La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró este lunes “que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral”, según se lee en la sentencia N° 808 difundida este lunes.
Los magistrados se refieren a la sentencia de la Sala Electoral que suspendió la proclamación de los diputados electos de Amazonas hasta tanto se aclaren las presuntas irregularidades en esos comicios. Como se sabe, el pasado 28 de julio, la directiva de la AN juramentó como diputados a Julio Ygarza, Nirma Guaruya y Romel Guzamana. Luego, el 1° de agosto pasado, la Sala Electoral, declaró en desacato al parlamento e invalidó la referida juramentación de Ygarza, Guaruya y Guzamana.
Ahora los magistrados de la Sala Constitucional, expresan respaldo a las decisiones de sus colegas de la Electoral y dejan plasmado el destino de la actual Asamblea Nacional. Primero declaran “nula de toda nulidad, carente de validez, existencia y eficacia” la reforma a la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las Conexas y Auxiliares a Éstas, sancionada por la AN el 9 de agosto pasado; “por cuanto fue dictada en franco desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República”.
En segundo lugar, advierte la Sala Constitucional que las actuaciones de la AN, desplegadas después que se declararon en rebeldía contra las decisiones del TSJ, generará responsabilidades y sanciones constitucionales, penales, civiles, administrativas, disciplinarias, éticas, políticas y sociales.
Por esa razón remitieron copia de la sentencia al Consejo Moral Repúblicano “en razón de los posibles ilícitos que pudieran haberse cometido y estar cometiéndose” en el parlamento.
También enviaron copia de la sentencia a la Contraloría General y a la Procuraduría General de la República “por los posibles ilícitos contra el patrimonio público y el correcto funcionamiento de la administración pública”. Pero además, le envían copia al Ministerio Público “en razón de los posibles ilícitos penales” en que estarían incursos los diputados de la AN. El Mundo, Economía y Negocios.
