El exgobernador y coautor del libro El Gran Saqueo, Carlos Tablante, recuerda que la primera habilitante aprobada a Nicolás Maduro, en noviembre de 2013, fue para combatir el robo de los recursos del Estado. Asegura que dos años después el país está hundiéndose en las fauces del latrocinio de funcionarios de alto nivel combinados con algunos empresarios del sector financiero
El periodista Cesar Batiz , al estilo de la crónica, cita en El Pitazo las fecha marcadas por Carlos Tablante de los anuncios y promesas del presidente Nicolás Maduro con relación a la corrupción.
Así comienza con una invitación:
Vaya al Palacio de Miraflores y toque la puerta. Pida que le permitan recordar al presidente de la República Nicolás Maduro lo que dijo aquel 24 de junio de 2013 en medio del desfile por la Batalla de Carabobo. Lea solo unas líneas de su discurso, esas que rezan así: “O lo hacemos hoy o la corrupción nos va a tragar la patria si no nos ponemos al frente de una poderosa lucha“. Agregue a esto que después enfatizó que “Chávez fue el primer presidente en empezar una era del manejo pulcro de los dineros del país”. Repita con fe para ser escuchado.
Si quiere vaya más adelante en el calendario. Remítase al 16 de agosto del mismo año, cuando Maduro anunció que pediría al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la aprobación de una ley habilitante “para ir a un proceso profundo y establecer las normas más rígidas y severas para combatir la corrupción”.
De otro salto y llegue a ese 8 de octubre. Ese día el mandatario nacional, frente a los 165 diputados –la mayoría oficialista- y su equipo de gobierno manifestó: “Si la corrupción sigue reproduciéndose y perpetuando su lógica capitalista de destrucción, aquí no habrá socialismo“. Entonces pidió la aprobación de la ley habilitante para combatir el robo del dinero del Estado, que es de todos los venezolanos, y la guerra económica. Ya sabe, no dude en leer alto y fuerte.
Recuerde que un mes y 10 días después, el 18 de noviembre de 2013, los parlamentarios encabezados por Cabello caminaron hasta el Palacio de Miraflores, así como lo invitamos a hacerlo a usted, para entregarle a Maduro la ley habilitante que por un año le permitiría legislar contra la corrupción y la guerra económica. Aunque para los diputados oficialistas, según se observa en sus discursos, el combate contra los especuladores era más importante que la lucha contra los corruptos. Si escudriña con detenimiento cada palabra, entonces entenderá lo que vino después. Entre otras las razones de la pérdida de ambos combates.
Tardaría un año, el 19 de noviembre de 2014, el Presidente en anunciar la creación de un Cuerpo Nacional Anticorrupción. ¿Conoce usted dónde queda su sede y quiénes son los súperpolicías que lo integran? Además, reformó la Ley de Contrataciones Públicas en un país donde casi todo se contrata por adjudicación directa alegando emergencia. Finalmente, en la Ley contra la Corrupción incorporó el delito de soborno internacional o transnacional. ¿Ha escuchado usted a alguien que haya caído preso por este hecho?
No deje este texto sin antes recordarle que mientras Maduro hablaba de la lucha contra la corrupción, desatendía el consejo de su excompañero de gabinete, el exministro y expresidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Héctor Navarro, quien llegó a advertir al presidente fallecido Hugo Chávez, de la necesidad de penalizar en la Ley Contra la Corrupción el nepotismo, eso que el actual mandatario practicó hasta enero de 2016, cuando mantuvo por más de un año al sobrino de su esposa, Carlos Erik Malpica Flores, como tesorero de la Nación y vicepresidente de Finanzas de Pdvsa.
Después de todo este relato entenderá, porque el exgobernador de Aragua, expresidente del Consejo Nacional Contra el Uso de las Drogas (Conacuid) y coautor de los libros Estado Delincuente y El Gran Saqueo, Carlos Tablante, asegura dos años después de aquel discurso por la Batalla de Carabobo, que “la corrupción se traga al Presidente”.
En las fauces del delito
Precisamente, la revelación de que Malpica Flores continuó la costumbre de los extesoreros Alejandro Andrade –exguardaexplada de Chávez- y Claudia Díaz exenfermera del expresidente-, de realizar operaciones con los títulos valores bajo custodia de la Tesorería, para beneficio de unos pocos operadores financieros y dueños de bancos, forma parte de las historias contadas en El Gran Saqueo, escrito por Tablante y Marco Tarre, publicado por la editorial Hoja del Norte, y cuya venta y promoción ha tratado de ser bloqueada, al igual que ocurrió con el Estado Delincuente, por aquellos personajes del sector privado mencionados en el libro por estar involucrados en actos de corrupción.
El libro lleva al lector a ver una radiografía de las fauces de la corrupción, con los nombres de funcionaros públicos, banqueros, empresarios, asesores financieros y otros, que se enriquecieron fundamentalmente aprovechando la oscuridad que deja el control de cambio o las contrataciones públicas en medio de una emergencia. En ese territorio de la opacidad más de uno encontró la forma de participar en el gran saqueo y en ese ejercicio de deglutir a la patria.
“Todos estamos de acuerdo en afirmar que en Venezuela ha ocurrido un gran saqueo. No solo por los $25 mil millones del Sitme a los que se refirieron Jorge Giordani y Emne Betancourt –exministro de Planificación y Finanzas el primero y la segunda expresidenta del BCV-, sino también por lo que se robaron con las permutas y Cadivi. Todo el mundo reconoce que hubo sobrefacturación en Cadivi. Pero para cometer ese delito se necesitó de la complicidad de funcionarios del Senial y Cadivi, así como de efectivos de la Guardia Nacional”, expone Tablante en entrevista con El Pitazo.
Comenta que desde la gestión de Alejandro Andrade, pasando por la de Claudia Díaz, hasta la Malpica Flores ha sucedido un saqueo de parte de la delincuencia organizada de cuello blanco. Primero del Fonden de donde se llevaron, según sus cálculos $125 mil millones, y después de las notas estructuradas custodiadas por Pdvsa y la Tesorería.
Alrededor de esos recursos en manos de la Tesorería y Pdvsa se tejen redes de relación en las que, según el autor de El Gran Saqueo, intervienen nombres como los de Luis Alfonso Oberto, asesor financiero; Víctor Vargas, propietario del Grupo BOD; Leopoldo Betancourt López, presidente de Derwick y líder de los denominados bolichicos –sobrenombre acuñado por Juan Carlos Zapata-; Raúl Gorrín, presidente de Seguros La Vitalicia y de Globovision; Alejandro Andrade, quien hoy vive como un rico y famoso en Florida; y Claudia Díaz, la extesorera que se mudó a República Dominicana junto a su esposo capitán Adrián Velásquez, también exguardaespalda de Chávez, conocido como el capitán Guarapiche.
Estas relaciones trascienden los temas financieros y se convierten en cotos cerrados donde se auxilian y protegen en caso de emergencia. “Raúl Gorrín es quien logra paralizar la investigación de Fiscalía contra los bolichicos y a cambio se mete en el negocio de los títulos de Pdvsa”, apunta Tablante.
Gorrín, dice el autor, también sería el que detiene procesos penales en contra de Diego Salazar, el primo de Rafael Ramírez, corredor del seguro de Pdvsa; y el mismo Andrade.
Relata el autor que otra red de poder se configuró alrededor del empresario Samark López Bello, persona muy allegada al gobernador de Aragua, Tareck El Aissami. El empresario originario de Tucupita, hoy entre los cinco hombres más rico de Venezuela, fue el encargado, de acuerdo con la versión de Tablante, de comprar en nombre del gobernante aragüeño la Cadena Capriles, hoy Grupo Últimas Noticias. Entre los vínculos de poder de López Bello está “Carmelo Di Grazia, dueño de Banca Amiga”, puntualiza el exgobernador.
Un grupo que no deja por fuera en la radiografía de las fauces de la corrupción es el que denomina el clan Cabello, encabezado por el expresidente de la AN, Diosdado Cabello, y en el que participan militares como el general Giuseppe Yofreda, el gran comprador de las importaciones del Estado; o el capitán Carlos Aguilera, exdirector de la Disip, mencionado en el caso de los fondos de venezolanos depositados en Banco Privado de Andorra, sospechoso de blanqueo de dinero.
Otro sector descrito en el mapeo de la corrupción es el que se formó alrededor de Rafael Ramírez en Pdvsa, con personajes como los exministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado, el asesor y cuñado de Ramírez, Baldó Sansó; el ex gerente de la petrolera hoy preso por corrupción, José Luis Parada; y el primo, Diego Salazar. Todos estos nombres relacionados con supuestos hechos que han afectado el patrimonio público o, como en el caso del estallido de la refinería de Amuay, provocaron la pérdida de vidas de venezolanos.
Recuperar lo saqueado
El exgobernador efectúa su diagnóstico bajo las premisas de que “la corrupción es un problema de derechos humanos” y que “hablar de un narcoestado es una banalización de la situación. Vivimos en una mezcla de Estado forajido y Estado fallido, donde el narcotráfico es un factor y la corrupción facilita todo. Al final nos encontramos con el Estado delincuente”, señala.
Agrega que “la gente no sabe que la escasez y la inflación es producto de la corrupción. Los actos criminales de los corruptos desangran al país”.
Pero Tablante y Tarre no se quedan en radiografiar la corrupción, también realizan una propuesta para lograr la recuperación de esos dineros que fueron robados en el país y que se encuentran en el sistema financiero internacional.
Plantean la creación de una comisión de la verdad que recoja toda la información acerca de las obras de infraestructura, así como la constitución de una superintendencia contra la corrupción. Ambos se encargarían de conocer el movimiento del dinero que salió de Venezuela y que realizar un reporte de las actividades sospechosas, tomando como parámetro para encender las alarmas, el millón de dólares.
“Cualquier persona jurídica o natural que haya movilizado un millón de dólares en el sistema financiero internacional sería objeto de investigación. Para ello se solicitará la ayuda de los ciudadanos quienes recibirían 10% de lo recuperado”, explica.
Para evitar que ese dinero también sea robado, Tablante plantea que la superintendencia sea la encargada de velar por esos recursos y la constitución de un fondo contra la corrupción adscrito a la Defensoría del Pueblo. 60% de esos dineros irían al Ministerio de Finanzas para fortalecer los planes de alimentación y salud. Otra parte se emplearía en la reforma del sistema de justicia
Esta propuesta fue presentada a diputados de la oposición en la nueva Asamblea Nacional y el autor de El Gran Saqueo espera que sea discutida y aprobada para frenar a una casta política que se adueñó del país.
Tablante, al igual que muchos miembros de la oposición, cree en la necesidad de que Maduro salga del gobierno a través de mecanismos constitucionales, porque entre otras razones su supuesta lucha contra la corrupción no pasó de la retórica. “Ahora la corrupción se traga al Presidente y al poder presidencial. Él tiene que evitar que la corrupción se lo termine de tragar”.
