CCD.– El derecho a veto en el terreno de la fiscalidad está llevando a la Unión Europea a rebajar la ambición del proyecto para crear una lista negra europea de paraísos fiscales. La clasificación podría dejar fuera a muchos de los países, jurisdicciones y prácticas relacionadas con los llamados Papeles de Panamá, el detonante del último intento de la Comisión Europea de castigar la elusión y la evasión fiscal.
La aplicación de un tipo cero en el impuesto de sociedades será un indicador pero no un criterio para determinar qué es un paraíso fiscal, acordaron ayer los ministros europeos de Finanzas de los Veintiocho.
Londres se ha movilizado desde primera hora para evitar que los criterios de la futura lista europea les penalizaran considerando un criterio determinante la imposición de tipos cero o la facilitación de estructuras offshore, como defendían por ejemplo España, Alemania y Francia. Holanda, Luxemburgo e Irlanda , entre otros, han respaldado la posición británica y este tipo de prácticas se considerará simplemente un indicador.
Para elaborar la futura lista, la UE se fijará en el nivel de transparencia fiscal, el grado de justicia de su política impositiva y la aplicación de medidas para evitar la erosión de la base impositiva o prácticas de transferencia de beneficios. La clasificación orientativa publicada por la Comisión Europea en septiembre incluía un total de 81 países, entre ellos las Bahamas o las islas Caimán pero también territorios dependientes del Reino Unido, como la isla de Man o Jersey.
“La UE se lava las manos en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal –denunció ayer Oxfam–; cuantos mayores sean los privilegios fiscales sobre las grandes empresas, mayor será el esfuerzo fiscal que se exija a los ciudadanos”. “Es grotesco que algunos estados miembros consideren el criterio del tipo cero como demasiado estricto, así hasta las Bahamas van a quedar fuera de la lista”, protestó el eurodiputado verde alemán Fabio De Masi, miembro de la comisión sobre los papeles de Panamá.
Los problemas están también en casa: las multinacionales implicadas en ese escándalo contaron con la complicidad de entidades financieras con sede en la UE y los agujeros legales siguen dando pie a agresivas técnicas de planificación fiscal. Un informe publicado ayer por los Verdes en el Parlamento Europeo denuncia que la química alemana Basf se ha ahorrado 923 millones de euros entre el 2010 y el 2014 gracias a las estructuras fiscales creadas en Holanda, Bélgica, Malta y Suiza.
Fuente: La Vanguardia
