Ante la admisión de hechos por parte del exjuez 3° de Control del estado Miranda con sede en Ocumare del Tuy, José Luis Chaparro, y al exalguacil de esa circunscripción judicial Pedro Molina, el Ministerio Público logró que fueran condenados a dos años de prisión por solicitarle 2 mil dólares a un privado de libertad a cambio de librarle la boleta de excarcelación.
El hecho fue denunciado ante la Dirección contra la Corrupción de la institución, el 1° de abril de 2016.
En la audiencia preliminar, los fiscales 50° y auxiliar nacional, Marcos Palacios y Ramón Torres, respectivamente, ratificaron la acusación contra los funcionarios por concusión y agavillamiento en concurso real del delito.
Por tal motivo, el Tribunal 28° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictó la referida sentencia condenatoria, la cual cumplen en el Centro Experimental de Reclusión y Retención Alayón, situado en Aragua y además les ordenó el pago de una multa equivalente al 50% del monto solicitado a la víctima.
Adicionalmente, Chaparro y Molina están inhabilitados para ejercer cargos públicos por un lapso de cinco años.
Chaparro, quien para el momento del hecho se desempeñaba como juez del mencionado tribunal, le solicitó la citada cantidad de divisas a un privado, a cambio de no continuar con el proceso penal y otorgarle la libertad.
En vista de la situación, un familiar del hombre presentó la denuncia ante la citada dirección del Ministerio Público.
Tras diligencias de investigación coordinadas por la Fiscalía 50ª nacional y efectuadas por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Chaparro y Molina fueron aprehendidos el 07 de abril del año en curso en la referida instancia judicial, durante una entrega vigilada de dinero, acordada por el Tribunal 28° de Control del AMC.
Por otro lado, desde septiembre de 2015 la Fiscalía 25ª nacional, a cargo de Pedro Buitriago, lleva una investigación contra Chaparro por presuntamente haberse valido de su cargo para efectuar la venta ilegal de un carro.
La negociación la habría materializado los primeros días de junio de 2015, mes en que la víctima denunció al juez tras haberse percatado de que había sido engañado.
Por lo que durante la misma audiencia, Buitriago ratificó la acusación contra el ahora exjuez por incurrir en los delitos de tráfico de influencias y agavillamiento, relacionados con otra causa que sigue esa dependencia desde el año 2015. Esta causa pasó a fase de juicio.
