CCD | Busan,. Durante 2015, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluó a 199 países para determinar la eficiencia en la ejecución de las medidas dirigidas a penalizar el financiamiento del terrorismo y la congelación de activos terroristas, que constituyen sanciones financieras específicas y herramientas poderosas contra este delito grave , dado que privan a a los terroristas de los fondos que necesitan para llevar a cabo sus atrocidades. Así lo manifiesta el informe correspondiente a la plenaria del Grupo Intergubernamental realizada recientemente, la última bajo la presidencia coreana de Je-yoon Shin.
Sin embargo, la revisión reveló que muchas jurisdicciones hacen uso insuficiente de estas herramientas. En febrero de 2016, la plenaria del GAFI acordó recopilar información de sus países miembros y observadores en sus procedimientos para presentar solicitudes de congelación de activos. Basado en la información proporcionada por 40 miembros y observadores del GAFI, se adoptó un manual para ayudar a los profesionales en la aplicación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Esta guía, de acuerdo al Grupo intergubernamental, paso a paso ayudará a los involucrados en el desarrollo o la revisión de las solicitudes de congelación de activos nacionales y extranjeros y mejorar la aplicación efectiva de la Recomendación mundial 6 y las sanciones financieras específicas.
El GAFI pone este manual a disposición de los organismos pertinentes jurisdicciones a través de un sitio web seguro y seguirá de cerca su uso, con el fin de mejorar aún más según sea apropiado.
Agrega el organismo intergubernamental que la detección de posibles casos de financiamiento del terrorismo juega un papel importante en la investigación y prevención de ataques violentos. Dada la enorme cantidad de transacciones que se realizan todos los días, puede ser un reto para distinguir las actividades financieras sospechosas de transacciones legítimas.
Para ayudar a los gobiernos y el sector privado a identificar los casos que constituyan abusos terroristas del sistema financiero, el GAFI ha desarrollado indicadores de riesgo relevantes con una considerable aportación de los sectores público y privado. Estos indicadores proporcionan una extensa, aunque no exhaustiva lista de verificación.
El informe explica que los indicadores deben ser utilizados para compartir información contextual entre los sectores público y privado, y puede mejorar los indicadores de riesgo. El informe pone de relieve la importancia del papel de los sectores público y privado en la detección del financiamiento del terrorismo, así como la importancia del intercambio de información eficaz. Para preservar la utilidad de estos indicadores, que no se hacen públicos, pero serán compartidos con las autoridades competentes, que a su vez les permitan difundir a las entidades pertinentes del sector privado.
Además, el GAFI ha comenzado un ejercicio sobre el intercambio de información entre agencias nacionales, que identificará las buenas prácticas, así como las posibles áreas de debilidad y las medidas correctivas correspondientes.
El trabajo futuro sobre la lucha contra la financiación del terrorismo
Desde febrero de 2016 , los líderes mundiales, entre ellos el G7 y el G20, han expresado su apoyo a los esfuerzos del GAFI para ahogar financiamiento del terrorismo y ha pedido a los países a aplicar plena y eficazmente las recomendaciones del GAFI.
Asimismo, los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G-20 pidieron una actualización sobre el trabajo en curso del GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo, incluida la aplicación efectiva de las medidas para tipificarlo como delito y congelar activos de los terroristas. El Pleno debatió el informe al G-20 sobre las acciones que ha llevado a cabo desde febrero de 2016. El informe se presentará al G-20 antes de su reunión de julio de 2016 y se hará público en la página web del GAFI posteriormente.
El GAFI ha examinado cómo sus estándares actuales y las recientes Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en particular las resoluciones 2199 y 2253) se alinean, para verificar que en las normas se incorporan todas las obligaciones de la ONU, en relación con el financiamiento del terrorismo.
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