Al cumplirse el cuarto aniversario de la tragedia de Amuay, uno de los más graves sucesos ocurridos en la industria petrolera venezolana, donde, según la fuente oficial, perdieron la vida 42 personas, 150 resultaron heridas y 5 fueron registradas como desaparecidas, aún se espera el informe definitivo de Pdvsa y el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre la etición de amparo a las víctimas directas e indirectas, introducida por el Centro de Orientación en Energía (Coener), además de los informes
En un comunicado de prensa enviado por las Juntas directivas de Coener, de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, de la Asociación Civil Gente del Petróleo y del sindicato Unapetrol, estas instituciones ratifican el pesar nacional y manifiestan palabras de solidaridad a los familiares de todos los fallecidos y heridos, así como también a aquellas personas cuyos bienes se vieron afectados por este desastre, al tiempo que manifiestan su preocupación por no obtener respuestas a las interrogantes básicas que surgieron desde el primer día de esta tragedia.
Incluso, una petición de amparo a las víctimas directas e indirectas de la explosión en la Refinería de Amuay, introducida por Coener ante el Tribunal Supremo de Justicia, trece días después de ocurrida la tragedia, aun espera por la debida respuesta de este organismo
Ante la gravedad del hecho y tal como fue oportunamente comunicado a la opinión pública, en aquel momento se imponía que el Gobierno Nacional designara rápidamente un Comité de Investigación independiente, integrado por expertos nacionales e internacionales, en el cual el personal de la Refinería participara únicamente para prestar el soporte requerido para la recopilación de la información pertinente.
Este comité otorgaría un plazo perentorio, para determinar las causas de esta lamentable tragedia, identificar los elementos necesarios para establecer las responsabilidades del caso y emitir sus recomendaciones para evitar la ocurrencia de otra fatalidad similar, acciones que no se ejecutaron en el momento preciso.
Análisis del accidente
Dado que en agosto de 2013 – a un año de ocurrida la tragedia- no se había emitido un informe oficial del accidente por ningún organismo del Estado, Coener por iniciativa propia y con los elementos de información disponibles, presentó a la opinión pública los resultados de su investigación realizada por un equipo de técnicos y especialistas.
Este documento se publicó el 25 de Agosto de 2013 en el blog de COENER http://coener2010.blogspot.com/. En este Informe se presentó el análisis del accidente; sus causas potenciales; su impacto de tipo material, económico y ambiental, para la corporación Pdvsa y el país; las conclusiones que se derivan de la investigación; y un conjunto de recomendaciones orientadas a evitar la recurrencia de accidentes similares en la industria petrolera nacional.
Posteriormente Pdvsa realizó el lunes 09 de Septiembre 2013 una presentación sobre el accidente de la Refinería de Amuay, en la que concluyó que el mismo fue ocasionado por una acción de “sabotaje”, afirmando que “se encontraron aflojados siete de ocho espárragos de la base de la bomba de olefinas P-2601 del Bloque 23”, situación que atribuyeron a una “acción intencional de terceros interesados en provocar una catástrofe” y que prontamente se darían a conocer sus responsables. Esta presentación mostró una serie de datos y eventos análogos a los indicados en los análisis e informe de Coener.
La información presentada por Pdvsa, fue analizada por especialistas que integran el Centro de Orientación en Energía y objetivamente se llegó a la conclusión que el argumento del sabotaje no tenía sustento técnico alguno; por el contrario, este informe reforzaba la tesis que las causas de la fuga de gas, la secuencia de eventos previos a la explosión e incendio, y la lamentable ausencia de los sistemas de alarma, del accionar efectivo del sistema contra incendios y de la aplicación oportuna de adecuados procedimientos de evacuación, fueron consecuencia de serias deficiencias operacionales y de mantenimiento.
Silencio oficial
A pesar de los compromisos anunciados por el Ejecutivo Nacional y por la Fiscalía General de la República desde el mismo momento del evento, a la presente fecha
PDVSA no ha publicado el Informe Definitivo ni ha vuelto a declarar sobre el tema, y los demás entes responsables de este asunto, que se comprometieron a publicar su respectivo informe y en el que debían haberse pronunciado formalmente, como es el caso del Ministerio Público, tampoco lo han hecho.
Esto crea un grave vacío institucional sobre este evento sin que la sociedad venezolana tenga una respuesta clara, veraz y confiable sobre las causas de este accidente que se tradujo en la pérdida de invalorables vidas humanas y cuantiosos daños materiales al patrimonio de los venezolanos, particularmente a la comunidad de Paraguaná, en el estado Falcón. Lo más grave y preocupante es que no se hayan presentado hasta ahora recomendaciones de lo que ha debido y debe hacerse para evitar que vuelvan a ocurrir tragedias de esta magnitud
En riesgo
El lamentable accidente ocurrido en la Refinería de Amuay el 25 de Agosto de 2012, definitivamente no fue un hecho fortuito. La tendencia creciente de paradas no programadas, la extensión de paradas programadas en las refinerías y el recurrente aumento de la accidentalidad en todas las instalaciones industriales de PDVSA, son sin duda alguna consecuencia directa de la decisión de haber despedido en el año 2003 más de 20 mil trabajadores, que desprofesionalizó sus cuadros gerenciales y técnicos, y de convertir posteriormente a PDVSA en un brazo ejecutor de múltiples actividades ajenas al negocio petrolero.
Para superar la crisis de esta corporación, se requiere retomar el modelo de una empresa eficiente, productiva y orientada a la mejora continua de su gestión, concentrada en el negocio de los hidrocarburos, que fue la razón de ser Petróleos de Venezuela, S.A. y la caracterizó en sus primeros veinticinco años.
Ante la ausencia de respuestas y el desconocimiento de esta situación por parte de PDVSA, del Ejecutivo y de los poderes públicos responsables de la fiscalización y de la defensa de los trabajadores y las comunidades circundantes a los centros petroleros, solicitamos a la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional y a la Fiscalía General de la República, acometer las medidas inherentes a sus funciones de contraloría y ejercer las acciones necesarias para que se responda, tal como lo establece la Ley y sus Normas Internas, por el grave accidente ocurrido en la Refinería de Amuay el 24 de agosto de 2012 y en particular se adopten las medidas requeridas para evitar que vuelvan a ocurrir tragedias similares.
Nota de Prensa / El Carabobeño
