La Asamblea Nacional no solo hace leyes. También vigila. El artículo 187 de la Constitución venezolana menciona entre las atribuciones de la AN, “ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional”, y agrega que “los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio”.
Desaca el Diario Las América que la oferta electoral de la Unidad Democrática incluye un apartado denominado “actividad investigativa”, que destaca los diez casos principales sobre los cuales pondrán la lupa y exigirán cuentas a la gestión del presidente Nicolás Maduro. Los dos primeros guardan relación con la crisis de desabastecimiento que enfrenta el país, para lo cual tienen previsto interpelar a los responsables del Ministerio de Alimentación, la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y Mercado de Alimentos (MERCAL).
La escasez de alimentos solo es comparable con la desaparición de las medicinas. Buscando remedio a este mal, la oposición se comprometió a llamar a los titulares de Salud y del Seguro Social para que aclaren los “niveles de inventarios de los medicamentos y la situación de las importaciones oficiales”. Igualmente, demandarán información acerca de la infraestructura de la red de salud y los salarios de los médicos del sector público.
El escándalo de corrupción en el sistema de control de cambio, que según antiguos funcionarios chavistas habría provocado la desviación de más de 20.000 millones de dólares, forma parte de las prioridades de la mayoría. El nuevo Parlamento quiere conocer “la lista de empresas que han recibido divisas a tasas oficiales preferenciales” y qué ocurrió con las importaciones y la distribución de esos productos.
La joya de la corona, Petróleos de Venezuela (PDVSA), será escrutada. Además de indagar sobre los distintos hechos irregulares que en los últimos años han salpicado a la industria, los legisladores de la Unidad Democrática manifestaron su intención de averiguar “el estado actual de la producción petrolera”.
Delicado y peligroso
La lista originalmente presentada a los venezolanos continúa y abarca los asuntos más diversos. Las propuestas de interpelaciones van desde el presidente del Banco Central de Venezuela para que responda por el “ocultamiento de indicadores económicos y la política monetaria”, hasta el ministro de Relaciones Interiores y los jefes de los cuerpos de seguridad del Estado con la finalidad de que despejen dudas sobre la estrategia contra la violencia criminal y las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos.
Sin embargo, en la sesión de instalación de la Comisión de Contraloría de la AN este miércoles 20 de enero, el diputado opositor y vicepresidente de esa instancia, Ismael García, amplió la agenda para incorporar un tema explosivo: las acusaciones de narcotráfico que implican a altos jerarcas civiles y militares del régimen chavista.
El representante de la Unidad Democrática lanzó este dardo directamente contra otro integrante de esa comisión, el oficialista Hugo Carvajal, apodado “el pollo”, antiguo jefe de inteligencia militar que es perseguido por el Gobierno de Estados Unidos debido a sus presuntos vínculos con capos de la droga y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
García insistió en que investigarán los casos de narcotráfico que se ventilan en el exterior, posibilidad que siempre negó el chavismo bajo la excusa de que obedecían a una campaña del “imperialismo” para atacar a la revolución. A su vez, prometió que reabrirán el expediente del Banco de Andorra, una supuesta trama de lavado de dinero que involucra a antiguos funcionarios del Gobierno chavista y a PDVSA.
El vicepresidente de la Comisión de Contraloría y dirigente de Primero Justicia mencionó dos nombres propios con importantes ramificaciones en la burocracia estatal. El primero al que seguirán los pasos es el empresario Roberto Rincón, a quien se ha relacionado con Carvajal y el expresidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez. El pasado mes de diciembre se informó que Rincón cayó preso en Houston por su presunta participación en una red de lavado de dinero. El otro es Diego Salazar, primo de Ramírez, señalado por hechos similares.
El diputado opositor Julio Montoya secundó a García y advirtió que “nada impedirá que investiguemos casos de narcotráfico y corrupción”. “La mejor manera de ayudar a nuestra Fuerza Armada, a moralizarla, es buscando la verdad sobre el ‘Cartel de los Soles’ (supuestamente conformado por generales venezolanos), empezando por una discusión seria en el Parlamento. No nos explicamos cómo es que hay jóvenes encontrados con droga en el exterior que tienen pasaportes diplomáticos y cómo hay narcotraficantes con pasaportes diplomáticos abriendo cuentas bancarias en Andorra”, cuestionó.
Montoya apuntó que “de acuerdo con la droga decomisada en puertos y aeropuertos internacionales, Venezuela es el primer país exportador de drogas en Europa. Sobre esto existen más investigaciones en países extranjeros que en Venezuela y eso tiene que cambiar. Vamos a investigar y le diremos la verdad al país”.
