China, la segunda potencia económica del mundo, es también el principal mercado de Mossack Fonseca, el bufete de abogados implicado en los papeles de Panamá: casi un tercio de las compañías que gestionó procedían de sus oficinas en Hong Kong y la China continental. Es un dato que explica la rapidez con la que esta semana han actuado los censores del país para eliminar toda alusión a los vínculos de sus líderes con el escándalo. Los nombres de familiares de al menos ocho de los más altos dirigentes del régimen, en ejercicio o retirados, aparecen en los 11,5 millones de documentos analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a lo largo de un año. En la imagen, Liu Yunshan, miembro del Comité Permanente del Partido Comunista chino. Wu Hong EFE
Según las revelaciones del ICIJ, el propio presidente chino, Xi Jinping, cuenta con familiares entre quienes recurrieron a los servicios del bufete panameño. Su cuñado Deng Jiagui, que ya aparecía mencionado en una investigación previa del ICIJ en 2014, se hizo con una compañía offshore en 2004 y otras dos en 2009. Ninguna se encontraba en activo cuando Xi llegó al poder en 2012 y desató una campaña contra la corrupción en la que han caído miles de funcionarios y que se ha convertido en uno de los hitos de su mandato.
Zhang Gaoli y Liu Yunshan, otros dos de los siete miembros del Comité Permanente, el máximo órgano de mando al frente del Partido Comunista, también tienen familiares implicados, su yerno y su nuera, respectivamente. Los dos son accionistas en compañías establecidas en las islas Vírgenes Británicas.
Otros familiares de antiguos dirigentes chinos también aparecen en las listas, como Li Xiaolin, la hija de Li Peng, el ex primer ministro Li Peng que durante su mandato dirigió la sangrienta represión de las manifestaciones estudiantiles en la plaza de Tiananmen en 1989. Li Xiaolin es, junto a su esposo, propietaria de otra compañía con sede en las islas Vírgenes desde 1994.
Salen a relucir también los nombres de Zeng Qinghuai, hermano del exvicepresidente chino Zeng Qinghong, o del hijo del que fuera secretario general del Partido Comunista Hu Yaobang, Hu Dehua.
No se libra tampoco ni el propio Mao Zedong, el fundador del régimen chino actual fallecido en 1976. Chen Dongsheng, marido de una de sus nietas, era el único accionista y director de una compañía con sede en las islas Vírgenes.
El Gobierno chino ha reaccionado con el silencio a estas revelaciones. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hong Lei, ha afirmado que no hará declaraciones sobre “acusaciones sin ninguna base”.
La constitución de compañías offshore no representa, en sí misma, un delito. Pero la asiduidad con la que miembros de algunas de las principales dinastías políticas chinas hacen uso de estos vehículos para evitar el pago de impuestos y trasladar sus bienes al exterior es un asunto embarazoso para el régimen de Xi Jinping y su campaña contra la corrupción.
Xi ha basado buena parte de su legitimidad, y la de su Gobierno, en una imagen de absoluta limpieza, aunque hasta el momento su lucha contra el lucro dudosamente adquirido se ha desarrollado bajo una capa de opacidad. Algunos de los juicios contra las personalidades más célebres, como el exjefe de los servicios de seguridad Zhou Yongkang, se han desarrollado a puerta cerrada, y no se han adoptado medidas para hacer públicos los bienes de los funcionarios del régimen. Medios extranjeros que han publicado investigaciones sobre la riqueza de familiares de altos cargos se han visto censurados y sus periodistas han sufrido represalias, como le ocurrió al periódico “The New York Times” tras publicar una información sobre la riqueza de allegados del entonces primer ministro, Wen Jiabao, en 2012.
Los datos también se conocen cuando China vive una importante salida de capitales hacia el exterior. Las estimaciones de Bloomberg acercan ese flujo al billón de dólares (unos 920.000 millones de euros) en 2015, siete veces más que la cifra calculada en 2014. El País de España
