El Ministerio Público logró la medida privativa de libertad para dos mujeres y dos hombres, quienes se habrían hecho pasar por representantes del Consejo Presidencial Campesino, Pescadores y Pescadoras para estafar a más de 2 mil 500 personas con la venta de bolsas de alimentos de la cesta básica.
Por este caso también fueron imputadas otras dos personas por presumirse su vinculación con el hecho
Tal situación fue detectada el 07 de julio del año en curso en las comunidades Altos del Dividivi, Colinas de Chara, Paso Real 2000, Milagro de Dios I y II y José Félix Ribas, ubicadas en Charallave, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda.
En ese sentido, la fiscal 7° del estado Miranda, Elizabeth Carvajal, imputó a Mesolena Rodríguez, Erika Vásquez, Maritza Ramírez, Yoniel Vásquez, Sergio Rodríguez y José Ramón Rodríguez por la presunta comisión del delito de estafa continuada.
Tras evaluar los elementos de convicción expuestos por la fiscal del caso, el Tribunal 5° de Control de Miranda dictó la privativa de libertad contra Mesolena, Erika, Yoniel y Sergio, en el caso de las dos mujeres permanecerán recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, mientras que los dos hombres estarán en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III.
Por su parte, la citada instancia judicial dictó medida cautelar de presentación cada ocho días para Ramírez y arresto domiciliario para José Ramón Rodríguez debido a su avanzada edad.
Adicionalmente, se acordó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de los seis imputados.
La investigación inició el pasado 04 de agosto, luego de que varios afectados presentaran la denuncia ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en la que manifestaron que los hoy imputados se habrían hecho pasar por representantes del referido consejo y durante una asamblea ciudadana les ofrecieron la venta de una bolsa con productos de primera necesidad.
La jornada se llevaría a cabo en las citadas comunidades del municipio Cristóbal Rojas el 07 de julio, por lo que debían depositar con anterioridad la cantidad de 8 mil 500 bolívares en sus cuentas bancarias. Sin embargo, la actividad no se llevó a cabo y tampoco les reintegraron el dinero.
En vista de lo ocurrido, el Ministerio Público solicitó ante el mencionado tribunal de control órdenes de aprehensión contra las seis personas, las cuales se materializaron el pasado 26 de agosto.
