CCD.- El pasado 1º de noviembre tuvo lugar en Ginebra la sesión del Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela. En la misma 103 países tomaron la palabra para realizar preguntas y recomendaciones en materia de derechos humanos a la delegación venezolana.
Debido a las reglas del EPU, dada la cantidad de países interesados en intervenir, cada uno de ellos contó con apenas un minuto y diez segundos de participación, por lo que no hubo oportunidad de profundizar en casos específicos ni de elaborar argumentos, sino que debieron limitarse a resaltar aquellos temas que resultaban más importantes a los ojos de cada país.
En este contexto, 20 países mostraron su preocupación por la falta de independencia de los poderes del Estado en nuestro país y doce de ellos hicieron referencia explícita a la necesidad de tomar medidas en favor de la independencia judicial; incluyendo a delegaciones con orígenes culturales, geográficos y de posturas políticas tan disímiles como Namibia, Corea del Sur, Brasil y Francia.
La delegación de los Países Bajos (Holanda) fue incluso más precisa al recomendar asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales eliminando la provisionalidad. De modo similar, la representación israelí expresó preocupación por la falta de acceso a la justicia en nuestro país y Guatemala recomendó garantizar la autonomía e imparcialidad del sistema de justicia.
Otro tema recurrente fue la solicitud de aceptar las visitas pendientes de representantes de procedimientos especiales de la ONU, ya que según datos de la misma organización durante los años 2015 y 2016 Venezuela ha rechazado la visita de 10 relatores especiales, y la última visita de expertos a nuestro país fue en 1996. Uruguay fue un poco más allá, sugiriendo que se valore la posibilidad de “extender una invitación abierta y permanente a los órganos regionales e internacionales de protección de derechos”; el Reino Unido instó a que se invitara a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a efectuar un viaje oficial a Venezuela en noviembre de 2017.
Parece claro entonces que, pese a que el Estado venezolano ignoró completamente el tema en su reporte nacional, existe preocupación de la comunidad internacional por el estado actual de la justicia en nuestro país.
Esto lo confirma el hecho que también los estados hicieron referencia al respeto a la libertad de expresión, la liberación de los presos políticos, el control de la impunidad y el cese de las detenciones arbitrarias. Es evidente que todos estos problemas están íntimamente ligados a la inexistencia de un Poder Judicial independiente e imparcial, y en ese sentido terminan siendo evidencia adicional del estado de la Justicia en nuestro país.
Finalmente, y aunque no esté directamente relacionado con la Justicia, vale la pena destacar que un grupo importante de países pidió al gobierno mostrar qué está haciendo para resolver la escasez y el desabastecimiento de productos, tanto a nivel de alimentos como de medicinas. Canadá, además, pidió la eliminación del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), denunciado por Provea como una “razzia de pobres”.
A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno por evitar el tema de la independencia del Poder Judicial, las recomendaciones que recibió en el EPU muestran que la preocupación sobre este tema ha crecido fuera de nuestras fronteras, confirmando que el problema realmente existe y que no es una mentira o un intento deliberado de atacarlo políticamente.
Ahora el Estado (representado por el gobierno en estas instancias) deberá decidir qué recomendaciones acepta y cuáles “anota”. La historia reciente en esta materia, lamentablemente, no permite tener muchas expectativas ya que en la edición pasada del EPU todas las recomendaciones relativas a la Justicia fueron rechazadas (figura que existía en ese momento, ahora se “anotan” las que no se aceptan).
Fuente: Acceso a la Justicia
