La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó como preocupante la cantidad de denuncias recibidas por el Ministerio Público, “sobre todo por violaciones a los derechos humanos”, en el marco de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que se lleva a cabo a escala nacional.
Informó que hay un alto índice de funcionarios procesados penalmente por presuntamente atentar contra los derechos fundamentales de las personas, en el marco de dichos operativos de seguridad. Tal es el caso de situaciones reportadas en la Cota 905, parroquia El Paraíso del municipio Libertador, donde se han denunciado destrucciones de viviendas y hurtos por parte de los efectivos actuantes.
Así lo dio a conocer este miércoles 20 de julio, durante el segmento de entrevistas del Noticiero Venevisión, espacio donde destacó que el Ministerio Público investiga la participación de particulares en calidad de funcionarios activos en los procedimientos de la OLP efectuados en la parroquia 23 de Enero y Ciudad Caribia.
En ese sentido, la Fiscal General insistió en la necesidad de implementar planes de prevención para evitar la violencia, pues considera que si se enfrenta con violencia se generan más delitos.
Hizo un llamado a actuar en función de disminuir la incidencia de hechos punibles “de manera que se lleve a la ciudadanía a vivir en armonía y en paz, porque en definitiva eso es lo que quieren los venezolanos”, destacó.
Por otra parte, al ser consultada acerca de informaciones recientes sobre la supuesta fuga de Yonny Bolívar, condenado a prisión por la muerte de la intérprete de señas de Venevisión Adriana Urquiola, Ortega Díaz dijo que el pasado viernes 15 de julio un fiscal con competencia en Protección de Derechos Fundamentales se trasladó hasta el Centro Penitenciario Fénix en Barquisimeto y constató que Bolívar se encontraba detenido en el mismo.
Sin embargo, dijo que este martes 19, el fiscal acudió a dicho centro para realizar una nueva inspección de manera sorpresiva y no le fue permitido el acceso, aun cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como obligación del Ministerio Público verificar las condiciones de reclusión de los privados de libertad.
La Fiscal General elogió la promulgación de la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios: “Tenemos conocimiento de que muchos hechos punibles son gestados desde los centros penitenciarios, a través de teléfonos móviles”, aseguró.
Considera que esta medida va a impactar de forma positiva en la disminución de delitos.
No obstante, lamentó que este sistema no se implemente en cárceles de alta peligrosidad como en la Penitenciaría General de Venezuela y el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.
Balance del Ministerio Público
En relación con las actuaciones practicadas por la institución que dirige, Ortega Díaz informó que durante el primer semestre del año se acusaron 3 mil 932 hombres por violencia de género, mientras que 6 mil 646 fueron imputados. Asimismo, dijo que en ese lapso han ocurrido 75 femicidios en el país, situación que considera alarmante, en contraste con las cifras de 2015 cuando en ese mismo lapso se registraron 57 casos.
Indicó que en materia de drogas, el Ministerio Público ha efectuado un importante trabajo que ha permitido la incautación de más de 30 toneladas de dichas sustancias en lo que va de año. Añadió que hasta finales de junio se presentaron 3 mil 855 acusaciones.
En cuanto a los hechos acaecidos en la población de Tumeremo, estado Bolívar, la Fiscal General afirmó que la institución continúa su labor en ese sector. Actualmente, se está trabajando para ampliar la competencia de la fiscalía municipal ubicada en esa zona, a fin de abordar ciertas problemáticas como es el tema de la minería ilegal, violencia de género, así como delitos ambientales.
En el caso de Papeles de Panamá, informó que fue acusado el empresario Josmel Velásquez Figueroa por la comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir. También fue imputada por los mismos delitos Amelis Figueroa, madre del mencionado empresario y de Adrián Velásquez Figueroa.
Además, se acusó a Jannet Coromoto Almeida, por presuntamente captar clientes en Venezuela en representación del consultorio jurídico panameño Mossack Fonseca.
En ese sentido, explicó que se está trabajando mancomunadamente con la Fiscalía General de Panamá para esclarecer estos hechos, por lo que destacó la importancia de estrechar lazos de cooperación entre las naciones.
Asimismo, dijo que actualmente se observa un constante ataque a escala internacional contra el país en materia de derechos humanos, por lo que indicó que a través de la recién inaugurada Dirección de Asuntos Internacionales se articula con la Cancillería venezolana para informar oportunamente sobre los avances del país en esa materia.
Bajo esa misma temática, Ortega Díaz criticó el hecho de que no se le quiera dar la presidencia pro tempore a Venezuela del Mercado Común del Sur, cuando eso ni siquiera es discutido por consenso porque se traspasa cada seis meses a cada país que integra el bloque regional.
Diálogo por la paz
La Fiscal General considera necesario que haya “voluntad política y deseo de conversar respetando los derechos del otro” para que se dé el diálogo entre representantes del Gobierno y de la oposición venezolana.
“Si no hay ese entendimiento entre las partes y si los discursos se tornan violentos eso permea en la sociedad e impacta negativamente en todos los ámbitos”, afirmó
