinero a la dueña de un establecimiento comercial ubicado en la Colonia Tovar, estado Aragua, por supuesto sobreprecio y acaparamiento en la venta de productos.
Acusados dos GNB por corrupción en la aduana aérea de Maiquetía : El Ministerio Público acusó a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) José Gregorio Daza (34) y Fermín Zambrano (30), así como al empleado de una empresa de mudanzas internacionales, William Paredes (62), tras solicitar dinero a una mujer para autorizar la salida del país de sus enseres personales con destino a la ciudad de Oporto, en Portugal.
Acusado por corrupción teniente del Ejército: El Ministerio Público acusó al teniente del Ejército Nacional Bolivariano, Daniel Arturo Infante Sánchez (22), y a Luis Eduardo Polo Jaime (45), quienes habrían incurrido en el cobro indebido de 400 mil pesos colombianos a un ingeniero que labora en la construcción del nuevo puente entre Ureña y Cúcuta, a cambio de no involucrarlo en un delito.
Privados de libertad 5 funcionarios de la PNB por corrupción en CaracasFueron privados de libertad cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por presuntamente haber exigido un millón de bolívares al propietario de un local comercial de cauchos en Caracas, para evitar la apertura de un procedimiento por los delitos de acaparamiento y especulación.
Privan de libertad a cuatro policías de Aragua por corrupción: La imputación estuvo dirigida a Leandro Hernández (35), Osmar Ochoa (32), Yervis Deloza (27) y William Izarra (23), por presuntamente por solicitar una alta suma de dinero a los familiares de una persona con arresto domiciliario, a cambio ) y William Izarra (23), por presuntamente solicitar una alta suma de dinero a los familiares de una persona con arresto domiciliario, a cambio de no implicarlo en un caso de drogas.
Condenan a policía del Táchira por corrupción: A 3 años, seis meses y 10 días de prisión fue condenado el funcionario de la Policía del estado Táchira, William Alexander Rodríguez Cuéllar (42), por solicitar indebidamente la cantidad de 5 mil bolívares a un hombre para no iniciar un procedimiento penal en su contra.
Impiadosa 8 funcionarios del Cicpc y uno de la PNB por corrupción: ante un tribunal de control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), a ocho funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y a un oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes fueron detenidos el pasado 04 de agosto por presuntamente solicitarle dinero a una mujer a cambio de no involucrarla en un caso de droga.
Presos fiscal del Seniat y sargento (GNB) por presunta corrupción : Al Centro Penitenciario de la Región Centroccidental y a la sede del destacamento 47 de la GNB fueron enviados, respectivamente, la fiscal del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), Martha Clemencia Jiménez Ramírez (44), y el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Douglas José Carvajal Zapata (39), a quienes les dictaron privativa de libertad, por su presunta responsabilidad en la exigencia de 300 mil bolívares a un comerciante para evitar la clausura de su negocio ubicado en Barquisimeto, municipio Iribarren del estado Lara.
Ocho años y medio para militar por corrupción en Pdval de Cojedes: El Tribunal 1º de Juicio de ese estado Cojedes, ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, dictó condena de ocho años y seis meses de prisión el teniente coronel Pedro Luis Núñez Azocar (54), por la administración irregular de fondos públicos mientras se desempeñaba como gerente general de Transporte de la empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval).
Bolívar: 12 años de cárcel a tres policías por corrupción y tráfico de drogas: Fueron condenados a 12 años de prisión tres funcionarios de la Policía del estado Bolívar y un civil por su responsabilidad en hechos de corrupción y tráfico de drogas, ocurridos el 1° de agosto de 2008 en el sector El Roble de San Félix, estado Bolívar.
Acusados tres policías de Chacao por corrupción: El Ministerio Público acusó a tres funcionarios de la Policía del municipio Chacao por presuntamente solicitarle ocho mil 500 bolívares a un hombre a cambio de no involucrarlo en el hurto de una moto, hecho ocurrido el 14 de agosto, en el módulo policial ubicado en la plaza Brión de Chacaíto, en Caracas.
Funcionarios: pocos altos, muchos medios y hasta simples
Pocos son los altos funcionarios que en el 2015 fueron sometidos a procedimientos judiciales por presuntos hechos de corrupción.
A la ex ministra de Salud, Eugenia Sader Castellanos le aplicaron medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes e inmovilización de las cuentas bancarias.
En el marco de los altos ex funcionarios procesados judicialmente se encuentra la ex directora general de Mercados Internos del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, Gladys Nubia Parada Mendoza y la ex coordinadora de esa misma dependencia, Diannaly Muñoz Blanco, enjuiciadas por presuntas irregularidades en los despachos de combustible.
Asimismo, el Ministerio Público acusó al director ejecutivo de Producción de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Occidente, José Luis Parada, por presuntamente incurrir en irregularidades administrativas en la celebración de contratos con empresas de servicios durante el año 2008.
Otro es el caso de la ex directora general de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Planificación, Mariyuli Ocarina Ortíz Borgo. El 4 de agosto de 2014, el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, denunció ante el Ministerio Público a Ortiz Borgo, porque habría realizado una transferencia de 309 mil 655 bolívares con 80 céntimos a su cuenta personal del Banco Industrial de Venezuela. Tal cantidad de dinero correspondía al pago de prestaciones de antigüedad del personal empleado, obrero y contratado del referido ente ministerial.
Igualmente, fueron condenadas a cinco años y dos meses de prisión María Acosta, ex gerente de Finanzas, y María Rodríguez, ex gerente general de Administración y Finanzas, de la CVG Ferrominera Orinoco, luego de admitir estar incursas en hechos de corrupción cometidos durante la gestión del ex presidente de la esta industria básica del Estado venezolano. Radwan Sabbagh.
Además, por estos mismos hechos, fue condenado a tres años y seis meses el ex gerente técnico de Operaciones, Ángel Ramón Campero Franco, quien también admitió los hechos en la audiencia preliminar realizada este 30 de abril.
Por otro hecho, el Tribunal 8º de Control de Aragua, dictó sentencia condenatoria de dos años y seis meses de prisión al ex director del Ministerio del Poder Popular para la Salud, José Gregorio Velásquez Lozada, quien admitió haber autorizado el 4 de septiembre de este año la salida irregular de más de 531 mil unidades de insumos médicos propiedad de ese organismo público, que habían sido ubicados un almacén ubicado en la población de Las Tejerías, estado Aragua.
Adicionalmente, fueron condenados a la misma pena la ex teniente de la Aviación, Karla Morales; los ex sargentos del Ejército, Darwin Díaz y Miguel Rojas; y la contadora Rebeca Hernández, quienes admitieron haber participado en la sustracción ilícita de los insumos.
Durante la audiencia preliminar, los fiscales 21° y auxiliar de Aragua, Rolando García y José Arreaza, respectivamente, ratificaron la acusación contra las cinco personas por los delitos de peculado doloso propio y agavillamiento.
Fuera de estos pocos casos, resultan abundantes las decisiones judiciales decidida en 2015 contra funcionarios públicos – la mayoría simplemente funcionarios, cuya lista es muy larga, y solo informaremos la cantidad de casos y la institución y la institución
| INSTANCIAS PÚBLICAS O CARGOS | SOMETIDOS A PROCESOS JUDICIALES |
| Jueces | 4 |
| Empleados tribunalicias | 2 |
| Fiscales del Ministerio Público | 2 |
| Cancillería | 5 |
| Ministerio de Salud | 4 |
| CVG Ferrominera Orinoco | 3 |
| Saime | 11 |
| Seniat | 4 |
| Sundde | 3 |
| Banco Bicentenario | 8 |
| Saren | 5 |
| Banco de Venezuela | 1 |
| Servicio Tributario de Aragua | 1 |
| Inspectoría de Trabajo de Aragua | 4 |
| Mensajeros | 3 |
| funcionarios penitenciarios | 2 |
| Gobernación de Mérida | 3 |
| Mercal | 4 |
| Tránsito terrestre | 1 |
| Abasto Bicentenario | 2 |
Fuente: CCD
Voces contra la corrupción
“La corrupción en Venezuela, por la expansión de las redes de la corrupción, ha producido un efecto viral sobre la sociedad”, Carlos Tablante.
La corrupción ha permitido la presencia de la delincuencia organizada en Venezuela. (conclusión de las exposiciones de Damián Prat, Alejandro Rebolledo, Marcos Tarre y Carlos Tablante. Conversatorio sobre la legitimación de capitales y la corrupción, organizado por la Fundación Espacio Abierto )
En Venezuela, los casos de corrupción no son investigados, se limita el acceso a la información y según un informe de las tres principales casas de estudio Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar y Universidad Católica Andrés Bello, la pobreza ha aumentado de forma significativa. Así lo reveló Mercedes De Freitas, de Transparencia Venezuela
“La corrupción apesta, como dice el Papa. No hay dólares para alimentos porque hay una corrupción inmensa”, afirmó el cardenal Jorge Urosa Savino, al ser entrevistado en el programa Diálogo con…”, transmitido por Televen.
