Fueron condenados a 1 año y 6 meses de prisión, dos exoficiales de la Policía Municipal de San Fernando de Apure, Juan Rojas Pérez (29) y Carlos Espinoza Paredes (32), tras admitir haber solicitado una alta suma de dinero a los familiares de dos detenidos para entregarles una motocicleta incautada durante el procedimiento de su aprehensión el 12 de abril del 2016.
Vale recordar que la situación irregular fue denunciada por las víctimas el 15 de abril en la institución.
En la audiencia preliminar, el fiscal 10º de esa jurisdicción, Rafael Gómez, ratificó la acusación contra los exfuncionarios por el delito de concusión, previsto y sancionado en la Ley contra la Corrupción.
Posterior a la admisión del hecho por parte de los hombres, el Tribunal 1° de Control del referido estado dictó la mencionada sentencia condenatoria contra los expolicías regionales, cuya forma de cumplimiento será determinado por un tribunal de ejecución.
De igual manera, Rojas Pérez y Espinoza Paredes quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el tiempo de su condena.
Pase a juicio en Aragua
Por otra parte, en atención a la acusación expuesta por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio para los sargentos segundos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Carlos Acosta (23) y José Guarecuco (24), por su presunta responsabilidad en la extracción de una batería de las máquinas electorales pertenecientes al Consejo Nacional Electoral.
Cabe acotar que tal mercancía se encontraba resguardada en los depósitos de la empresa Uniprint, situada en Turmero, municipio Mariño del estado Aragua.
En la audiencia preliminar, el fiscal 21º de esa jurisdicción, Rolando García, ratificó la acusación contra los militares por los delitos de peculado doloso y agavillamiento, sancionados en la Ley contra la Corrupción y en el Código Penal, respectivamente.
Luego de analizar las pruebas presentadas por el representante de la institución, el Tribunal 2º de Control del citado estado ordenó el enjuiciamiento de Acosta y Guarecuco, quienes se mantienen privados de libertad en el Centro Penitenciario 26 de Julio, en Guárico.
