Venezuela vive hoy la mayor crisis económica de su historia contemporánea, y a pesar de ello, el Gobierno de Nicolás Maduro ha aumentado considerablemente el lobby en Estados Unidos. En los tres años que tiene como presidente, el Estado venezolano ha invertido en cabildeo 4.370.000 dólares en Washington, según datos obtenido del Centro de Responsabilidad Político Opensecrets.org.
La información de Dossier33 indica que desde 2014 cuatro empresas: Brownstein Hyatt Farber Schreck, Cornerstone Government Affairs, DutkoGrayling y Squire Patton Boggs han sido las encargadas de realizar el lobby a nombre de Citgo Petroleum – filial de la empresa estatal de petróleos, Pdvsa- en las principales agencias y departamentos del gobierno estadounidense.
Según se desglosa en Opensecrets.org la principal actividad de cabildeo corresponde a medir el potencial impacto que tendría para Citgo Petroleum las restricciones de política exterior y que el Departamento de Energía aplicaría tras aprobar la ley S. 2142 – que impone sanciones a las personas responsables de violaciónes de los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales en Venezuela en 2014 – un gasto que representó para la nación 2.460.000 de dólares.
Brownstein y Cornerstone fueron las empresas encargadas de realizar el lobby – en la Cámara de Representantes, el Senado, la Oficina Ejecutiva del Presidente, el Departamento de Estado, de Justicia, de Tesoro, de Representación Comercial, la oficina del Vicepresidente y la Casa Blanca – ingresando 13 distintos documentos desde el 15 de julio de 2014 hasta el 20 de enero de 2016. La ley entró en vigencia el 18 de diciembre de 2014.
Pero Cornerstone Government Affair tuvo una asignación adicional: medir el impacto potencial de las políticas energéticas de Estados Unidos en las operaciones que realiza Citgo Petroleum luego de que fuesen aprobadas las normas Hr 2576 (Ley sobre el Control de Sustancias Tóxicas) y Hr 3080 (Ley que busca modernizar la norma de Control de Sustancias Tóxicas). Para dicho fin se utilizaron 280.000 dólares
Venezuela también gastó 1.220.000 dólares en protección a la marca Citgo Petroleum, una actividad relacionada con la ley S. 2142. Para esta actividad solo estuvo asignada la empresa Squire Patton Boggs, la misma firma que estuvo encargada de la defensa de Franci Francisco Flores de Freitas, el sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores, detenido en Puerto Príncipe el 10 de noviembre de 2015 por tener presuntamente en su posesión 800 kilogramos de cocaína junto a Efraín Antonio Campos Flores.
Otros 400.000 dólares gastó el Estado venezolano, a nombre de Citgo Petroleum en trabajar para ayudar a la financiación de créditos en las actividades de dragado y seguimiento de las legislaciones Hr 335 (Ley Marítima de promesa de Estados Unidos) y Hr 3080 (Ley para el Desarrollo de 2014 de Reforma y de los recursos hídricos) con la firma Dutko Grayling, previamente llamada Dutko Group Companies. Otros 10.000 dólares gastados por dicha empresa no tuvieron asignación específica en las actas.
Las empresas que hacen lobby
Brownstein es una de las diez empresas más importantes de las que realizan lobby en EEUU, y hasta el 20 de octubre de 2014 nunca había ejercido labores legales para Venezuela, Pdvsa, o su filial Citgo Petroleum.
En el caso de Cornerstone – también una firma bipartidista especializada en relaciones gubernamentales y grupos de presión – su primera gestión a nombre de Caracas se realizó el 15 de julio de 2014, según consta en las actas del Congreso.
La relación comercial entre Citgo y Dutko se remonta al 18 de agosto de 2001, cuando la firma bipartidista que ofrece entre sus servicios de gestión integral de las políticas públicas, se registró en el Departamento de Justicia estadounidense para actuar en nombre de Venezuela. Pero fue hasta 2009 cuando empieza a realizar actividades de cabildeo para el país suramericano.
En los primeros cinco años, durante el Gobierno de Hugo Chávez, Dutko gastó a nombre de Venezuela 2.780.000 dólares, dicho dinero estuvo destinado principalmente a siete leyes relacionadas con los derechos humanos, las sanciones contra Irán, Siria y Corea del Norte.
Squire, en cambio, es una firma que comenzó a representar a Venezuela el 18 de julio 2014 para fines de cabildeo, aunque también ha representado al sobrino de la primera dama. Sin embargo, los fondos en materia de defensa para Flores De Freitas no son de conocimiento público.
Todas las firmas antes mencionadas fueron contactadas con los lobistas que las representaban en nombre de Venezuela, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta sobre las solicitudes planteadas.
El lobby del gobierno socialista no es nuevo
Aunque el socialismo del siglo XXI ideológicamente no parece ser compatible con el “imperio“ estadounidense, desde que Chávez llegó al poder no paró el ingreso de dólares del Estado venezolano a las arcas de Washington para realizar cabildeo e influir en la toma de decisiones de EEUU, generando un gasto total a la nación de 20.722.646 dólares, que sumados los 4.370.000 dólares gastados por su sucesor, aumenta hasta 25.092.646 dólares.
Durante los catorce años de administración de Chávez, su gobierno utilizó todos los mecanismos legales en EEUU para influir en dicho país y promover discusiones de leyes relacionadas con hidrocarburos –principal fuente de ingreso de Venezuela- leyes afines a sus aliados ideológicos en Oriente: Irán, Siria, y Corea del Norte. Además, el Estado venezolano realizó donación de fondos para campañas locales, estadales y nacionales, e incluso para promocionar la gestión presidencial.
Datos del Departamento de Justicia muestran que entre 1999 y 2014 Pdvsa gastó 4.433.933 dólares en cabildeo en el Congreso, lo propio hizo Citgo Petroleum por un monto que ascendió a 5.483.993 sumando 9.917.986 dólares, según totaliza Opensecrets.org y Sunlight Foundation, una organziación sin fines de lucro que busca hacer un gobierno más transparente y responsable a través de los datos.
En el caso de la promoción al modelo de Gobierno que implementó Chávez con el “Socialismo del siglo XXI“, el Estado venezolano gastó 10.682.137,68 dólares, según desglosa el Departamento de Justicia.
