Como una mancha de aceite, la Justicia argentina avanza sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal federal Carlos Rívolo ha pedido que se la investigue junto a su hijo Máximo por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos. Esta ha sido la segunda imputación contra Fernández, involucrada por un testigo protegido en presuntas maniobras de lavado de dinero en un expediente contra el empresario Lázaro Báez, un amigo de Néstor Kirchner (2003-2007) acusado de lavar dinero proveniente de adjudicaciones fraudulentas de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Rívolo ha pedido ahora al juez Claudio Bonadío que investigue a Fernández, a Máximo Kirchner y a Báez por presuntas irregularidades en la empresa hotelera Los Sauces, uno de los dos hoteles de lujo que la familia Kirchner tiene en El Calafate, un pueblo turístico ubicado a una hora de autobús del glaciar Perito Moreno, en la Patagonia. El fiscal respondió a un pedido de la diputada Margarita Stolbizer (GEN).
«La sospecha recae sobre la manipulación y posible adulteración de documentos públicos relacionados con la empresa Los Sauces SA de propiedad de la Sra. Cristina Fernández y sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner; y que también modifican el contenido de las declaraciones juradas presentadas oportunamente ante autoridad competente», sostiene la denuncia que presentó Stolbizer a principios de abril.
Stolbizer sostuvo que durante años Los Sauces dio servicios rentados a las empresas Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank y Costilla, de Báez, hoy detenido en Buenos Aires. La novedad ha sido que la denuncia también ha involucrado a las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, del empresario Cristóbal López, dueño de la petrolera Oil Combustibles, casinos y un multimedios alineado con el kirchnerismo.
La operatoria con Los Sauces sería similar a la utilizada por Hotesur, la empresa administradora del Alto Calafate, otra propiedad de los Kirchner: Báez, y también López, reservaron de manera falsa decenas de habitaciones durante el invierno, la temporada floja, para blanquear dinero provenientes de otros negocios.
“En Hotesur la devolución de los favores se hacía a través del alquiler de habitaciones. Con Los Sauces, la devolución de favores se hacía mediante el alquiler de inmuebles a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López», señaló Stolbizer al realizar la denuncia. Según la diputada, en el momento de las maniobras Los Sauces era titular de ocho inmuebles: dos pisos en el exclusivo barrio de Puerto Madero en Buenos Aires, dos lotes en El Calafate, dos lotes y una casa en la ciudad de Río Gallegos y un lote en el Chaltén.
Durante el kirchnerismo la causa Hotesur recayó en el juez Bonadío, desplazado tras el allanamiento del hotel Alto Calafate. Con la llegada del presidente Mauricio Macri al poder, las investigaciones recuperaron impulso, tanto que Báez terminó preso y Cristina Fernández ha sumado dos imputaciones, además de estar en la mira por presuntas irregularidades en una operación de venta de dólar futuro ordenada por el Banco Central. Rousseff estudia renunciar y pedir al Congreso que convoque nuevas elecciones. El País
