Desviar los alimentos que se venden actualmente en 113.000 supermercados de la red privada a 7.000 puntos de venta del Estado, equivale a una reducción de 93,8% en la cantidad de establecimientos donde se pueden adquirir productos de la cesta básica, aseguró Manuel Felipe Larrazábal, presidente de la Cámara Venezolana de Alimentos. Agregó que la medida “incentivaría aún más el bachaqueo, no solucionaría el contrabando, incrementaría el desempleo y, además, estimularía la corrupción”.
Advirtió – publica El Nacional – que el problema de la escasez de alimentos y desabastecimiento se soluciona con más producción y no interviniendo o estatizando la red de distribución privada como han declarado el presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, varios diputados y voceros de partidos políticos oficialistas.
Larrazábal afirmó que el gobierno controla 100% la distribución de alimentos a través del otorgamiento de las guías del Sistema Integral de Control Agroalimentario, Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura, y sanitarias. El número de guías procesadas cada año para la industria agroalimentaria es de aproximadamente 4.192.968.
“No es posible movilizar la materia prima o un kilo de alimentos sin la autorización del gobierno, tampoco se puede enviar a un lugar distinto del que fue otorgado el permiso”, indicó. La venta al consumidor también la controla el Estado mediante el sistema de captahuellas y el terminal de la cédula de identidad.
Recordó que el gobierno desde hace varios años tiene su red de distribución con flota propia y almacenes en todos el país, constituida por los mercados Bicentenario, Mercal, Pdval y los comunales a cielo abierto. Sin embargo, la red privada ha demostrado ser más eficiente en la distribución de los productos.
El presidente de Cavidea afirmó que la intervención de la red de distribución tampoco resuelve el problema del bachaqueo, por el contrario, lo empeora. Refirió que los lugares de compra preferidos por los revendedores son 67% supermercados públicos y privados, cadenas de farmacias, Bicentenarios, Mercal y Pdval; 13% supermercados independientes, 13% abastos y supermercados y 7% carnicerías, panaderías, y otros, según la encuesta Omnibus Nacional de Datanalisis.
Precisó que en los últimos cuatro meses la producción de alimentos ha caído 10% y reiteró que el gobierno debe enfocar su esfuerzo en aumentarla. Indicó que el Estado concentra una porción importante de la capacidad instalada de la producción de alimentos y que gran parte de estas empresas públicas se encuentra con bajos niveles de operaciones.
Reconocer la deuda. Larrazábal exhortó al Ejecutivo a que reconozca la deuda con los proveedores extranjeros de materias primas. Reiteró las cuatro soluciones que la industria le propuso el 28 de enero y a las que han hecho caso omiso.
Refirió que es indispensable que el gobierno defina mecanismos de refinanciamiento de la deuda con términos y condiciones aceptables para los proveedores de la industria; que los nuevos pedidos se paguen de contado para restablecer la confianza comercial y el despacho; que se ajusten los precios de los productos regulados y que se asignen las divisas disponibles a la producción agrícola del país y no a la importación de productos terminados. También pidió incentivar la productividad laboral a través de la aplicación de la Ley Orgánica del trabajo.
Negó los rumores en cuanto a la supuesta detención de Lorenzo Mendoza, presidente ejecutivo de Empresas Polar. “El gobierno no tiene razones para expropiar Polar”, puntualizó.
La Cifra
4.192.968 guías del Sistema Integral de Control Agroalimentario, Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura son procesadas para la agroindustria al año
