Para el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup la recuperación de capitales producto de la corrupción no es una quimera, especialmente cuando se cuenta con la colaboración de expertos internacionales que han logrado recuperar ingentes recursos de sus países como pasó en Perú con el caso de Vladimiro Montesino y el empeño de parlamentarios en aprobar un instrumento legal blindado sobre esta materia.
Así lo dio a conocer a su salida del Foro sobre recuperación de bines producto de hechos de corrupción organizado por las comisiones de Contraloría y Política Exterior de la AN, en el cual asistieron importantes invitados internacionales con experiencia en este tipo de transacciones.
Resaltó la importancia de la iniciativa de los parlamentarios y la participación de expertos internacionales para lograr la aprobación de un instrumento legal para la recuperación de capitales producto de la corrupción.
Esta ley sería de extremada relevancia, no solo por el volumen de los capitales saqueados o desaparecidos en Venezuela producto de la corrupción en sus distintas facetas, sino porque también ante una crisis humanitaria es absolutamente indispensable, casi vital para recuperar estas cantidades, apuntó el diputado Ramos Allup.
Es posible – prosiguió- no es una ley quimérica y no como muchos piensan que es una legislación de eficiencia imposible o que es una legislación meramente declarativa. Nos servirán las experiencias de otros países que han logrado afinar instrumentos jurídicos, técnicos y financieros de cooperación internacional, mediante los cuales han recuperado los recursos al patrimonio de esas naciones, recursos producto de la corrupción.
Estima que este es un excelente primer paso para la Comisión de Contraloría, agregando que hay varios proyectos cursantes y seguramente la comisión de Contraloría sacará provecho de todos esos proyectos y conocimientos para incorporarlos a fin de lograr un instrumento- más que declarativo con finalidades políticas –eficiente para recuperar capitales producto de la corrupción.
No quiso dar nombres de los implicados en estos actos de corrupción, recalcando que lo primero es la redacción de la Ley “y luego la persecución de los capitales y, por supuesto, de las personas involucradas en esa sustracción”.
Al ser consultado sobre la fecha de la posible sanción de este instrumento legal, el presidente del Parlamento acotó que este es un primer paso para la iniciativa legal y, a su juicio, lo relevante es poseer una ley que permita repatriar los millones de dólares robados de las arcas de Nación.
En cuanto a la pregunta, cómo se podría aplicar esta normativa en un país dónde los jueces deciden de acuerdo a su tolda política sin importarle la justicia ni el derecho, el diputado Ramos Allup, como abogado en ejercicio que ha estado en la actividad legislativa por muchos años así como haber participado en la redacción de leyes anticorrupción, como la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, sentenció que “no hay ley que esté por encima del Juez que deba aplicarla. Si se tiene una buena ley y existen jueces sinvergüenzas desde el TSJ para abajo, de nada vale una legislación perfecta”.
“Uno de los aspectos fundamentales es establecer una jurisdicción especial con jueces probos, competentes y calificados que apliquen efectivamente la ley. Incluso, la jurisdicción internacional prevé la existencia de organismos supranacionales a los cuales se tienen que adscribir cada uno de los países para lograr la eficiencia en la aplicación de la ley”, aseveró el parlamentario.
