CCD.- La Justicia argentina confirmó este viernes el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández en el caso del “Dólar futuro” que involucra al Banco Central (BCRA). La causa investiga la venta de contratos futuros de dólar al final del Gobierno de la exmandataria, informaron fuentes judiciales.
Según la resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), hay “pruebas suficientes” para sostener que Fernández y Axel Kicillof “tomaron parte central en la decisión de dar curso a la maniobra de defraudación contra el patrimonio del BCRA“. Kicillof fue exministro de Economía de la Nación y actualmente es diputado.
La sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, también ratificó el embargo por 15 millones de pesos (unos 970.000 dólares) y los procesamientos de otros 14 acusados. La investigación apunta a que, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado de la venta de dólares a futuro, se registraron millonarias pérdidas para la entidad bancaria.
La causa contra la exmandataria se abrió a raíz de una denuncia realizada en octubre de 2015 por diputados del actual frente gobernante Cambiemos, en ese momento miembros de la oposición. Los legisladores sostuvieron que el Banco Central vendió contratos de dólar futuro por unos 16.000 millones de dólares “a sabiendas de que una mínima fluctuación negativa de la moneda nacional frente al dólar sometería a la autoridad monetaria a un riesgo sin precedentes“.
Este viernes la Cámara Federal consideró importante que el hecho no fue una práctica diaria en el organismo, sino que fue una decisión que comprometió extraordinarias sumas de dinero del Estado. A su juicio, el accionar responde a una línea que las máximas autoridades del Ejecutivo venían imponiendo. “Kirchner y Kicillof conocieron, con relación de inmediatez, la puesta en marcha y las consecuencias que tendría la maniobra“, por lo que, “por pura lógica”, aquella respondió “a una indicación previa de su parte”, señaló el texto de la resolución, en la que se indica que las responsabilidades penales “seguirán siendo materia de discusión”.
Fuente: EFE
