CCD | La fiscalía de Andorra ha solicitado penas de 192 años de prisión para los 24 procesados por el lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (BPA), además de demandar el pago de multas conjuntas que llegarían a los 900 millones de euros. La mayor petición individual recae sobre el ex consejero delegado del BPA, Joan Pau Miquel, para quien el fiscal general, Alfons Alberca, exige una pena de prisión de ocho años y una multa de 100 millones de euros, señala la prensa de Andorra.
Le sigue el ex director adjunto, Santiago de Rosselló, para quien también solicita la misma condena de prisión y una multa rebajada a 70 millones de euros. Para el resto de los 22 imputados, las penas oscilas de cinco a siete años de prisión, y el monto de las multas van en relación al dinero que la fiscalía considera que ha sido blanqueado por cada acusado.
Además, el ministerio público incluye penas de diez años de inhabilitación para todos los procesados, y la expulsión del Principado por 20 años para 13 de los imputados que no han nacido en Andorra. La solicitud de la fiscalía, según medios andorranos, ha sorprendido a las partes, porque el Tribunal de Corts todavía se encuentra en una fase de revisión de la solicitud de pruebas, y aún tiene que resolver diversas diligencias reclamadas por las defensas.
Los dos mayores accionistas del BPA, Ramon e Higini Cierco, no fueron imputados en la causa del blanqueo de dinero por falta de pruebas. Sin embargo, esto no evitó que reaparecieran en las listas de los observatorios internacionales de riesgo Dow Jones Risk & Complice y Thomson Reuters World-Check Data.
Técnicamente, la aparición en estos listados no acarrea penalizaciones legales ni anticipan decisiones de los tribunales, son informaciones prácticas, y en el caso de los hermanos Cierco, se debe a que han tenido que pasar por los juzgados andorranos para dar explicaciones sobre el blanqueo de dinero en la entidad bancaria.
Fuente: Altaveudigital
