CCD | Los tribunales cercan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dos días después de que un juez la procesara por corrupción, un juzgado federal ha ordenado la reapertura de la investigación iniciada por el fiscal Alberto Nisman, quién acusó a Kirchner de montar «un sofisticado plan delictivo» para encubrir a los autores iraníes del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que en 1994 mató a 85 personas en Buenos Aires. Nisman presentó el 14 de enero de 2015 una denuncia contra la expresidenta, su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, un diputado kirchnerista y otros dos otros dirigentes políticos sin cargo. Pero cuatro días después, y uno antes de presentar su informe ante el Congreso, apareció muerto en el baño de su casa con un disparo en la cabeza. Su denuncia contra Kirchner fue archivada «por falta de pruebas» y aún hoy no se sabe si se suicidió o fue asesinado.
El Gobierno de Fernández de Kirchner firmó en 2013 un acuerdo con Irán para que cinco funcionarios y exfuncionarios de ese país procesados por la causa AMIA declarasen en su territorio, en lugar de comparecer ante los tribunales de Argentina. Nisman denunció que ese pacto se firmó a cambio de convenios comerciales y de que Buenos Aires retirara la orden a Interpol para la captura de los procesados. El juez Daniel Rafecas rechazó dos veces la acusación de Nisman porque ni los acuerdos comerciales ni la petición a Interpol se concretaron y no había pruebas de delito. La Cámara Federal de Casación Penal consideró ahora, en un fallo de casi 250 páginas, que «los hechos denunciados no permiten descartar de plano la posible comisión de ilícitos, debiendo ponderarse elementos de prueba previamente para su desestimación». También apartó a Rafecas del expediente.
En mayo pasado, la justicia declaró inconstitucional el memorándum con Irán y las organizaciones judías pidieron, una vez más, que las pruebas de Nisman contra Kirchner sean investigadas. Eso es lo que han decidido ahora los tres jueces de la Cámara. “Es como un volver a empezar. Estamos como en el día previo a la muerte de Nisman, es un principio para que empiece de una vez la investigación que pidió el fiscal. No importan los imputados, sino la denuncia. Veremos ahora que pruebas tenía Nisman de acuerdo al delito que había denunciado”, dijo el secretario general de la Delegación de Asociaciones Israelitas (DAIA), Santiago Kaplun, al canal de noticias TN. “Otros jueces desestimaron las pruebas y ahora uno nuevo tendrá que investigar. No es nada extraordinario: un fiscal ofreció pruebas y lo que pedíamos era que se investigue esas pruebas para después determinar si hubo o no delito”, agregó.
Kirchner siempre negó cualquier posibilidad de encubrimiento. Su argumento ha sido que una decisión de Estado, como puede ser un acuerdo bilateral entre gobiernos, no es materia de análisis penal. Mucho menos que se considere a los ministros como parte de una banda destinada a ocultar pruebas. En septiembre de 2015, en el que fue su último discurso ante la Asamblea General de la ONU, Kirchner defendió el acuerdo con Irán. «El objetivo», dijo, «fue la lucha contra el terrorismo y la memoria, la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares». Pero el trabajo de Nisman durante 11 años al frente de la causa AMIA y la presentación que preparó contra Kirchner por presunto encubrimiento nunca disiparon la sombra que acompañó a aquel texto. Se mezclaban las circunstancias oscuras de su muerte y la relevancia política de los implicados en su investigación.
El Gobierno de Kirchner no supo en un principio que posición tomar. Defendió la hipótesis del suicidio, luego habló de un posible asesinato derivado de una interna en los servicios de Inteligencia y, finalmente, volvió a la posibilidad de un suicidio. Los peritos de la causa, en tanto, no pudieron confirmar que Nisman se haya disparado en la cabeza, pero admitieron que tampoco encontraron pruebas que apuntaran a la presencia de otra persona en el piso del fiscal en el momento de su muerte.
La causa pasó de juzgado en juzgado, sin resultados. La investigación sobre la muerte del fiscal nunca pudo despegarse de la dimensión política del caso. Por eso la llegada de Mauricio Macri al poder supuso un vuelco completo. El Gobierno, convencido de que Nisman no se suicidó, impulsó la investigación. Macri ordenó apenas llegó a la Casa Rosada desclasificar todos los documentos relacionados con el caso y liberó a los espías argentinos de guardar secreto. Paralela a esta investigación nunca cesaron los pedidos de las organizaciones judías para que un juez tome la denuncia por encubrimiento en el atentado contra la AMIA, un ataque que no tiene detenidos. Ahora tendrán una oportunidad.
Un atentado impune, 22 años después
Han pasado más de 22 años desde el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que causó 85 muertos y centenares de heridos, pero el crimen sigue impune y hay causas paralelas abiertas por encubrimiento que involucran a las máximas autoridades del Estado.
El 18 de julio de 1994 un coche bomba estalló en la puerta de esta mutual situada en un populoso barrio de Buenos Aires. Fue el segundo ataque terrorista contra intereses judíos en poco más de dos años: en marzo de 1992, un atentado contra la embajada de Israel en la capital argentina provocó 29 víctimas mortales y casi 300 heridos.
Un primer juicio que investigaba la conexión local del atentado contra la AMIA fue declarado nulo al comprobarse que el principal acusado, Carlos Alberto Telleldín, fue sobornado para sembrar pistas falsas. Como consecuencia, el juez de esa causa y el expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) están siendo juzgados sospechados de desviar la investigación.
La Justicia argentina acusó como supuestos autores ideológicos y materiales a cinco exaltos funcionarios iraníes y solicitó su extradición para que sean juzgados en Argentina, algo que Teherán nunca aceptó. En 2014 el fiscal Alberto Nisman denunció a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de proteger a esos imputados. La Justicia investigará ahora esa acusación.
Fuente: El País
