El capitán Adrián Velásquez Figueroa, oficial retirado del Ejército venezolano, conocido como Guarapiche, es el esposo de la sargento técnico Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue enfermera del presidente (f) Hugo Chávez, y también dirigió la Oficina Nacional del Tesoro y la secretaría del Fondo de Desarrollo (Fonden), entre 2011 y 2013. Como se relata en el libro “El Gran Saqueo” de Carlos Tablante y Marcos Tarre, ambos defraudaron impunemente los recursos de los venezolanos. En abril de este año, cuando estalla el escándalo de los Papeles Panamá aparecen entre los clientes del bufete panameño Mossack Fonseca, señalado de crear empresas de papel para esconder fortunas en paraísos fiscales.
Un hermano del militar, Josmel Velásquez Figueroa y su madre, Amelis Figueroa, fueron detenidos el 15 de abril de 2016, cuando pretendían salir del país por el Aeropuerto Metropolitano, ubicado en Charallave. Sus bienes y fondos, entre los cuales había certificados de diamantes, fueron congelados.
Además, en una serie de allanamientos que realizaron en propiedades de la familia Velásquez Figueroa, se incautaron carros de lujo, motos de alto cilindraje, cajas vacías de relojes Rolex y joyas.
Posteriormente, el definido como el empresario Josmel Velásquez Figueroa, fue privado de libertad por la comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, por su presunta vinculación con el caso de Papeles de Panamá, mientras que a la madre le otorgaron medidas cautelares,
Lo dejan en libertad
El Tribunal 14 de Control de Caracas debía decidir si admitía o no la acusación que el Ministerio Público presentó contra el hermano del edecán de Chávez; sin embargo, terminó ordenando su excarcelación en medio de una audiencia en la que ocurrieron una serie de irregularidades.
Josmel Velásquez Figueroa, el único detenido por el caso de los Panamá Papers en Venezuela, está de vuelta en las calles desde el pasado viernes, cuando el juez 14 de Control de Caracas, Jorge Timaury, decidió ordenarle a la Dirección de Contrainteligencia Militar que lo excarcelara y le impuso prohibición de salida del país.
El acusado es hermano de Adrián Velásquez Figueroa, quien, según los documentos salidos del bufete panameño Mossack Fonseca, tendría una empresa registrada en las islas Seychelles con un capital de 50 mil dólares, cuentas en bancos suizos y una vivienda en Punta Cana (República Dominicana) cuyo valor oscila entre 400 mil y 1,6 millones de dólares. Además es cuñado de Claudia Díaz, quien fuera una de las enfermeras del desaparecido mandatario y luego Tesorera de la Nación; y cuyo nombre figura igualmente en los famosos papeles.
La decisión la adoptó el juez durante la audiencia preliminar, acto en el cual debía decidir si admitía o no la acusación por legitimación de capitales y asociación para delinquir que los fiscales Ana Hernández, Keyla Solorzano, Marijose Frutillé, Arturo Romero, Ana Enríquez, Luis Verde y José Arreaza interpusieron el 4 de junio pasado contra el aprehendido.
La audiencia, según informaron fuentes judiciales fue tensa y estuvo llena de situaciones inusuales en este tipo de procesos. “El Juez pretendió permitir que los familiares del acusado presenciaran la audiencia, lo cual fue rechazado por los fiscales, quienes recordaron que este es un acto privado y por ello lo recusaron y se retiraron de la sala, pero éste en lugar de inhibirse del caso decidió continuar la audiencia e instantes después emitió una boleta de excarcelación a favor de Velásquez”.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha abierto las puertas para que los jueces puedan decidir ellos las recusaciones que tanto la defensa como la Fiscalía presentan en su contra durante un juicio, en lugar de dejar el asunto en manos de la Corte de Apelaciones, su superior jerárquico, como dicta la lógica y la tradición. Sin embargo, desde el Ministerio Público aseguran que Timaury no podía decidir nada una vez recusado.
La excarcelación de Velásquez fue posible porque Timuary modificó la acusación de los fiscales, suprimiendo los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, por enriquecimiento ilícito, el cual se castiga con menos de ochos de prisión y por lo tanto no implica prisión.
Fuentes; CCD/http://panamapapersvenezuela.com
