En entrevista Buscaglia publicada en Aristegui Noticias, plantea la urgencia de que México replanteé su marco jurídico e incorpore medidas más drásticas en este sentido de lo contrario, advierte, el costo social será aún más alto.
En su libro más reciente enfatiza la forma en que el lavado de dinero se ha ligado a la corrupción política.
Durante los últimos 20 años se ha convertido en un cáncer espantoso que ha succionado vidas humanas de una manera descontrolada. Una de las áreas para prevenir que la delincuencia organizada siga succionando al país es el área patrimonial. Desde luego hay otras como la judicial y la prevención social, pero el lavado de dinero es el aparato circulatorio de estas redes criminales. Gran proporción de las desapariciones forzadas tienen motivación económica. Miles de niñas han sido secuestradas no por razones políticas ni sociales, sino simplemente para explotarlas económicamente, como señala Lydia Cacho. Es urgente implementar las medidas para contener las motivaciones económicas que hay detrás de las 47,000 desapariciones forzadas.
De no contenerse el tsunami del dinero que surge de estos delitos, muchos de ellos de lesa humanidad, vamos a tener muchos “Ayotzinapas” por delante.
Usted ha planteado que México es un país de tránsito en términos de lavado de dinero.
Así es. No es el destino final de ese capital. Estados Unidos y la Unión Europea son los últimos puertos de esos recursos. Hay que entender el circuito: antes de llegar a Estados Unidos y la UE, ese dinero surge de la explotación sexual de niñas y jóvenes, pasa por empresas pantallas nacidas en sitios como Islas Caimán. Después se compran bonos de la deuda búlgara o un edificio en España. Se necesitan dos para bailar tango: México comete sus grandes fallas, pero luego el Cártel de Sinaloa procesa el dinero a través del banco HSBC y pasa por la jurisdicción americana o europea. Una vez que se descubre el proceso, los abogados negocian multas. No podemos seguir así. Hay que comenzar a aplicar sanciones penales por negligencia criminal.
Este tipo de procesos no se entienden sin la colaboración del poder político.
En algunos países la colaboración de los políticos es más sucia que en otros. En Estados Unidos gran parte del financiamiento de campaña electoral viene de bancos, entonces los políticos en el fondo de su cerebro tienen un conflicto de interés latente. Además los dineros que aportan los bancos norteamericanos en su país no están regulados. Uno sólo puede objetar sus aportaciones éticamente, es lo que llamo corrupción legalizada. En México tenemos un problema grave porque el financiamiento de campañas si bien está regulado, en cuanto al dinero entra a los partidos se genera un agujero negro pues no se audita. Los partidos gastan lo que quieren. A diferencia de Estados Unidos o Europa, México necesita cubrir los controles patrimoniales más básicos. Si lo hace será un poco más costoso para la delincuencia organizada, meter dinero a la política. En ningún lado se puede evitar al 100% el lavado de dinero, pero sí puede dificultar. La cuestión es que en México los controles patrimoniales y auditorías de Estado brillan por su ausencia.
Usted propone la creación de una fiscalía Supranacional. ¿Por qué?
La presión internacional siempre genera más cuidado. Una fiscalía supranacional implica modernizar el Estado; presiona a las fiscalías nacionales porque las sujeta controles parlamentarios y mundiales, tal como sucede en Europa. No estoy diciendo que esto sea la panacea, pero por ahora es lo que se tiene. A la delincuencia transnacional hay que combatirla con instituciones internacionales. Hay que crear una nueva arquitectura de coordinación mundial. Por eso planteo que puede ser útil la experiencia europea con las policías supraestatales, Europol y las fiscalías que agilizan la coordinación entre los estados.
Suele suceder que se tienen instancias o leyes que en el papel presumen eficacia, pero en la práctica no cumplen su cometido.
Ese es un problema mundial, pero en algunos lados la brecha es enorme, como en México, donde existe un marco jurídico tributario que debería bastar para realizar auditorías federales, sociales y tributarias. El problema es que ninguna de las tres se aplica a partidos, candidatos o municipios. Las leyes están redactadas para que la clase política se proteja con el mismo texto. Ojalá México tuviera juicios políticos como sucede en Brasil.
¿Qué tipo de costos tiene aplicar los mecanismos en términos de violencia?
Cuando pegas a los mecanismos empresariales y al corazón de la delincuencia organizada, inmediatamente comienzan a saltar los demonios. Se asesina a los políticos adversarios, caen jueces, etc. Sin duda surge tema grave de violencia pero el Estado debería estar prevenido con células de inteligencia. Se necesitan crear mecanismos judiciales de antemano. Siempre les digo a los funcionarios del Estado que no se puede asumir que por tener oralidad procesada y reformas judiciales en México, el sistema va a funcionar mejor. Hay que reforzar al sistema judicial de lo contrario veremos más violencia no necesariamente contra la población, sino contra las élites que quieran combatir al crimen organizado ya sea por presión internacional o civil.
¿En México no se quiere pagar este costo?
Claro. Recuerde cómo reaccionaban los grupos criminales en Colombia por mecanismos como la extradición: mataban a candidatos. Se pagó un precio alto y no hay lugar del mundo donde las élites quieran asumir el costo. México tendrá que pagar un precio. Los arquitectos de la impunidad actual pagarán caro por el monstruo de corrupción mafiosa que crearon en este país.
Su libro cierra con los casos de corrupción el FIFA. Otro escándalo notable de lavado de dinero.
La corrupción en la FIFA muestra la impunidad que genera la ausencia de controles patrimoniales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que es una organización internacional fundada en el 89 en París, congrega a todos los países que acordaron 40 recomendaciones para prevenir y combatir lavado de dinero. La FIFA firmó todos y cada uno de esos pactos, sin embargo violó todas las recomendaciones. No es un problema de ángeles y demonios, se tienen demonios en todos lados pero yo me dedico a medir objetivamente, con datos duros, cuál es la reacción de los Estados ante la corrupción.
¿Le sorprende que las denuncias por corrupción no hayan alcanzado aún a funcionarios mexicanos?
La delincuencia organizada más organizada en México es la política. El pacto de silencio es mucho más efectivo en la política mexicana que en el Cártel de Sinaloa. Por eso es tan difícil que surjan denuncias desde México hacia afuera. Caen paraguayos, argentinos, pero el tema de la omertá mexicana es muy evolucionado
