CCD.- El Ministerio Público de Panamá pidió una alerta roja a la Interpol para conseguir la detención de los exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific Iván Clarke y West Valdés, investigados en el caso de la concesión irregular de un préstamo de 9 millones de dólares de la estatal Caja de Ahorros.
Así lo informó hoy el secretario general de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Rolando Rodríguez, quien dijo que Clarke y Valdés han sido acusados por el delito contra la administración pública dentro de esta investigación.
Rodríguez señaló en declaraciones al canal TVN que la solicitud de alerta roja fue «comunicada formalmente en el día de hoy» a la oficina de Interpol Panamá, en virtud de que se tiene información de que ambos se encuentran fuera del país.
El secretario de la PGN añadió que la petición a la Interpol se dio luego de que el pasado 7 de noviembre la fiscal primera anticorrupción del Ministerio Público (MP), Tania Sterling, ordenase la conducción de los dos exdirectivos de Financial Pacífic (FP).
Añadió que hay otras personas, que no identificó, con «autoría y participación» dentro del mismo caso que no están en el país y sobre las cuales también se ha girado la alerta roja.
El MP abrió un expediente a la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) de 2009 a 2014 por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio del banco estatal.
El préstamo concedido iba destinado a la construcción de un centro de convenciones en la capital, adjudicado en 2012 al consorcio HPC-Contratas-P&V, ligado al exvicepresidente Felipe «Pipo» Virzi (1994-1999) y a allegados del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones del MP, los empresarios del consorcio pidieron que la línea de crédito fuera entregada a distintas empresas que no estaban relacionadas con la obra y que luego saldaron sus compromisos con el banco.
El pasado 18 de octubre la Fiscalía indicó que acusaría a todos los miembros de la junta directiva en el período investigado, entre seis y nueve personas, de las que una parte tiene medidas cautelares en libertad.
Dentro de la pesquisa, según Rodríguez, se determinó que los directivos aprobaron el crédito con una «urgencia sospechosa», el 31 de diciembre de 2012, sin la formalidad que exigen los procedimientos del banco, pero que ahora nadie recuerda el acta que contiene la decisión.
La defensa de los implicados ha argumentado que como el crédito ya fue cancelado por las empresas que lo recibieron, no tiene sentido la investigación.
Fuente: EFE
