Londres | La mansión ubicada en el número 7 de Winnington Close, en el exclusivo barrio londinense de Hampstead, está llena de excesos: ocho suites, piscina climatizada, cine privado con bar, spa y una amplia biblioteca revestida en madera antigua de roble. En la imagen, el hijo del dictador libio Muamar Gadafi, Saadi (AP)
La casa es de estilo neo-georgiano y está valuada en 10 millones de libras esterlinas (unos 15 millones de dólares). Se encuentra rodeada de árboles añejos y jardines inmaculados. Automóviles importados se estacionan en sus cuidadas calles lindantes, revela el reportaje de Leonardo Boix P, publicado en la web de Proceso.
Su dueño es el hijo del dictador libio Muamar Gadafi, Saadi, quien la adquirió en 2010 con fondos públicos que fueron desviados de Libia y canalizados a través de un fideicomiso anónimo registrado en las Islas Vírgenes británicas.
Muy cerca de esa casa, en las inmediaciones del tradicional parque de Hampstead, se encuentra otra mansión histórica valuada en 3.2 millones de dólares, con salones revestidos en mármol, piscina climatizada, cancha de tenis y jardines.
Su propietario es James Ibori, exgobernador del Estado del Delta en Nigeria, una de las regiones más ricas en petróleo del mundo. Ibori habría utilizado 250 millones de dólares de dinero público para adquirir varias propiedades de lujo en distintos países del mundo, incluida la que compró al norte de Londres.
Con ese dinero también adquirió en la capital británica un jet privado Chalenger por 28.6 millones de dólares, el cual tiene un bar y sala de lectura revestida en cuero.
Ibori se enriqueció en gran medida por otorgar contratos gubernamentales a precios inflados, por cobrar comisiones ilegales y robar de las arcas del Estado nigeriano. Su abogado en Londres, Bhadresh Gohil, fue incluso hallado culpable de complicidad, y condenado en 2010 a 10 años de prisión por participar en varios operativos de lavado de dinero.
Tanto la mansión de Saadi Gadafi como la de James Ibori aparecen en un informe de seis páginas realizado por la organización civil Global Witness, cuyo título es elocuente: “Alfombra roja bañada en sangre” .
El informe describe la forma en que exgobernantes corruptos y delincuentes de cuello blanco han adquirido bienes inmobiliarios en Gran Bretaña. Su conclusión es tajante: ese país se ha convertido en paraíso inmobiliario de grupos criminales.
Dinero sucio
Al sur de Londres, en el exclusivo condado metropolitano de Surrey, varias mansiones esconden también secretos sucios.
En el pueblo de Banstead se encuentra una propiedad de estilo Túdor, con rejas electrificadas y entrada para limusinas, que incluye seis suites, una biblioteca con candelabros de plata, un cine privado con butacas para 50 personas y un bar donde se sirven todo tipo de cócteles.
La propiedad está valuada en 3.5 millones de libras (5 millo-nes de dólares). Pertenece al multimillonario Maxim Bakiyev, bus-cado en Kirguistán por delitos de corrupción, fraude y lavado de dinero. Su compra fue a través de Limium Partners Ltd, compañía registrada en Belice.
También en el condado de Surrey está la mansión de lujo Rockwood Estate, cuya propiedad incluye 335 hectáreas en la campiña inglesa. Se trata de una enorme casa decorada con todo tipo de excentricidades, desde obras de arte multimillonarias, muebles antiguos, platería, hasta un tigre de Bengala embalsamado.
La propiedad pertenece a Asif Zardari, esposo de la asesinada primera ministra de Pakistán Benazir Bhutto, y quien está acusado de delitos de corrupción en su país.
Esa mansión con sus campos y jardines fue adquirida por una compañía anónima registrada en tres paraísos fiscales: Panamá, las Islas Vírgenes británicas y la Isla de Man.
Otro político con pasado sucio, el expresidente de Kenia Daniel Arap Moi, utilizó una serie de compañías fantasmas, fideicomisos secretos y firmas registradas en paraísos fiscales para robar más de dos mil millones de dólares de las arcas públicas de su país, dinero que lavó a través de la compra de varias propiedades de lujo en el Reino Unido.
Entre ellas se encuentran dos mansiones valuadas en 9.3 millones de dólares en total. Una de ellas es un palacio ubicado en el idílico pueblo de Cobham, en Surrey; y la otra en la aristocrática plaza de Lowndes Square, en pleno centro de Londres, que incluye salones del siglo XVIII. Dichos inmuebles fueron comprados por Moi a través de compañías anónimas registradas en Panamá.
De acuerdo con el citado informe de Global Witness, grupos e individuos sospechosos de delitos de corrupción buscan lavar dinero adquiriendo exclusivas propiedades y comercios en el Reino Unido.
El documento da cuenta del grave problema que existe en este país y denuncia la falta de interés por parte de las autoridades para combatir los abusos y la complicidad por parte de las grandes inmobiliarias británicas e intermediarios que trabajan para dichos grupos criminales.
La organización –dedicada a la lucha contra la corrupción– exhortó al gobierno conservador británico de David Cameron a impulsar una ley que obligue a los compradores extranjeros de viviendas de lujo en Londres a identificar fideicomisos no declarados y pidió a las autoridades cumplir con su compromiso de desincentivar el lavado de dinero.
Pasado sangriento
Global Witness sostiene que una nueva legislación antilavado ayudará al Reino Unido a volverse más transparente y confiable a nivel mundial.
El informe denuncia que un gran número de viviendas y apartamentos de lujo en Londres y en otras ciudades y condados del país son propiedad de fideicomisos en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas, escondiendo dueños con pasado sucio y en muchos casos sangriento.
“Gran Bretaña no debe convertirse en paraíso seguro para dinero corrupto del mundo”, indicó el grupo anticorrupción en el documento.
Tras el pedido público, el gobierno británico confirmó que lanzará un plan de consulta sobre una nueva ley que buscará supuestamente prohibir a fideicomisos anónimos adquirir propiedades en el Reino Unido, a menos que revelen sus identidades o beneficiarios al Registro de la Tierra, dependencia del gobierno creada en el siglo XVIII para registrar a propietarios y tierras en Inglaterra y Gales.
Muchos fideicomisos offshore actualmente listan como com-pañías anónimas a sus directores, situación que hace imposible establecer quién es el verdadero propietario de una vivienda.
Bajo la ley que propone Global Witness, el gobierno tendrá la facultad de recuperar propiedades si un fideicomiso registrado en un paraíso fiscal se niega a declarar la identidad de su verdadero dueño.
Sin embargo, aún no está claro si la nueva legislación sólo se aplicará a futuras adquisiciones inmobiliarias o a todas las que se hicieron en el pasado, cubriendo cuentas de transacciones espurias.
“Queremos que la ley se aplique de forma retrospectiva y a futuro”, declaró Chido Dunn, jefe de campañas de Global Witness y autor principal del informe.
“Cualquier otra solución que sólo mire al futuro hará que re-solvamos el problema a medias. La legislación no puede dejar a nadie afuera porque de otro modo el sistema seguirá siendo explotado por los poderosos”, subrayó.
En ese sentido, pidió al gobierno de Cameron asegurarse que el dinero sucio que termina en el mercado inmobiliario de Inglaterra y Gales “sea hallado y esos fondos sean devueltos a quienes fueron robados”, ya sean individuos particulares como estados nacionales.
Se estima que cientos de propiedades de lujo en el Reino Unido por un valor total de 120 mil millones de libras esterlinas (175 mil millones de dólares) estarían en manos de entidades anónimas registradas en paraísos fiscales offshore.
La gran mayoría de esas transacciones fueron hechas con “dinero sucio” lavado por intermediarios de oligarcas rusos y funcionarios africanos corruptos, en muchos casos fondos robados a las arcas públicas de sus países.
“Al permitir que este dinero sucio ingrese al mercado de pro-piedades del Reino Unido, el gobierno británico está facilitando la corrupción en el extranjero. Genera pobreza a millones de personas y desvía dinero crucial para servicios esenciales como la salud y la educación”, dijo Dunn.
Burbuja inmobiliaria
El líder de Global Witness explicó que ese tipo de transacciones criminales ayuda a crear “inestabilidad global” y enormes riesgos a la seguridad nacional, al financiar actividades de terrorismo, tráfico de armas o ciberespionaje.
“El dinero sucio está teniendo también un fuerte impacto en el precio de las casas en Londres, que se están volviendo cada vez más caras. Existe una burbuja inmobiliaria en Londres, donde ya es casi imposible que una familia de clase media con trabajo pueda comprar una propiedad debido a los exorbitantes precios que piden las inmobiliarias”, agregó.
Según Dunn, para que la nueva ley funcione se debe obligar a las inmobiliarias, especialmente a aquellas que lidian con propiedades multimillonarias, a ampliar sus controles no sólo a los vendedores, sino también a los compradores.
Una investigación del grupo Transparencia Internacional (TI), publicada en marzo pasado, reveló que unas 36 mil 340 propiedades en Londres, en su mayoría de lujo extremo, pertenecen a corporaciones y fideicomisos offshore. Del total, 38% fueron adquiridas por compañías secretas registradas en las Islas Vírgenes británicas, 16% en Jersey, 9.5% en la Isla de Man y 9% en la isla de Guernsey. Esas mansiones y apartamentos se encontraban en los exclusivos barrios londinenses de Westminster, Kensington, Chelsea y la City financiera.
También dio cuenta que muchas propiedades en Manchester y Edimburgo fueron compradas a través de fideicomisos anónimos en los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes británicas, en Jersey y en la Isla de Man.
El informe de TI, que analizó información del Land Registry y de la Policía Metropolitana de Londres, descubrió que 75% de las propiedades cuyos dueños están bajo investigación por corrupción, utilizaron el “secreto corporativo” de los paraísos para esconder su identidad.
Además, indicó que mansiones y apartamentos en el Reino Unido por un valor total de 257 millones de dólares fueron adquiri-dos mientras la policía investigaba a sus dueños por corrupción. En promedio, cada propiedad cuyo dueño estaba bajo investigación por corrupción o fraude costaba unos dos millones de dólares. “Esta es sólo la punta del iceberg”, indicó TI.
Desde que el gobierno británico anunció que lanzaría la consulta por la nueva ley para combatir el lavado de dinero, el precio de las propiedades de lujo en Londres cayó considerablemente.
Nick Maxwell, jefe de campañas de Transparencia Internacional, dijo que es hora que el gobierno de Cameron “cumpla con sus promesas”.
