Representantes de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional se encuentran investigando el uso de los bienes incautados al narcotráfico en la Isla, pero con énfasis en una quinta confiscada en la urbanización Paraíso I, en el municipio Maneiro, donde supuestamente estarían funcionando calabozos, siendo esa una zona residencial.
De acuerdo a la información de EL Sol de Margarita, la diputada Yaneth Fermín, integrante de la referida instancia parlamentaria, destacó que la existencia de ese tipo de depósito de antisociales refleja claramente el fracaso de las políticas penitenciarias en el país.
Pese a que aguardó casi dos horas para entrar a las instalaciones, le fue negado el acceso, pero aprovechó la presencia de representantes de la Asociación de Vecinos de ese condominio para engrosar el expediente de denuncias que existen en contra de esa dependencia castrense.
La diputada Fermín enfatizó que la intención de la visita es conocer el estatus de los procedimientos realizados para la confiscación de la quinta San Miguel, ubicada en la calle Los Tulipanes de esa urbanización.
Expuso que la intención es que la comisión conozca el uso y destino de ese y otros bienes incautados por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), a personas ligadas con el narcotráfico internacional, sobre los cuales no rinden cuentas a ningún organismo.
“Tenemos denuncias de que lo que se encuentra en esas casas pasa a ser de uso de quienes participan en esos operativos”, según explicó la parlamentaria.
De vieja data
En el caso que les ocupó este lunes en esa urbanización, la vivienda fue incautada a un supuesto narcotraficante francés en el año 2009, luego que Jean Marie Bonnamy fuera capturado en aguas internacionales al norte de la isla San Martin, después de zarpar desde Margarita, con casi una tonelada de cocaína en el buque Quat Huit, de su propiedad, con supuesto destino a Francia y España.
La parlamentaria indicó que la actuación de la comisión que representa, se inició por la vía de denuncias de los habitantes de la urbanización, quienes rechazan el funcionamiento de calabozos, así como también el ingreso de familiares de los reclusos y personas extrañas, a ese condominio.
Denuncia reiterada
Jorge Quintela, coordinador de la Asociación de Vecinos de la urbanización Paraíso I, aseguró que desde hace tres años está funcionando en el sector Castillo de Santa Rosa, en esa urbanización, calabozos en los que son recluidas personas detenidas en diferentes procedimientos.
Confirmó denuncias de quienes residen en las adyacencias de lo que en principio fueron oficinas administrativas, relacionadas con personas extrañas que hacen necesidades sin importar la presencia de los vecinos, incluidos menores.
Ocupación
El vocero la Asociación de Vecinos de Paraíso I, destacó que los vehículos incautadosen diferentes procedimientos se encuentran ocupando áreas verdes que son propiedad de la urbanización.
