El abogado estadounidense Michael Díaz considera que si el Gobierno fuese diligente ya habría nombrado a un representante para intentar la recuperación del dinero defraudado a las arcas del país, a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.
Díaz fue parte del equipo de litigantes que logró la recuperación de aproximadamente 10 millones de dólares sustraídos ilegalmente del Banco Industrial de Venezuela. En Miami, dirige un grupo que asesora en prevención de fraudes y lavado de dinero. Viaja con frecuencia a Venezuela.
Sostuvo que el primer paso para restituir lo defraudado es ordenar una auditoría interna sobre todas las transacciones ordenadas a la compañía Direct Access Partners y empresas similares.
“El Estado, y en particular el Bandes, han sufrido un daño. Pero la Fiscalía de Nueva York y la Securities and Exchange Comission no tratarán de obtener dinero ni de recuperarlo en nombre del Gobierno venezolano. Eso tiene que hacerse a través de una demanda civil contra las personas responsables, las corporaciones y bancos involucrados”, explicó.
—Se trata de transacciones que terminaron en bancos suizos. ¿Dónde debería realizarse esa demanda?
—Debería hacerse en Estados Unidos pues el hurto se concretó aquí. Hay un antecedente con el caso de Vladimiro Montesinos (asesor de inteligencia de Alberto Fuijimori cuando era presidente de Perú). Había 80 millones de dólares en bancos suizos. El FBI fue a Suiza y a través de los reguladores congelaron el dinero y lo regresaron a Perú luego de cobrar su parte por la investigación. Pero, normalmente, en los casos que no son de mayor nivel como el de Montesinos, la Fiscalía no tiene presupuesto ni tiempo para buscar dinero off shore y entregárselo a las víctimas.
—María de los Ángeles González formaba parte de la alta jerarquía del Bandes y es de presumir que seguía órdenes. ¿Por qué la Fiscalía va contra ella solamente y no contra el Bandes como institución?
—En principio, el Bandes fue víctima de las actividades ilícitas de ella. Hay sobornos por 66 millones de dólares. No habría por qué demandar al Bandes, salvo si se demuestra que el alto mando de la corporación tenía conocimiento de la actividad ilícita y no hizo nada. Entonces, el fiscal podría juzgar al banco. Esto se está investigando. Hay un informante que está entregando datos al Gobierno, que pertenecía al Bandes. No fue nombrado en las acusaciones. Por esta razón, la Fiscalía pidió suspender el proceso civil de la SEC, hasta que termine la investigación penal. Esa investigación sigue.
—¿Entonces los términos de la acusación penal podrían ser modificados?
—Normalmente, en Estados Unidos los casos civiles y penales deben tener un curso paralelo. Ahora, si eres penalista de la defensa y eres inteligente, como no tienes acceso a los casos penales vas a usar el proceso civil para obtener información, pruebas y evidencias a favor de tu cliente. Para evitar esa posibilidad, el fiscal lo que hace es pedir al juez que suspenda el proceso civil. Hay una investigación ampliada. Habrá más acusados e involucrados. Seguro que sí.
Políticamente expuesta. La pesquisa, indicó Díaz, se fundamenta en la información levantada durante los allanamientos a las oficinas de la casa de bolsa y en el contenido de los archivos informáticos que se incautaron en el proceso, las auditorías realizadas a las empresas, registros bancarios, etc. Pero actualmente lo más relevante es la data que puedan aportar los informantes confidenciales reclutados en el Bandes y en la casa de bolsa que manejaba su cuenta en Estados Unidos.
—¿Por qué un banco tan importante para el Gobierno como el Bandes escoge a una empresa de poca tradición como DAP para que manejara sus cuentas?
—DAP no era una casa de bolsa muy reconocida. Eso forma parte de la conspiración: usar una corporación como DAP que tiene licencia y registro, que pasó por la SEC. No es una corporación de maletín. Pero al mismo tiempo hay que preguntarse qué tan exitosa era antes de conspirar con el Bandes. Creo que eso es obvio.
—¿Considera que María de los Ángeles González era una persona políticamente expuesta?
—Se le considera así por la posición que tenía en la institución. Por eso habrá una nueva acusación, reformarán cargos y agregarán acusados. Esto puede depender en este momento del informante. Se irá ampliando la acusación hasta que decida el fiscal.
—¿Cuánto tiempo puede tomar este proceso?
—Todo depende de los términos de la ampliación de la investigación. No sé hasta qué punto será. Llega un momento en que los fiscales consideran que tienen toda la información. Pero luego, como es un banco del Gobierno venezolano, aunque el Departamento de Justicia quiera proceder se entra en un tema político. Tienen que solicitar y recibir aprobación del Departamento de Estado antes de juzgar a personas que pudieran ser políticos de ese país. La última palabra la tendrá el Departamento de Estado. Eso puede tomar otros seis meses. Hablamos entonces de enero de 2014.
—Llama la atención que por un lado se juzga un fraude y por el otro la ejecución de supuestas prácticas corruptas. ¿Qué condiciones se necesitan para que se pueda llevar a cabo una acusación por el último delito?
—Se hace una acusación por el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero porque hubo sobornos. El fraude es porque la casa de bolsa está bajo la supervisión de la SEC. Por eso se inició una acción civil, que es como un amparo para detener las actividades de esa casa de bolsa. Pero también hay un juicio penal independiente. Además, otra acción para que el tribunal embargue y liquide los activos de estas personas. Hay como tres casos distintos.
—Se ha rumorado que el Gobierno estadounidense inició acciones contra Alejandro Andrade, presidente del Bandes para el momento en que entra María de los Ángeles González. Una de ellas sería la cancelación de su visa.
—La información que tengo es que no le han cancelado la visa.
Javier Ognacio Mayorca
