Todo indica que Alejo Morodo, hijo de ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo visitaba frecuentemente nuestro país, pero no precisamente con fines de asesoría en la principal empresa estatal venezolana. Al parecer, el pago que recibía tenía fines políticos, que pudiera ser una organización o actividades partidistas, lo cual constituye una violación de la Constitución Nacional, que en su artículo 67 prohíbe expresamente el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.
En su segundo artículo sobre el mismo tema, El Español desarrolla la siguiente información:
La Policía rastrea el destino final de las comisiones millonarias pagadas por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) al hijo del ex embajador socialista Raúl Morodo. En poder de los investigadores obra ya la documentación de los pagos, revelada ayer por El Español. Pero también el testimonio de al menos un colaborador policial en la República Bolivariana que ha facilitado datos bancarios de las operaciones y sostiene que los fondos fueron desviados a sociedades de Alejo Morodo “con fines políticos”.
Este periódico (El Español) ha tenido acceso a los informes policiales elaborados en relación con el pago de 3,8 millones de euros por parte de Petróleos de Venezuela (PDVSA) al bufete de Morodo en España así como a una sociedad instrumental panameña, Furnival Barristers Corporation, con cuenta en Suiza. En ellos se cuestiona la veracidad de las supuestas asesorías jurídicas hasta el punto de dudar de su existencia. Los investigadores apuntan que los precios abonados están inflados y que encubren otro tipo de contraprestaciones.
El «colaborador en Lisboa»
El Español se puso en contacto con Morodo Jr., que no ha concretado los servicios prestados a la petrolera más allá de asegurar que “colaboró en la implantación de la misma en Europa” y que las cifras que cobró son “discutibles”.
En cuanto al destino del dinero, el hijo del histórico miembro del PSOE niega que lo haya destinado a fines políticos aunque se desmarca del destino que hayan podido darle colaboradores a los que, dice, contrató para llevar a cabo sus servicios. En este sentido apunta él mismo a un “colaborador en Lisboa” al que dice haber recurrido para que le ayudase en sus supuestas asesorías.
La policía recuerda que Raúl Morodo estuvo destinado como embajador de Portugal desde 1995 hasta 1999 y posteriormente en la República Bolivariana de Venezuela entre los años 2004 y 2007. Asimismo destaca que en el año 2006 los partidos opositores a Hugo Chávez denunciaron ante el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero las injerencias del diplomático en la política interna de Venezuela presionando para que el partido de Chávez fuese aceptado en la Internacional Socialista.
Cumbres en el hotel Villa Magna
Las primeras pesquisas preliminares establecen que Alejo Morodo se ha desplazado a Venezuela “al menos 44 veces desde 2007”. Asimismo, destacan que el hijo del diplomático está vinculado a la empresa PDVSA Ibérica, S.L., radicada en España, como liquidador. Esta filial de la petrolera venezolana fue radicada en su propio bufete madrileño y en ella figuraba Julia Elba Van den Brule, que fue nombrada por Chávez “consultora jurídica adjunta del Ministerio de Energía y Minas”. A su vez destaca la Policía que “Julia Elba realizaba labores de asistente ejecutiva del ministro de Petróleo y Minería y ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez”.
“Ambos, según el colaborador, son del círculo próximo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestando que Rafael Ramírez, en los diez años que dirigió la petrolera venezolana, se ha apoderado de unos 16.000 millones de dólares”. Precisamente, y tal y como ha desvelado este diario, los contratos entre PDVSA y el hijo de Morodo los suscribió Ramírez, al que las autoridades de Estados Unidos acusan de cobrar sobornos y de utilizar sociedades corporativas de la petrolera para blanquear dinero procedente del narcotráfico.
La Policía ha podido acreditar además que Julia Elba ha coincidido en Madrid con Rafael Ramírez y con Lisbeth Margarita Cuauro, ex directora general de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo y actualmente directora general del Ministerio Popular para Relaciones Exteriores.
