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Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) alcanzaron hoy un acuerdo para reforzar la Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una propuesta que Bruselas impulsó como respuesta a los atentados terroristas en Europa y a las revelaciones de los denominados «Papeles de Panamá».
Los principales cambios en la directiva incluyen un aumento del control sobre tarjetas de prepago y monedas virtuales.
Asimismo, los plataformas de cambio y proveedores de servicios de monedas virtuales tendrán que aplicar controles a sus consumidores para acabar con el anonimato en este tipo de intercambios.
Por otra parte, las autoridades financieras de los diferentes países tendrán acceso a registros centralizados de bancos y cuentas para identificar a sus titulares.
También podrán acceder a los registros sobre los beneficiarios de las empresas europeas -aquellos que independientemente de ser titulares o no de las mismas son sus propietarios reales-, mientras tengan «intereses legítimos», cuestión criticada por algunas autoridades y expertos que sostienen que la información debería ser de libre acceso al público.
Se reforzarán los controles sobre los flujos financieros con terceros países, en concreto con aquellos incluidos en la lista europea de jurisdicciones con «deficiencias» en sus sistemas contra el blanqueo de dinero.
La propuesta tiene ahora que ser negociada con el Parlamento para aprobar el texto definitivo y, solo cuando éste reciba el visto bueno final de una mayoría cualificada de países, las capitales tendrán después un año para aplicarlo.
El comité de representantes permanentes de la Unión (Coreper) aprobó hoy la posición del Consejo -los países- de cara a la negociación con la Eurocámara, que aún debe dar su visto bueno para que puedan aplicarse las nuevas normas.
Las modificaciones en la directiva tienen por objetivo evitar que se utilice el sistema financiero para actividades criminales, así como reforzar las reglas de transparencia para prevenir la ocultación de fondos a gran escala.
«A raíz del aluvión de ataques terroristas en Europa, busca equilibrar la necesidad de más seguridad con la necesidad de proteger los derechos fundamentales y las libertades económicas», afirmó el Consejo en un comunicado.
Las preocupaciones de algunos países sobre la protección de datos en este sistema impidió que se alcanzase un acuerdo en la última reunión de ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho a principios de diciembre.
Finalmente, los Veintiocho han acordado permitir el acceso público a estos registros cuando haya «un interés legítimo» para todo tipo de compañías, «lo que supone una mejora sobre las normas actuales en lo que se refiere a los fideicomisos que no tienen un objetivo empresarial», según el Consejo.
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Fuente: EFE
