CCD | Quito.- El Fiscal General del Estado de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano. entregó oficialmente el proyecto de creación de una Corte Penal para la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ante el Gobierno ecuatoriano.
|En la imagen, El fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, entrega el proyecto al ministro César Navas. Los acompaña Ernesto Samper, secretario General de la Unasur.
En representación del presidente de Ecuador, Rafael Correa, documento fue recibido por César Navas, ministro Coordinador de Seguridad. “Nuestro compromiso es que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, canalizaremos este proyecto en el marco de las instancias que corresponden a Unasur,, a fin de que sea debatido en el nivel político y diplomático correspondiente”, dijo el ministro Navas.
La entrega se realizó en el segundo día del Encuentro de Fiscales y Procuradores Generales sobre Delincuencia Organizada Transnacional, que se instaló en la sede de Unasur, en Quito, el miércoles 14 de septiembre y finalizó este jueves 15.
Una Corte para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional
“Enfrentar la delincuencia transnacional organizada requiere de una instancia penal supranacional, también organizada”, dijo Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado ecuatoriano.
Precisó que los delitos más graves que afectan a la región Suramericana son los que provienen de la delincuencia organizada transnacional. Por lo que son indispensables los instrumentos que permitan su persecución penal, como la Corte Penal para la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Ese es el criterio común con el que se abrió el debate internacional.
Galo Chiriboga Zambrano manifestó que el proyecto de creación de la Corte fue alimentado durante cinco años de trabajo, en cada uno de los más de 16 encuentros mantenidos para fortalecer la propuesta de creación y el Estatuto
Para Tania Arias, asesora jurídica de la Unasur, la creación de una Corte Penal Suramericana significa una respuesta regional frente a la internacionalización del delito, patologías globales cuyo crecimiento ha sido “más rápido que las políticas y colaboración de los Estados”.
Insistió en que dos son las falencias que han dado paso a la proliferación de las formas delincuenciales organizadas. Estas son la falta de armonía en las legislaciones internacionales y la inexistencia de organismos supranacionales para conocer estos delitos. Precisamente, “estas falencias pretenden ser superadas desde la propuesta de creación de la Corte Penal Suramericana en este espacio de debate”, dijo .
Lautaro Pozo, Canciller ecuatoriano (e) advirtió que enfrentar la transnacionalización del delito es un reto para la Unasur, con el fin de poner fin al narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, entre otros tipos penales que se propone judicializar en la Corte Penal Suramericana.
“Todos estos crímenes están presentes en la región. Frente a este contexto es esta la reunión para coincidir en caminos y métodos efectivos para combatirlos”, manifestó el Canciller (e).
La propuesta ecuatoriana
Los delitos del crimen organizado que se conocerán en la Corte son nueve: Trata de personas, soborno, lavado de activos, tráfico ilegal de migrantes, narcotráfico, tráfico de bienes culturales, tráfico de armas, ciberdelitos, falsificación de medicamentos y los delitos conexos de cada uno de estos tipos penales.
El objetivo es que sean judicializados con una normativa legal común a todos los integrantes de esta Corte Penal transnacional, mecanismo que comulgará con las normativas de cada país.
Esta instancia de derecho internacional estará conformada por 12 magistradas y magistrados de los Estados parte. Serán electos por un Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur selección que se realizará de una lista de candidatos propuesta por los países que integren el organismo regional.
Cada Estado podrá presentar tres candidatos y un comité de elecciones de la Unión verificará los requisitos. Además, los órganos de la Corte son cuatro: Presidencia, Secretaría General y Fiscalía regional.
La jurisdicción de la Corte Penal Suramericana será complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. Es decir, tiene competencia para procesar penalmente los delitos establecidos en el Estatuto siempre que cumplan con los dos elementos: organización y transnacionalidad.
En el Estatuto se propone que la pena máxima que se puede imponer desde la Corte es de 30 años y se garantiza la persecución penal eficaz de los delitos al destacar la figura de la responsabilidad del superior en la estructura delincuencial transnacional.
Asimismo, no se reconocerá la inmunidad de personas que tengan o haya tenido cargos relevantes en el ámbito político, estatal o militar, financiero industrial o económico en los Estados que conforman la Corte.
Fuente: Notas de prensa de la Fiscalía del Estado de Ecuador
